Algunos efectos perversos del silencio administrativo

Esta semana hemos tenido noticia de nuevos datos comparativos de la Justicia en España en relación con otros países de nuestro entorno. Así, según el Cuadro de Indicadores de Justicia de la UE 2014: Hacia sistemas de justicia más eficaz en la UE, que acaba de publicar la Comisión Europea, España figura a la cola en materia de inversión en la Justicia y de número de jueces y a la cabeza de los Estados de la UE en número de casos judiciales pendientes de sentencia.

Probablemente sea el colapso que padecen muchos juzgados el que dé lugar a situaciones como la que queremos dar cuenta aquí, en estas breves líneas. Se trata de los efectos perversos que, en ocasiones, se atribuye al silencio administrativo en ciertos pronunciamientos judiciales.

Resulta incuestionable el deber legal de resolver que asiste a la Administración pero también es una realidad constatable que muchas Administraciones se ven literalmente colapsadas –casi tanto como algunos juzgados- como consecuencia de la necesidad de atender en plazo todo tipo de reclamaciones, de sus propios empleados o de terceros; siendo preciso destinar a este menester una parte sustancial de sus medios –que son escasos en muchas ocasiones-; lo que llega a convertirlas en un fin en sí mismo antes que un medio o instrumento al servicio de la ciudadanía.

Pues bien, a partir de esta situación no es extraño ver Sentencias que, haciendo una aplicación “sui generis” de los efectos del silencio administrativo, terminan con una condena a la Administración ante la que se presentó determinada solicitud o reclamación de cantidad, por conceptos varios, como intereses por la ejecución de un contrato; abono de cantidad por realización de funciones de superior categoría; petición de revisión del precio de un contrato, entre otras.

Este tipo de recursos contencioso-administrativos frente a la denegación presunta de determinada reclamación de cantidad da lugar en ciertos casos a Sentencias en las que el juzgador aplica los efectos estimatorios a la petición que se realizó en sede administrativa, invocando lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre:

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario.

 Llegados a este punto, no está demás dedicar unas líneas a denunciar la inadecuada aplicación de la norma que se hace en estos casos, mediante la traslación de los efectos positivos del silencio administrativo en los “procedimientos” iniciados a instancia de parte, a las simples solicitudes o peticiones, que tienen un tratamiento diferente, como ha declarado, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 28 febrero 2007, (RJ 2007\4846).

La anterior Sentencia resulta especialmente clarificadora a la hora de deslindar el ámbito al que debe extenderse los efectos positivos del silencio administrativo previsto en el artículo 43, a partir de la diferenciación entre “solicitudes” y “procedimientos”; evitando así que esta confusión dé lugar, como decimos, a pronunciamientos judiciales erróneos frente a los que, con la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no cabe recurso alguno por razón de su cuantía:

 “(…) El artículo 43 LRJ-PAC ( RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246)  , en cambio, no se refiere a solicitudes sino a procedimientos. Es verdad que su párrafo 2 dice que los interesados podrán entender estimadas sus solicitudes, pero se trata de solicitudes insertadas en determinados procedimientos. Procedimientos que resultan de la aplicación de las correspondientes normas legales a las solicitudes presentadas por los interesados. Y esto que cabía mantenerlo en la redacción de la LRJ-PAC anterior a la modificación aprobada por la Ley 4/1999 de 13-I ( RCL 1999, 114, 329)  , es aún más patente después de esta Ley. Antes de la Ley 4/1999, porque el artículo 43 contenía tres supuestos de silencio positivo que remitían a procedimientos más o menos formalizados; los dos primeros sin duda alguna (concesión de licencias o autorización de instalación, traslado o ampliación de empresas y centros de trabajo y solicitudes que habilitaran al solicitante para el ejercicio de derechos preexistentes), pero también el tercero, «solicitudes en cuya normativa de aplicación no se establezca que quedaran desestimadas si no recae resolución expresa», porque esa normativa de aplicación no podía ser otra sino la normativa reguladora del específico procedimiento en cuestión.

Puede verse aquí la fundamental precisión anterior, que deja fuera del ámbito de aplicación de la norma la simple solicitud, descontextualizada de cualquier tipo de procedimiento de los previstos en las normas legales.

Y continúa el Supremo aclarándonos que no procede aplicar el régimen del silencio administrativo a cualquier petición o solicitud, por disparatada o descabellada que pueda resultar:

 (…) Claramente se ve que en la mente del legislador estaba el aplicar el régimen de silencio positivo no a cualquier pretensión, por descabellada que fuera, sino a una petición que tuviera entidad suficiente para ser considerada integrante de un determinado procedimiento administrativo. Y así resulta de la Disposición Adicional 3ª LRJ-PAC que manda adecuar los procedimientos existentes a la nueva regulación de la LRJ-PAC, y tras esa previsión se publican varios R.R.DD de adecuación, hasta llegar a la resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Publica de 20-III-96 que publica la relación de procedimientos de la Administración General del Estado.

(…) La Exposición de Motivos de la Ley 4/1999 parte de esa relación de procedimientos, porque se refiere a los aproximadamente 2000 procedimientos existentes en la actualidad. El escenario que contempla el legislador para regular el sentido del silencio no es un escenario de peticiones indiscriminadas a la Administración sino de peticiones que pueden reconducirse a alguno de los procedimientos detectados e individualizados.

(…) Para el legislador de 1999, como también para el de 1992, sólo cabe aplicar la ficción del silencio que establece la LRJ-PAC para los procedimientos regulados como tales por una norma jurídica. A diferencia de la LPA que aplicaba el silencio negativo a las peticiones, cualesquiera que estas fueren.

La LRJ-PAC establece como regla el silencio positivo, pero parte de que esa ficción legal se aplica a procedimientos predeterminados, como resulta de lo más atrás expuesto y también del art. 42.2 que, cuando habla de la obligación de resolver, advierte que ha de resolverse en el plazo «fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento», ha de haber un procedimiento derivado específicamente de una norma fija, y del 42.5, que manda a las Administraciones Publicas que publiquen y mantengan actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo.

El silencio regulado en los artículo 43 y 44 sólo opera en el marco de alguno de los procedimientos reconocidos como tales en el ordenamiento jurídico, estén o no estén recogidos como tales en las normas reglamentarias de delimitación de procedimiento.

Esta doctrina jurisprudencial es trasladable, como decimos, a multitud de supuestos en los que se formula por parte de los interesados o administrados concretas reclamaciones sin que, la falta de resolución expresa tenga, como precisa el Supremo, los efectos estimatorios que muchas veces se pretende por los recurrentes y, algunas, termina resultando plasmada en el Fallo judicial de manera desacertada, sin posibilidad de recurso alguno. En todos estos supuestos no nos encontramos ante un “procedimiento autónomo” iniciado por el interesado, sino ante un incidente, si se quiere, que se encuadra en un procedimiento regulado por una norma jurídica. De ahí que no quepa a extender a estos casos los efectos positivos del silencio administrativo.

Ciertamente, no es una noticia gratificante que se haya producido una caída de 90 euros por habitante en 2010, a 25 euros por habitante en 2012 en el presupuesto destinado a Justicia; pero entendemos que tampoco cabe acudir eternamente al mantra de la falta de recursos de la Justicia para justificar ciertos aspectos de su funcionamiento.

La Reforma Local (IV): Las Aclaraciones del MHAP

La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha publicado una nota explicativa sobre la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, tal  como había anunciado en los foros en donde se viene debatiendo la nueva ley desde su entrada en vigor.

Es de destacar lo extenso de la nota explicativa, un total de 28 páginas en el documento que aparece en la web del Ministerio con fecha 5 de marzo de 2014, poniendo de manifiesto el gran número de dudas que ha generado la ciada Ley 27/2013 en todos y cada uno de los ámbitos que han sido abordados por ella.

En esta entrada expondremos algunas de las cuestiones que hemos entendido más relevantes y que pueden considerarse, a nuestro criterio, verdaderas aclaraciones sobre los aspectos contemplados en la ley.

A)     Competencias distintas de las propias

La nota elaborada por el Ministerio señala como una contestación a una de las preguntas sobre las denominadas competencias distintas de las propias que ya se vinieran ejerciendo por parte de las Entidades Locales, que deben ser objeto de valoración en los términos del propio artículo 7.4 de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) y que la valoración de esas competencias, en lo que respecta a su sostenibilidad financiera, corresponde a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

B)     Aportaciones patrimoniales a entidades públicas o sociedad mercantiles

Un aspecto abordado con el documento elaborado por el Ministerio es el relativo a la prohibición establecida a través de la modificación de la disposición adicional novena de la LBRL con respecto a las aportaciones patrimoniales a entidades públicas empresariales o a sociedades mercantiles locales, aclarando que dichas aportaciones patrimoniales prohibidas son las que tienen su reflejo en el concepto 850 de la estructura presupuestaria municipal, es decir, las derivadas de adquisición de acciones o de participaciones. En consecuencia cabe concluir que no entran en esta prohibición las subvenciones de explotación o aportaciones para el funcionamiento de estas entidades públicas o sociedades locales.

C)      Personal propio de los Consorcios

La modificación de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, introducida por la Disposición final segunda de la Ley 27/2013, señalaba que el personal al servicio de los consorcios sólo podrá ser funcionario o laboral procedente exclusivamente de una reasignación de puestos de alguna de las administraciones participantes, aclarándose en la nota del Ministerio que con ocasión de la adaptación de los estatutos con la finalidad, entre otras, para que el consorcio quede adscrito a una de esas administraciones, el personal propio de esos Consorcios ya existente también quedará adscrito a esa misma administración.

D)    Límites de la dedicación parcial

A pesar de no venir nada regulado al respecto en el artículo 75 bis de la LBRL, ni en la disposición adicional nonagésima que ha sido añadida posteriormente a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, el Ministerio interpreta en la nota emitida que los cargos de municipios con población igual o superior a 1.000 habitantes que desempeñen sus tareas con dedicación parcial, también deberán ajustar su retribución en la proporción de un 25 %, 50 % o 75 %, según corresponda al grado de dedicación existente, sobre los límites máximos establecidos para los cargos con dedicación plena.

E)      La disposición transitoria décima en los municipios de menos de 1.000 habitantes

Con respecto a las limitaciones sobre retribuciones, número de cargos públicos con dedicación exclusiva y personal eventual en los municipios de menos de 1.000 habitantes, el Ministerio considera que aquellos que cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y periodo medio de pago a proveedores, mantendrán la situación existente anterior a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, pudiendo aplicar la excepción a esas limitaciones señaladas por la disposición transitoria décima de la citada ley.

F)      Referencias para considerar la base de cálculo del periodo medio de pago

Una referencia de las que se puede considerar de utilidad en la nota elaborada por el Ministerio es la aclaración que realizan con respecto al cálculo del periodo medio de pago, que en su caso permitirá a los Ayuntamientos acogerse a la excepcionalidad que habilita la disposición transitoria décima sobre las limitaciones que impone la modificación de la LBRL sobre retribuciones, número de cargos públicos con dedicación exclusiva y personal eventual.

A este respecto el Ministerio señala que no es posible excluir del cálculo sobre el periodo medio de pago aquellas obligaciones que se encuentren en situación de pendiente de pago por incumplimiento de los compromisos financieros que hayan sido adquiridos frente al Ayuntamiento por parte de una Comunidad Autónoma, justificando este criterio por los mecanismos de pago a proveedores que se han desarrollado y que en su caso habrían permitido corregir esta situación al Ayuntamiento en cuestión.

G)     Los derechos de difícil recaudación

Tal y como habíamos señalado en nuestra anterior entrada, los nuevos criterios de dudoso cobro establecidos por el nuevo artículo 193 bis del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, no realizan distinción sobre la naturaleza y situación de los saldos sobre los que deben aplicarse esos criterios, lo que puede conllevar una minoración excesiva en esos saldos.

Esta situación ha sido abordada en la nota informativa del Ministerio, ya que en ella se indica que la base de cálculo a tener en cuenta para aplicar los porcentajes de dudoso cobro señalados ahora por la norma, debe considerarse la naturaleza de los saldos deudores y por tanto no se tendrán que incluir en dicha base los derechos que conceptualmente no pueden considerarse de difícil o imposible recaudación, como es el caso de los que se derivan de compromisos de pago de otras administraciones públicas, o en los que exista alguna garantía que se puede ejecutar en caso del incumplimiento del deudor.

H)     Funcionarios de habilitación nacional

En cuanto a creación, clasificación y supresión de puestos reservados a los Funcionarios de Habilitación Nacional  – artículo 92 bis y DT 7ª -   “revive” la normativa del RD 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo, al haber quedado derogada la Disposición Adicional 2ª del Estatuto Básico del Empleado Público;  y en relación a la declaración de situaciones administrativas, como ahora la competencias es estatal, también vuelve a ser de aplicación lo establecido en el RD 1174/1987, de 18 de noviembre, sobre régimen jurídico de los citados funcionarios y el RD 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración del Estado. Es decir, vuelve a estar en vigor normativa derogada, lo cual no se entiende muy bien.

Algo que suscitaba muchas inquietudes en este colectivo de funcionarios ha sido aclarado, pues el concurso ordinario correspondiente a este año,  por aplicación de la Disposición Transitoria 7ª,  se regirá por la normativa vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2013. No se aplicará tampoco, hasta que se apruebe el nuevo desarrollo reglamentario, lo previsto en el artículo 97 bis, 8 sobre los nombramientos provisionales y la permanencia de dos años en el puesto obtenido por concurso.

En cuanto a los nombramientos accidentales el Ministerio no termina de aclarar su situación, ya que como se indica en la nota elaborada en dichos nombramientos regirá el artículo 33 del RD 1732/1994, de tal forma que la competencia corresponde a las Comunidades Autónomas y no a las Corporaciones locales, si bien el artículo 33 prevé solamente el informe de aquéllas en determinados casos –vacante- pero no en el caso de ausencias temporales del titular.

En cuanto al régimen disciplinario, la regulación contenida en la Ley sobre órganos competentes para la incoación y sanción ya es de aplicación. Únicamente se aclara con la nota del Ministerio el procedimiento aplicable en tanto no se aprueba el nuevo reglamento. Esta aclaración tiene relevancia toda vez que algunas Comunidades Autónomas que han manifestado que hasta que dicho reglamento no se apruebe no está vigente lo previsto en cuanto a las nuevas competencias sancionadoras que les atribuye la Ley.

J) Actividades económicas ejercidas por particulares

En lo relativo a la exigencia de licencia para el inicio de una actividad económica, la nota del Ministerio se limita a glosar el artículo 84 bis y solamente añade que las ordenanzas regularán los procedimientos de intervención en la actividad económica de los particulares en el marco de la legislación sectorial, así como que solamente podrán exigir licencia cuando la Ley así lo haya previsto, lo cual es una consecuencia que se aprecia sin mayor esfuerzo de la lectura de la Ley.

Pero nada se nos dice de una cuestión muy importante: si ahora parece que con la Ley 27/2013, para exigir el control previo, se pueden valorar determinados elementos –potencia eléctrica, aforo, contaminación acústica, etc.- qué es lo que pueden hacer realmente las Corporaciones locales en sus ordenanzas para mejorar el régimen previsto en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios, en relación al listado de actividades que pueden quedar sujetas a declaración responsable y a la superficie de éstas -750 m2-, aspectos estos que han sido incluso modificados recientemente para ampliarlos por la Ley de apoyo a emprendedores de 27 de septiembre de 2013 y por la Ley de garantía de la unidad de mercado de 9 de diciembre de 2013.

Parecía que con la nueva reforma, las Entidades Locales podían, mediante sus ordenanzas, no solamente regular el procedimiento para la declaración responsable de las actividades sino además ampliar el régimen de liberación establecido en la Ley 12/2012, respecto de actividades no inocuas, estableciendo para ello determinados parámetros en cuanto a los elementos que pueden ser objeto de molestias o de riesgo al medio ambiente –potencia eléctrica, emisión de sonido, aforo, etc.- dentro de los límites de la Ley y de la legislación sectorial. Nada nos aclara la nota del Ministerio al respecto, con lo cual seguimos sin saber en qué consiste la reforma en este punto.

J) La aprobación de los presupuestos por Junta de Gobierno Local.

Especial mención merece el último apartado de la nota elaborada por el Ministerio referido a la habilitación que establece la nueva disposición adicional decimosexta de la LBRL para que excepcionalmente la Junta de Gobierno Local apruebe el presupuesto municipal siempre que previamente exista un presupuesto prorrogado.

A nuestro modo de ver, lejos de que la nota del Ministerio arroje luz sobre lo establecido en la norma, viene a enredar la interpretación que puede hacerse sobre su aplicación, ya que textualmente la aclaración señala:

“Durante el ejercicio “n” el presupuesto que ha sido objeto de ejecución, con su posterior liquidación, se corresponde con el presupuesto del ejercicio inmediato anterior “n-1” al haber sido este último objeto de prórroga. En esta situación, cuando en el año “n” la Corporación Local tramite el presupuesto del ejercicio siguiente, esto es, el del año n+1, podrá aprobarlo por Junta de Gobierno si sometido en primera votación al acuerdo del Pleno no se hubiera conseguido la aprobación del presupuesto.

Dado lo complicado de la explicación, debemos acudir a un supuesto práctico para intentar esclarecer lo que ha expresado la nota del Ministerio, sustituyendo para ello el año n por el año actual, es decir el año 2014 (única posibilidad inicial), y resultando por tanto n-1 como el año 2013 y n+1 como el año 2015.

De esta forma al traducir la aclaración resultará que si en el año 2014 se da la situación de tener que liquidar el ejercicio con un presupuesto procedente de prórroga del ejercicio 2013, el presupuesto para el año 2015 podrá ser aprobado por Junta de Gobierno si sometido el mismo a primera votación en el Pleno no se consigue su aprobación.

La Reforma Local (III): Las modificaciones al TR de la Ley de Haciendas Locales

El artículo segundo de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, recoge las modificaciones que afectan a tres artículos, uno de ellos nuevo, y a dos disposiciones adicionales del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo (TRLHL).

El nuevo artículo que ha sido añadido en el TRLHL se trata del 193 bis, incluido tras el que regula la situación de remanente de tesorería negativo. Con el nuevo artículo se impone a las Entidades Locales la obligación de informar al Ministerio de Hacienda, así como al pleno u órgano equivalente, sobre los derechos que se encuentren en situación de difícil o imposible recaudación, todo ello tras aplicar criterios concretos y que tienen el carácter de mínimos.

Esos nuevos límites que deben ser aplicados sobre los derechos liquidados en ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación sobre la que se esté informando, son los siguientes:

-       Los liquidados en los dos presupuestos anteriores, se minorarán en un 25 %.

-       Los liquidados en el ejercicio tercero anterior, se minorarán en un 50 %.

-       Los liquidados en los ejercicios cuarto y quinto anteriores, se minorarán en un 75 %.

-       Los liquidados en los restantes ejercicios anteriores, se minorarán en un 100 %.

Con anterioridad a esta modificación la única referencia sobre aplicación de criterios de dudoso cobro en los derechos liquidados, aparecía en la regla 7 apartado c) de la Orden EHA/4041/2004 por la que se aprobó la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, indicando lo siguiente:

“Corresponde al Pleno de la Corporación:

c) Determinar, a propuesta de la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad, los criterios a seguir por la entidad en la aplicación de los principios contables y normas de valoración que se regulan en esta Instrucción.

 Se deberán determinar, entre otros, los criterios para calcular el importe de los derechos de cobro de dudosa o imposible recaudación, así como los criterios para la amortización de los elementos del inmovilizado.

…”

La situación más generalizada hasta la fecha, y sobre la base de lo dispuesto en la citada regla de la Instrucción de Contabilidad, era que el pleno municipal determinase los criterios para calcular los saldos de dudoso cobro con la introducción de algún artículo al respecto en las Bases de Ejecución del Presupuesto que son aprobadas conjuntamente con los presupuestos de cada ejercicio.

A partir de la modificación introducida por la Ley 27/2013 los criterios establecidos en las bases de ejecución, en tanto que sean menos restrictivos que los ahora regulados en el TRLHL, deberán ser objeto de la correspondiente adaptación.

Como elemento a destacar sobre los nuevos criterios de dudoso cobro establecidos, es que no se realiza distinción alguna sobre la naturaleza y situación de los saldos sobre los que se aplicarán las minoraciones, toda vez que el único criterio que se ha establecido es la antigüedad del saldo.

La consideración de ese único criterio puede conllevar a una minoración excesiva en algunos saldos, ya que es frecuente la situación de derechos económicos a favor de la Hacienda Local que, aunque superen en antigüedad los dos ejercicios presupuestarios desde que se liquidaron, se encuentren en espera para poder ser cobrados del desenlace de un procedimiento judicial que se desarrollará normalmente en el transcurso de varios años, por lo que no parece razonable que por ello deban obligatoriamente pasar a tener consideración de saldos de dudoso cobro.

Por otra parte hay que tener en cuenta que los saldos de dudoso cobro influyen de una forma determinante en la obtención del Remanente de tesorería para gastos generales de un Ayuntamiento. Las proyecciones realizadas en los Planes de ajuste aprobados en los dos últimos años por los Ayuntamientos para poder acogerse a los planes de pago a proveedores, en los que se obligaba a obtener proyectados unos remanentes de tesorería positivos, se han efectuado teniendo en cuenta unos criterios para la aplicación del dudoso cobro menos restrictivos que los ahora incluidos en el TRLHL. Como consecuencia de ello muchos Ayuntamientos volverán a liquidar sus cuentas con remanentes de tesorería negativos, lo que implicará nuevos planes económicos con medidas adicionales de ajuste para absorber esos remanentes negativos.

El artículo 213 del TRLHL, dedicado al control interno ha sito objeto también de modificación, añadiéndose como novedad que los órganos del control interno, es decir, el Interventor, realicen obligatoriamente una auditoría sobre aquellas entidades dependientes de la Entidad Local que serán determinadas de forma reglamentaria.

Lo verdaderamente destacable de la modificación introducida en este artículo, es que será el Gobierno Central el que va a establecer los procedimientos y criterios que desarrollen las funciones del control interno, además de determinar los derechos y deberes tanto de los controladores como de los controlados. De esta forma sumamos a la tutela financiera, que ya viene ejerciendo la Administración del Estado, una tutela sobre el control interno de las Corporaciones Locales, lo que nos lleva a preguntarnos si realmente dicho control conserva su naturaleza interna cuando es un agente externo el que determinará en todo su contenido el marco de referencia en el que el mismo se va a desarrollar.

Está por ver, una vez que vayan aprobando las normas que desarrollen el control interno, el impacto que éstas tendrán sobre la forma en que se desarrolla actualmente la fiscalización interna en muchos ayuntamientos, y que hasta ahora habían regulado esa fiscalización a través de sus Plenos al amparo del artículo 219 del TRLHL.

La modificación del mencionado artículo 213 incluye otra novedad consistente en la elaboración por los interventores de un informe que contenga los resultados del control interno efectuado en cada ejercicio. Dicho informe tendrá carácter anual y con el contenido que las normas de control, pendientes de desarrollo e indicadas anteriormente, regulen al respecto, siendo la destinataria de esos informes la Intervención General de la Administración del Estado.

El tercero y último de los artículos modificados en el TRLHL es el 218 relativo a los informes del órgano interventor elevados a Pleno sobre las resoluciones adoptadas por la presidencia de la Entidad Local que sean contrarias a los reparos efectuados por dicho órgano, de tal forma que se desarrolla ampliamente el contenido anteriormente expresado en ese artículo.

Como primer aspecto modificado nos encontramos con que el mencionado informe debe atender únicamente a aspectos propios de la fiscalización, sin que puedan incluirse cuestiones de oportunidad sobre las actuaciones objeto de fiscalización, precisión que sin duda debe entenderse acertada, ya que efectivamente las cuestiones de oportunidad sobre las resoluciones que adopten los órganos de gobierno, deben enmarcarse exclusivamente dentro de su potestad de decidir sobre las políticas a las que se aplican los recursos económicos con los que cuenta la administración.

También se determina que el informe en cuestión debe ser objeto de un punto independiente en el orden del día de la sesión plenaria en el que se incluya, teniendo la oportunidad el Presidente de la Corporación de presentar, al mismo Pleno, un informe justificativo sobre su actuación que haya sido objeto del reparo por el órgano interventor.

Por otra parte cuando exista discrepancia con el órgano de control se ha facultado a la Presidencia de la entidad a elevar su resolución a la Administración que ejerza la tutela financiera, sin que se especifique en la modificación efectuada qué consecuencias tendrá para las partes afectadas tal actuación.

El último punto del modificado artículo 218 establece la obligatoriedad de la Intervención de remitir anualmente al Tribunal de Cuentas todos aquellos acuerdos adoptados, tanto por el Presidente como por el Pleno de la Corporación, que hayan sido contrarios a los reparos efectuados, añadiendo los informes justificativos a los que se ha hecho referencia con anterioridad. De esta forma el Tribunal de Cuentas no necesitará esperar hasta la remisión de la Cuenta General de la entidad correspondiente para conocer los acuerdos adoptados con reparos del órgano interventor, tal y como ocurre hasta ahora.

Por último la ley 27/2013 modifica la disposición adicional octava del TRLHL, referido al régimen foral vasco, además de añadir la decimoquinta como nueva disposición adicional, que permitirá incrementar en un 0,04 el coeficiente de ponderación relativo a la población, utilizado para el cálculo de la distribución del importe de la Participación en los Ingresos del Estado, para el caso de municipios que acuerden la gestión integrada de servicios municipales coincidentes y que se acredite que dicha gestión conlleva un ahorro de al menos el 10 % con respecto al que soportaría cada entidad por separado.

En definitiva quedamos a la espera de conocer la verdadera dimensión que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene pensada para el control interno en los Entes Locales con la reglamentación que promete la modificación realizada del TRLHL. Mientras asistiremos al impacto negativo de los nuevos criterios para la determinación del dudoso cobro en los superávits obtenidos por los Ayuntamientos en los últimos tiempos y que conducirán a más sacrificios presupuestarios para éstos.

El fomento de la ética de los cargos públicos a propósito de la Ley de Transparencia.

Asumir que se tiene un problema es el primer paso que ha de darse para solucionarlo. De lo contrario, ni siquiera será posible implementar una solución, por muy mala que ésta sea. Esto fue lo que asumió el gobierno de EE.UU. cuando creó la Oficina de Ética como consecuencia de la falta de confianza de sus ciudadanos tras el escándalo del watergate. Nos lo contó la semana pasada en su viaje a España una de las “madres fundadoras” de la Oficina de Ética: Jane S. Ley, actualmente retirada de sus funciones como directora adjunta de la Oficina y dedicada a asesorar al departamento de estado del gobierno norteamericano en programas internacionales de lucha contra la corrupción y fomento de la integridad en los cargos públicos.

La conferencia de Jane S. Ley fue encaminada a contar su experiencia a lo largo de estos años en la Oficina de Ética y cuáles son las medidas que se adoptaron para fomentar la transparencia en las administraciones públicas y la integridad de los cargos públicos. El papel de la Oficina es, fundamentalmente, preventivo y, en este sentido, si bien también opera con posterioridad a que se produzcan conductas no deseadas el principal objetivo es que se eviten. Los cuatro puntos cardinales en los que se basa el funcionamiento de la Oficina son los que pasamos a comentar brevemente.

En primer lugar, todos los organismos públicos -así como organizaciones no gubernamentales y partidos políticos- tienen que tener un código de conducta que es aplicable a todo el personal, ya sea funcionario o político. Cuanta más antigüedad tiene un cargo más se le exige el cumplimiento de las normas éticas por dos motivos: en primer lugar, por el papel ejemplar que tienen que jugar con relación a los más jóvenes; y, en segundo lugar, porque después de una trayectoria profesional las relaciones son más importantes y es más fácil incurrir en un conflicto de intereses. Para evitar esto último se tomó la decisión, bajo el gobierno de Bush padre, de incrementar de una manera importante los salarios de los cargos públicos, lo que redundó en un mayor cumplimiento de las normas éticas.

En segundo lugar, es imprescindible la publicación de información financiera de todo tipo. Es decir, los ciudadanos tienen el derecho a conocer cuáles son las rentas de los cargos públicos. Los motivos, que también han estado muy presentes en los medios de comunicación en España últimamente con ocasión de la aprobación de la Ley de Transparencia, son el aumento de la confianza de los ciudadanos con relación a sus gobernantes, hacer ver que no existen conflictos de interés y demostrar así la integridad de los cargos públicos. Al hilo de la publicidad de la información financiera se habló de la transparencia que existe con relación a las donaciones a partidos políticos en EE.UU. Cualquier donación que supere los 50$ es publicada en la web de Open Secrets. Y no sólo eso, invitamos al lector a navegar por la web y verá la ingente cantidad de información sobre lobbys, donaciones, cargos públicos y políticos que contiene.

En tercer y cuarto lugar, es absurdo aprobar códigos éticos si no se garantiza su cumplimiento. Para ello, cada organismo público tiene un departamento de ética con responsables que se encargan de la formación continua y de ofrecer un sistema inmediato de resolución de dudas. Gracias a lo anterior -y, por supuesto, gracias a la voluntad de las personas en concreto que son las que, al fin y al cabo, hacen posible todo- se garantiza el cumplimiento de los códigos.

Jane S. Ley al finalizar estos cuatro puntos hizo una reflexión que tenemos que hacernos a la hora de aprobar leyes -efectivamente, nos referimos a la Ley de Transparencia- puesto que dijo que la implementación de las propuestas que se plantearon en los inicios del funcionamiento de la Oficina de Ética han sido posibles porque eran razonables y asumibles. Esta idea que parece sencilla hay que tenerla muy presente porque no podemos plasmar sobre el papel lo que luego no vamos a ser capaces de cumplir. Asimismo queremos destacar el hecho de que Jane S. Ley no diferenció en ningún momento la figura del funcionario público de la del político. En el sentido de que es necesario el mismo nivel de exigencia para ambos tipos de cargos. Actualmente, en España, el foco está puesto en los cargos políticos, obviando, o más bien dando por sentado que los funcionarios públicos tienen una integridad innata sobre la que no es preciso ejercer ningún tipo de control. Ojalá fuera así, pero consideramos que el fomento de la transparencia y evitar los conflictos de intereses es igual o más deseable de los funcionarios públicos que de los políticos -en tanto que éstos últimos están sujetos al menos a la elección popular, no así los primeros-.

No sabemos si con la aprobación de la Ley de Transparencia conseguiremos lograr la tan ansiada transparencia e integridad en los cargos públicos españoles. Lo que sí podemos decir es que sin una voluntad de las personas que trabajan al servicio del interés público lo que la ley diga quedará en agua de borrajas. De hecho, para muchos aspectos que ahora recoge la Ley no hacía falta una regulación expresa -que, no obstante, si se cumple, bienvenida sea- porque ya teníamos base legal suficiente para promoverlo.

Además de lo anterior, el ejercicio del derecho a la información en la Ley de Transparencia se prevé como una especie de camino tortuoso dirigido más a aburrir al ciudadano que a ofrecerle de una manera cómoda la información. Con los medios tecnológicos con los que contamos hoy en día resulta absurdo tener que ir detrás de la administración para que te ofrezca datos -ojo: que aquí juega la desestimación presunta, es decir, si en el plazo de un mes no se da contestación expresa al ciudadano sobre su petición, se entiende desestimada-. La experiencia norteamericana, como cualquier experiencia, no es perfecta. Pero lo cierto es que hemos podido ofrecer más enlaces con datos reales sobre la administración de EE.UU. que la española.


Estudio sobre “Optimización Conjunta del Uso del Agua y la Energía”

El pasado dia 15 tuvo lugar en el Ayuntamiento de Alcoi la presentación del Estudio Sobre Optimizacion Conjunta del Uso del Agua y la Energía.

La idea del proyecto fue promovida por los responsables de la Cátedra ACAL, Ciudad Sostenible, ya que se enmarca de lleno dentro de las metas de la misma: promover acciones encaminadas a coordinar a los responsables políticos y técnicos de las diferentes administraciones públicas locales, así como los responsables de las empresas de gestión de servicios públicos, con los grupos de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia, con el fin de que el concepto de “Ciudad Inteligente” (ciudad inteligente y sostenible) no sea una mera utopía y se convierta en una realidad.  En este campo, ACAL – Abogados y Consultores de la Administración Local, S.L., empresa promotora de la Cátedra ACAL, Ciudad Sostenible, es también una empresa única en el escenario español, ya que tiene como clientes únicamente a ayuntamientos y administraciones públicas y presta sus servicios de asesoramiento jurídico, económico y tecnológico a los mismos en todo lo relacionado a la gestión de los servicios públicos que están bajo su responsabilidad.

El Estudio ha sido dirigido por el profesor Dr. D. Enrique Cabrera Marcet del ITA (Instituto Tecnológico del Agua), de la Universidad Politécnica de Valencia y su equipo  que desarrollan los trabajos vinculados a esta investigación. El Dr. Cabrera Marcet es Catedrático del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la UPV,  es considerado una autoridad internacional en el campo del ciclo integral del agua para consumos humanos, agrícolas e industriales. Una de sus principales líneas de investigación se desarrolla sobre el binomio “agua y energía”, demostrando que el consumo energético de las sociedades modernas está vinculado, en un porcentaje significativo, a la captación, distribución, consumo, drenaje, depuración y reutilización del agua, es decir, al “ciclo integral del agua”.

El estudio, que se ha llevado a cabo en el Servicio Municipal de Aguas de Alcoy en los últimos meses, ha calculado el “cuánto” y el “cómo” se consume el agua en la Ciudad, así como la energía embebida en cada etapa de su ciclo urbano. Los resultados obtenidos permiten calificar la gestión energética del Servicio como “muy eficiente” y han servido para identificar ciertas oportunidades de optimización que serán analizadas y, en su caso, implantadas en la localidad alicantina.

Los trabajos de Optimización Conjunta del Uso del Agua y la Energía se han desarrollado con técnicos de Aqualia e investigadores del Instituto Tecnológico del Agua (ITA) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) e ingenieros vinculados a la Cátedra ACAL Ciudad Sostenible, en el marco del proyecto IISIS, subvencionado por el CDTI y apoyado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Fruto de los estudios realizados, los responsables del Estudio califican la gestión energética realizada en el Servicio Municipal de Agua de Alcoi como “muy eficiente”, y apuntan a dos razones básicas: una, la estratégica situación de las fuentes de suministro de agua; y dos, la favorable gestión llevada a cabo por Aqualia, la empresa concesionaria del servicio.

Otras de las conclusiones que arroja la investigación es que la mayor parte (el 85%) del consumo energético asociado al agua se concentra en su calentamiento en los hogares para diversos usos de higiene personal.

Finalmente, el estudio identifica un conjunto de actuaciones  para la optimización energética. Tal y como destaca el profesor Enrique Cabrera, catedrático en ITA y responsable del estudio, “se contemplan básicamente tres medidas: la reducción de fugas de la red, la modificación del funcionamiento de algunos grupos de presión y, finalmente, la instalación de microturbinas para recuperar los sobrantes de energía gravitatoria”.

El estudio es el primero de estas características que se desarrolla en España e integra a la ciudad de Alcoi en el grupo de “Ciudades Inteligentes” (“Smart Cities”), preocupadas por la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos y la protección ambiental. En este sentido el servicio de agua de Alcoi acaba de renovar el certificado ISO 50.001 de Gestión Energética.