El RDL 8/2013 y las medidas extraordinarias de liquidez para municipios con problemas financieros

En nuestra anterior entrada sobre el Real Decreto-ley 8/2013 abordamos un análisis referido al Título I por entender que constituía la situación normal de la mayoría de los Ayuntamientos, frente a aquellos otros minoritarios que se podrían acoger al mecanismo de rescate económico establecido en el Título II del citado Real Decreto-ley. En esta entrada analizaremos dicho Título II que desarrolla esas medidas extraordinarias, calificadas en el Real Decreto-ley como “de carácter temporal y voluntarias”, y que podrán ser adoptadas por los municipios que se encuentren en ámbito subjetivo descrito en el artículo 21 del Real Decreto-ley, al encontrase en alguna o varias de estas situaciones:

  1. Que cuenten con ahorro neto y remanente de tesorería para gastos generales negativos en términos consolidados en los dos últimos años, es decir, en los años 2011 y 2012, con la particularidad que dicho remanente deberá ser calculado con la minoración de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2012, toda vez que las del ejercicio 2011 que se encontrasen pendientes de aplicar ya fueron regularizadas con la primera fase del mecanismo de financiación.
  2. Que presenten deudas con acreedores públicos por un importe acumulado que supere el 30 % de los ingresos no financieros según los datos de la última liquidación aprobada y que se encuentren pendientes de retención en la participación en los tributos del Estado.
  3. Que habiendo contraído una deuda superior al millón de euros por préstamos derivados de los anteriores mecanismos de financiación, no hayan cumplido con sus obligaciones de pagar las cuotas trimestrales correspondientes.
  4. Que en los años 2009, 2010 y 2011 hayan obtenido remanente de tesorería para gastos generales negativo, que cuenten con una deuda superior al millón de euros por préstamos derivados de los anteriores mecanismos de financiación y que además se encuentren en alguna de estas otras dos situaciones:
  • Que en 2012 hayan liquidado con remanente negativo para gastos generales superior al generado en 2009.
  • Que en 2012 hayan liquidado con remanente negativo para gastos generales una vez descontado el efecto de la liquidez de la primera fase del mecanismo de financiación, pero que también cuenten con deudas con la AEAT o con la Seguridad Social que se estén descontando con retenciones en la participación en los tributos del Estado.

Alguna de estas situaciones descritas son las que se tienen que dar para que un Ayuntamiento aparezca en la lista que a tal efecto publicará el Ministerio de Hacienda, previa resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local (artículo 32), con la relación de los municipios que podrán resultar “beneficiarios” de las medidas extraordinarias contempladas en el Real Decreto-ley.

Esta situación que aparece meridianamente clara en el Real Decreto-ley aparece matizada en declaraciones efectuadas por el Secretario de Estado de Administraciones Públicas al señalar que se hará pública la resolución de los ayuntamientos con especial dificultad económica, una vez que sean los propios ayuntamientos quienes soliciten el apoyo.

Las medidas extraordinarias contempladas en el Real Decreto-ley, a las que podrán acogerse de forma voluntaria los municipios que conformen dicha lista o bien soliciten de forma expresa el apoyo al Ministerio siempre que cumplan con alguno de los condicionantes del artículo 21, cuentan con cuatro bloques de medidas bien diferenciados y referidas cada uno de ellos a: la Participación en los tributos del Estado, las deudas la Seguridad Social y la Hacienda Estatal, el endeudamiento financiero de la entidad local, el remanente de tesorería negativo para gastos generales.

A.   Medidas referidas a la Participación en los tributos del Estado (PIE).

El Real Decreto-ley prevé que los municipios con especial dificultad económica puedan obtener alguna o varias de las siguientes medidas de liquidez, que a continuación se resumen:

  • Concesión de anticipos reintegrables con cargo a la PIE en 2014 para ser devueltos en un plazo máximo de tres años.
  • Concesión de la ampliación del plazo para la devolución de las liquidaciones negativas de la PIE de los años 2008 y 2009.
  • Reducción en el porcentaje de retención de la PIE por compensación de deudas con Seguridad Social o la AEAT, con un límite del 25 %, incluso llegando a poder pedir la suspensión de dicha retención.

B.   Medidas referidas a las deudas la Seguridad Social y la Hacienda Estatal.

Con respecto a estas deudas el Real Decreto-ley prevé que se puedan llegar a conceder fraccionamientos de las mismas de hasta diez años.

C.   Medidas referidas al endeudamiento financiero de la entidad local.

En lo que se refiere al endeudamiento financiero el Real Decreto-ley habilita a que los ayuntamientos que cumplan con alguno de los requisitos del artículo 21, puedan solicitar la autorización para convertir las operaciones financieras a corto plazo en operaciones a largo plazo, sin que se  pueda superar en dicha conversión el límite máximo legalmente establecido en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es decir, el 30 por ciento de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior.

Así mismo esos ayuntamientos podrán solicitar que no compute dentro los limites de endeudamiento de los artículos 51 y 53 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aquellas operaciones de crédito que se suscriban para anticipar la liquidez de subvenciones concedidas por la Unión Europea o por las Comunidades Autónomas durante el tiempo que transcurra hasta su cobro.

 D.   Medidas referidas al remanente de tesorería negativo para gastos generales.

  • El Real Decreto-ley establece como la última de las medidas extraordinarias a las que se podrán acoger los ayuntamientos con especial dificultad financiera, la posibilidad de solicitar una autorización para concertar un préstamo que financie a largo plazo el remanente negativo para gastos generales del ejercicio 2012 sin que les sea de aplicación los límites del artículo 177.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, lo que en la práctica se traduce en que puedan financiar con dicho préstamo el importe total de ese remanente negativo.
  • La aplicación de estas medidas por los ayuntamientos, que voluntariamente decidan poder acogerse a ellas, conllevará condiciones de dos tipos: unas medidas comunes, independientemente de la tipología de medida que se adopte, y otras medidas adicionales a las anteriores según la medida que se haya elegido aplicar.
  • En cuanto a las medidas comunes que serían de aplicación todas ellas una vez acogido a cualesquiera de las medidas extraordinarias son las siguientes:
  • Reducción de al menos el 5 % de los gastos de funcionamiento de los capítulos 1 y 2 del estado de gastos en el primer ejercicio en el que se apliquen las medidas.
  • Financiación íntegra de los costes de los servicios mediante tasas y precios públicos con arreglo a los siguientes hitos: en el primer año para cubrir como mínimo el 50 % del coste del servicio de que se trate, el 75 % de cobertura de coste para el segundo año y el 100 % de cobertura en el tercer año.
  • No se podrán suprimir tributos y sólo se podrán adoptar medidas de incremento en las cuotas de cada tributo, con especial referencia al impuesto sobre bienes inmuebles sobre el cual se deben aprobar tipos impositivos que garanticen la cuota íntegra obtenida en el ejercicio anterior, es decir, que se está impidiendo la aprobación de nuevas bonificaciones en tributos y se limita la reducción de tipos en el IBI.
  • No se podrá constituir por el municipio nuevos organismos, sociedades, consorcios, fundaciones o cualquier otro ente o entidad.
  • Como una de las condiciones más impactantes de todo el Real Decreto-ley, se establece la imposibilidad de llevar a cabo más de una prórroga del presupuesto, de tal forma que incluso si existe previamente un presupuesto prorrogado el Pleno no aprueba un nuevo presupuesto, será la Junta de Gobierno Local quién tendrá la competencia para su aprobación.
  • Se establecen unos criterios específicos que deben ser aplicados en la determinación de los derechos considerados de difícil o imposible cobro.
  • Inclusión en los presupuestos de una memoria con justificación expresa sobre la estimación de ingresos ordinarios y extraordinarios.
  • Aquellos ayuntamientos que financien el remanente negativo con un préstamo a largo plazo o con un volumen de deuda que pueda ser compensado con retenciones en la PIE, deberán además someter a informe previo y vinculante del Ministerio de Hacienda la aprobación de los Presupuestos.
  • Solicitar antes del 31 de diciembre de 2012 su inclusión para regularización catastral.

El Real Decreto-ley también prevé que la liquidez que resulte de la aplicación de las medidas extraordinarias, deberán ser objeto de ingreso en una cuenta restringida con autorización de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, pudiendo incluso llegar a ordenar su bloqueo, debiendo remitirse trimestralmente al Ministerio de Hacienda el detalle de los movimientos producidos.

En lo referente a las condiciones adicionales a aplicar a los ayuntamientos que se acojan al Título II del  Real Decreto-ley, se establecen las siguientes:

  • Si se acoge a las medidas referidas a la PIE, no se podrá incrementar la deuda con los acreedores públicos y deberá atenderse las obligaciones corrientes que se generen con aquellos.
  • Si se acoge a las medidas por deudas con acreedores públicos se deberá cumplir durante el periodo en que se apliquen las medidas las siguientes condiciones adicionales:
    • No se podrá incrementar la deuda con los acreedores públicos y deberá atenderse las obligaciones corrientes que se generen con aquellos.
      Se deberá establecer, si es que no los tiene establecidos, el impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
    • Los tipos de gravamen de cada impuesto deberás subirse hasta los máximos permitidos en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con la única excepción del IBI que deberá tener un tipo impositivo superior en un 25 % al vigente en 2013, sin que en ningún caso pueda superar el tipo máximo legal ni ser inferior al 0,6 %.
  • Si se acoge a las medidas relativas al endeudamiento no se podrán concertar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo hasta que no se cancelen las derivadas de las medidas aplicadas.

 En cuanto a los plazos que el Real Decreto-ley ha establecido para poder llevar a cabo estas medidas extraordinarias de liquidez vuelven a ser muy ajustados (artículo 32), ya que la solicitud al Ministerio de Hacienda para poder acogerse a estas medidas debe ser elevada en el plazo de los dos meses siguientes a la publicación de la resolución en donde aparezcan los municipios susceptibles de que se acojan al Título II, y acompañada con un plan de ajuste aprobado por el Pleno Municipal, o modificación del que ya se tuviera con anterioridad, incluyendo las medidas y condiciones a las que se hace referencia en el propio Título II.

Posteriormente, en el plazo de dos meses, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda será quien dicte la resolución oportuna, concretando las medidas que resultarán de aplicación y la forma de cumplimiento de las condiciones.

El Real Decreto Ley 8/2013 pone en marcha una nueva fase del mecanismo de pago a proveedores

En la línea que ya se viene anunciando últimamente por el Gobierno de su política de adoptar medidas para erradicar la morosidad de las Administraciones Públicas, el Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el Real Decreto Ley  8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.

La norma, aunque en su artículo 1 señala que tiene como objeto la puesta en marcha de una nueva fase del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, sin embargo tiene medidas de dos tipos claramente diferenciadas. De una parte el mecanismo en sí de pago a los proveedores de Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas que se regula en el Título I y supletoriamente, para lo no previsto en el mismo, por lo regulado con los anteriores Real Decreto-ley 4/2012 y Real Decreto-ley 7/2012, por los que se regularon los anteriores mecanismos para el pago a proveedores.

Por otra parte el nuevo Real Decreto Ley regula en su Título II un mecanismo que podríamos denominar de rescate, aunque el RD-Ley las denomina “medidas extraordinarias de liquidez para municipios con problemas financieros”.

En esta entrada nos referiremos solamente al mecanismo de pago del Título I, puesto que constituye la situación normal para la mayoría de los ayuntamientos frente a aquellos a los que (en principio) les afectará las medidas del Título II, ya que se refiere a requisitos extremos en cuanto a su mala situación económica (artículo 21) y que será el propio Ministerio de Hacienda el que establecerá, en el plazo de un mes desde la aprobación de este nuevo Real Decreto Ley, cuáles serán las Entidades Locales que se podrán acoger a esas medidas extraordinarias de liquidez  (artículo 32.1). Según ha informado el propio Ministerio serán en torno a unos quinientos ayuntamientos los que están en situación de poder acogerse a las citadas medidas del Título II.

Con relación a los ayuntamientos que podrán ser rescatados a través de la batería de medidas extraordinarias previstas en el mencionado Título II, nos resulta llamativo la premisa inicial para poder acogerse a esas medidas (artículo 21), y es que esos municipios con importantísimos problemas financieros deben, a fecha 2 de julio de 2013, haber cumplido con sus obligaciones de remisión de información económico-financiera, lo que podría suponer que algunos ayuntamientos que no tengan adecuadamente rendida esa información quedarán excluidos para contar con liquidez que les permita pagar a sus proveedores. De esta forma la consecuencia de un incumplimiento no achacable a ellos finalmente acabaría recayendo sobre esos proveedores, chocando frontalmente con la finalidad que justifica este nuevo RD-Ley que no es otra que erradicar la morosidad con los contratistas de las Administraciones Públicas.

El mecanismo de pago a proveedores que se regula en el Título I del RD-Ley, presenta pocas novedades sobre lo que ya conocemos de las anteriores fases de este mecanismo de financiación, ya que en cuanto al ámbito objetivo y subjetivo de aplicación del mismo viene a unificar los dos ámbitos que anteriormente ya fueron regulados con el Real Decreto-ley 4/2012 y el Real Decreto-ley 4/2013.

Como consecuencia de ello, podrán acceder a esta nueva fase del mecanismo de pago a proveedores:

  • Las Entidades Locales señaladas en el artículo 3.1 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, incluidas las del País Vasco y Navarro que ya fueron incluidos en el anterior Real Decreto-ley 4/2013.
  • Las Mancomunidades de municipios y Consorcios de composición íntegramente  local que no hayan iniciado un procedimiento de disolución, que ya se incluyeron en el ámbito de la fase de pago a proveedores regulada con el Real Decreto-ley 4/2013.

En cuanto al ámbito objetivo de aplicación (artículo 3), es decir, las obligaciones pendientes de pago que se puede afrontar en esta nueva fase para el pago a proveedores vuelven a ser las ya reguladas anteriormente a las que se les añaden otras relaciones jurídicas como novedad, tales como:

  • Conciertos suscritos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales, si bien estas operaciones vendrán normalmente referidas a las obligaciones pendientes de pago de las Comunidades Autónomas.
  • Los convenios de colaboración para la realización de actuaciones a cambio de contraprestaciones.
  • Indemnizaciones por expropiaciones reconocidas por resolución judicial firme, siempre que la administración sea la beneficiaria de la expropiación.
  • Las deudas por subvenciones concedidas a asociaciones e instituciones sin fines de lucro con fines sociales.

Otra novedad destacable en este RD-Ley es que los acreedores de los proveedores podrá acceder y conocer si éstos están incluidos en la nueva fase del mecanismo de pago y si han aceptado el pago así como la fecha en que se ha remitido la relación de facturas que serán objeto de cobro por el proveedor, todo ello con la finalidad de incidir en la protección a los subcontratistas de aquellos proveedores de los que las Administraciones Públicas son deudores.

Entre las disposiciones aplicables a las Entidades Locales reguladas en el nuevo RD-Ley destaca la obligatoriedad, como condición para incluir sus facturas en esta nueva fase, de encontrarse al corriente a fecha 3 de julio de 2013 con sus obligaciones de pago derivadas de los compromisos asumidos en las anteriores fases del mecanismo de financiación (artículo 14.3). Esta exigencia supone un cambio significativo con respecto a las anteriores fases, ya que se ha matizado que dicho incumplimiento conlleva la no inclusión de sus facturas en la nueva fase y como consecuencia de ello obviamente las facturas no serían pagadas, mientras que en las anteriores fases los proveedores siempre han cobrado, se acogiese o no el ayuntamiento en cuestión al mecanismo de financiación.

En cuanto a los requisitos que deben cumplir las obligaciones pendientes de pago que se afrontarán con este nuevo RD-Ley (artículo 15), se ha optado por realizar una combinación entre lo que se  había establecido en la primera y segunda fase del mecanismo de financiación, ya que ahora se exige que las obligaciones pendientes de pago estén debidamente contabilizadas con anterioridad al 31 de mayo de 2013 y que queden aplicadas al presupuesto del ejercicio 2013 antes de la remisión de la relación certificada de las facturas aceptadas por los proveedores que el Interventor debe mandar al Ministerio de Hacienda antes del 20 de septiembre. No obstante el RD-Ley también señala que esa aplicación al presupuesto del ejercicio 2013 de las obligaciones pendientes de pago, se deberá realizar en cualquier caso antes de proceder al pago de las mismas, ¿quiere con ello decir que se podrá financiar, con cargo al préstamo que se pueda suscribir en esta nueva fase del plan de pagos a proveedores, la dotación presupuestaria a facturas que se encuentren debidamente contabilizadas en la cuenta 413 de obligaciones pendientes de aplicación al presupuesto?. Entendemos que esta cuestión deberá ser objeto de consulta al Ministerio de Hacienda.

El calendario de actuaciones regulado en el nuevo RD-ley (artículo 16), estando todas las fechas referidas al presente ejercicio 2013, es el siguiente:

  • Hasta el 19 de julio el Interventor debe enviar por vía telemática como en las anteriores fases la relación certificada de las obligaciones pendientes de pago, debemos suponer que con los modelos que a tal efecto se elaboren por el Ministerio. El Pleno de la Corporación deberá ser informado sobre la mencionada relación envidada por el Interventor.
  • Desde el 25 de julio hasta el 6 de septiembre los proveedores podrán consultar esa relación y aceptar su pago con el mecanismo de financiación. Si comprueban que sus obligaciones no han sido incluidas en la relación reuniendo los requisitos para ello, podrán solicitar hasta una fecha indeterminada -ya que entendemos que la fecha del 6 de septiembre señalada en el RD-Ley constituye un error- la emisión de certificado individual para que sea incluida por el Interventor en el mecanismo. El plazo para expedir el certificado individual se fija en 10 días hábiles sin contar el mes de agosto que se considera inhábil, y teniendo en cuenta que si no se contesta en dicho plazo la solicitud de certificado individual se entenderá rechazada, tal y como se establecía en la segunda fase anterior del mecanismo de financiación.
  • Hasta el 20 de septiembre el Interventor tendrá de plazo para comunicar al Ministerio de Hacienda toda la relación de facturas, incluyendo las admitidas con certificados individuales, que hayan sido aceptadas por los proveedores.

Como en las anteriores fases el Pleno de la respectiva corporación deberá aprobar un plan de ajuste, informado previamente por el Interventor, que se remitirá al Ministerio de Hacienda antes del 27 de septiembre, para poder formalizar la operación de endeudamiento que permita financiar las obligaciones de pago abonadas con la tercera fase del mecanismo.  Dicho Ministerio tiene hasta el 31 de octubre para comunicar a la entidad local la valoración del citado plan de ajuste, considerándose desfavorable si transcurrido dicho plazo no se producido esa comunicación sobre la valoración.

En el caso de que la entidad local en cuestión ya disponga de un plan de ajuste aprobado de las anteriores fases del mecanismo, se limitará a realizar una revisión del citado plan y remitirla también al Ministerio antes del 27 de septiembre.

En cuanto a las medidas a adoptar en la elaboración de los planes de ajustes anteriormente señalados aparecen dos novedades con respecto a las dos fases anteriores del mecanismo:

  • Si el importe de las obligaciones que ahora se comuniquen exceden del 70 % de las operaciones de préstamo ya formalizadas con las dos fases anteriores, el Ministerio de Hacienda se encuentra facultado para imponer a la entidad local medidas adicionales a  las que se hayan contemplado en su nuevo plan de ajuste, y en el caso de no ser adoptadas se tendrá que amortizar la nueva operación de préstamo formalizada y si no se lleva a cabo la  misma se procederá a practicar retenciones en la Participación en los Ingresos del Estado.
  • Si la entidad local es de las que debe dotar fondo de contingencia y no lo ha dotado aún, el plan de ajuste deberá  prever dicho fondo con una dotación mínima del 0,5 % de sus gastos no financieros.

Por tanto, con el calendario que se ha establecido en el nuevo RD-Ley y teniendo en cuenta que el Ministerio cuenta con un mes para evaluar el contenido de los planes de ajuste recibidos hasta el 27 de septiembre, se vislumbra que los proveedores no verán saldadas sus deudas con las Entidades Locales hasta finales de este año 2013.

La reforma de las AAPP pretende atajar la morosidad de la Administración.

 

Esta semana pasada el Gobierno ha presentado su plan para la reforma de las Administraciones Públicas. El Consejo de Ministros recibió el Informe para la Reforma de las Administraciones Públicas preparado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).

Para quienes leímos ya en  la exposición de motivos de la  vieja Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 y demás textos posteriores sobre la materia, las palabras agilidad, simplificación, evitar tramites innecesarios, duplicidades y otros términos similares, todos ellos con la sana intención de acercar la administración al ciudadano y que éste no la sienta como una carga, sino como facilitadora de servicios,   permitasenos que mostremos nuestro escepticismo y dudemos de los resultados. Ya veremos en que queda todo. Desde luego si verdaderamente se producen los resultados a los que con tanto orgullo aludió la Vicepresidenta en la rueda de prensa, todos nos “emocionaremos” como gusta decir al Ministro de Hacienda y Administraciones, ante los logros alcanzados.

Esta reforma dará para muchos comentarios, pero esta entrada no pretende hacer un análisis general del Informe de la Reforma, sino simplemente referirnos a uno de los muchos males que padece nuestra Administración y que se pretende abordar: la morosidad de las Administraciones en el pago de la deuda comercial. El persistente incumplimiento del  plazo de pago de las Administraciones a sus proveedores a los vencimientos (30 días), es un problema que lleva a la ruina a muchas pequeñas y medianas empresas que no conciben como los propios poderes públicos incumplen de manera tan flagrante e impunemente las leyes.

La lucha contra la morosidad arranco con la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, que traslado a  nuestro ordenamiento la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo. Posteriormente esta Ley fue modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio y por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. Ahora, el Informe para la Reforma de las Administraciones Públicas  en su pagina 75 anuncia un Anteproyecto de Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público para luchar contra la morosidad.

El Informe señala que,

La situación persistente de morosidad de las Administraciones Públicas ha supuesto que hayan incumplido el plazo legal para el pago a sus proveedores de 30 días, aumentando de este modo su deuda comercial. Un incremento en el período medio de pago a proveedores (PMP), y por tanto de su deuda comercial, pone en riesgo la sostenibilidad  financiera de las AA.PP., al tiempo que dificulta el cumplimiento en el medio plazo de sus objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública”.

El Informe no señala el efecto mas importante de esta situación de morosidad, que son las graves consecuencias para los acreedores. Los plazos medios de pago en el Estado están en 60 días y en las CC.AA., oscila alrededor de 181,4 días. En las entidades locales, de acuerdo con los datos del MHAP de la ejecución de los planes de ajuste presentados (2.169 entidades, el 27% del total), el período medio de pago es a 31 de diciembre de 2012 de 109 días.  Estos plazos los entendemos calculados conforme a lo dispuesto en la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales: importe total de la duda comercial menos la cantidad pagada en el periodo de un año y dividido entre 365 días. (Ha de tenerse en cuenta que con los mecanismos de pago a proveedores, aprobados por el Estado, se abonaron las deudas pendientes a 31 de Diciembre de 2011)

La propuesta que se hace para acabar con la morosidad va en la linea ya reivindicada tiempos a tras desde distintos sectores: que se haga cargo el Estado de la deuda de las demás Administraciones, y después, que se la descuente  de las entregas periódicas que ha de realizarles.  Concretamente el Informe señala el siguiente mecanismo;

— Se integra el control de la deuda comercial en el principio de sostenibilidad financiera.
— Con el fin de controlar la deuda comercial se introduce el concepto de período medio de pago a proveedores (PMP) y se obliga a las AA.PP. a publicarlo. La periodicidad se establecerá por Orden del Ministro de Hacienda.
— El incumplimiento del promedio actúa como desencadenante de las medidas. Todas las Administraciones deben tener un plan de tesorería, o un presupuesto monetario en el caso del Estado, que incluya información relativa a la previsión de pagos a proveedores y que garantice el cumplimiento del PMP. El ritmo de los compromisos de gasto deberá adecuarse a la ejecución del plan de tesorería o del presupuesto monetario. Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se desarrollarán todas las medidas necesarias para hacer efectivo el principio de transparencia, así como las medidas necesarias para la aplicación de la sostenibilidad de la deuda comercial y de la metodología de cálculo del período medio de pago.
— Se establece un sistema automático y progresivo de control ante el incumplimiento del PMP con las siguientes etapas:

1.ª En los primeros quince días del mes siguiente a la entrada en vigor de la ley, las AA.PP. deberán publicar su PMP y remitir el Plan de tesorería con las medidas necesarias para reducir su PMP.

2.ª Cuando durante dos meses consecutivos el PMP supere en más de 30 días el plazo máximo que  fija la normativa de morosidad:
• CC.AA.: El MINHAP le comunicará el importe que debe destinar al pago de proveedores y las medidas cuantificadas a adoptar para la reducción de su PMP.
• EE.LL.: El órgano interventor realizará el seguimiento del PMP. En el caso de las EE.LL. incluidas en el modelo de cesión de tributos (los Ayuntamientos más grandes), el interventor comunicará al MINHAP los incumplimientos que detecte, lo que permitirá establecer medidas adicionales de control.

3.ª En caso de persistencia del incumplimiento, transcurridos otros dos meses en que el PMP supere en más de 30 días el plazo máximo que fija la normativa de morosidad, se adoptarán las siguientes medidas automáticas de corrección:
• Se retendrán los correspondientes recursos del sistema de financiación y el MINHAP pagará directamente a los proveedores.
• Las modificaciones presupuestarias que conlleven un aumento neto del gasto no financiero de la Comunidad, y que, de acuerdo con la normativa autonómica vigente, no se  financien con cargo al fondo de contingencia o con baja en otros créditos, requerirán la adopción de un acuerdo de no disponibilidad de igual cuantía, del que se informará al MINHAP con indicación del crédito afectado, la medida de gasto que lo sustenta y la modificación presupuestaria origen de la misma.
• Todas las operaciones de endeudamiento a largo plazo precisarán autorización del Estado.
• La Comunidad Autónoma incluirá nuevas medidas en su plan de tesorería que permitan cumplir con el PMP.

4.ª EE.LL.: En caso de persistir el incumplimiento del PMP, el MINHAP podrá disponer la entrada automática de las EE.LL. incluidas en el modelo de cesión de tributos en los mecanismos adicionales de financiación vigentes.

5.ª Por último, el transcurso de otros dos meses en que el PMP supere en más de 30 días el plazo máximo que fija la normativa de morosidad permitirá la activación de las medidas coercitivas previstas en el artículo 25 LOEPySF y la entrada automática de la Comunidad Autónoma en los mecanismos adicionales de financiación vigentes, en los casos que disponga el MINHAP.

La propuesta es muy positiva ya que pretende asegurar el cumplimiento de los plazos de pago de la Administración. Sin embargo el mecanismo previsto se activa por el incumplimiento del promedio medio de pago (PMP). Es decir, que si se fija en 180 días (el que tienen ahora las CCAA) solo cuando se incumpla este plazo es cuando se inicia el proceso para pagar a los 30 días, no antes. También se echa en falta que cuando se refiere a entidades locales no se refiere a todas, sino solo a las de gran población que tiene cesión de tributos, y el mecanismo de retención por parte del MHAP para pagar directamente al proveedor, solo se recoge en el apartado de las comunidades Autónomas, no en el de entidades locales. Esperemos que esto no quede solamente en un “guiño” a quien sufre la morosidad, y que cuando se concrete esta propuesta en el correspondiente proyecto de ley se salven estos aspectos;  la retención del recurso por parte del MHAP y el pago desde el Estado al proveedor, cualquiera que sea la Administración, y que se active el mecanismo cuando el PMP sea superior a 30 días.

Las reorganizaciones y supresiones de servicios han de motivarse adecuadamente para no ser anuladas por los Tribunales.

En estos tiempos los cargos públicos cada vez son más remisos a dar explicaciones de sus decisiones, (no hablemos ya de dar razones con el fin de convencer). Sobre todo cuando se trata de supresiones o de recortes de servicios que se hacen sobre criterios de oportunidad. Seguramente en parte porque hay quien cree que efectivamente no hay otra alternativa y por tanto no hay nada que explicar (ese mantra de “yo no quiero pero no tengo más remedio”) o quizá porque no quieren quedar condicionados con sus argumentos, lo cierto es que escasean las motivaciones y las razones. En el terreno de la administración los empleados públicos tampoco tienen muy desarrolladas sus habilidades para trasladar una argumentación (cuando la hay) a un expediente, a los antecedentes de una resolución. Desde antiguo se desarrolló y regulo más, desgraciadamente, la cultura del silencio (hoy actos presuntos) que la de la elocuencia. Cuando no hay un formulario o un modelo del que “tirar” la cosa alcanza tintes dramáticos para quienes  memorizaron y repitieron amplios temarios.

Las resoluciones y actos discrecionales que se basan en criterios de oportunidad precisan de una motivación expresa, de modo que quede justificado que la alternativa elegida se orienta a la consecución del interés público, tal como ordena el artículo 103 de la Constitución. Cuando no es así, el ejercicio de la potestad discrecional (autoorganizacion, programación, planeamiento, financiera o cualquier otra) se convierte en arbitrariedad, proscrita por el artículo 9 de la Constitución para los poderes públicos. Los Tribunales cuando revisan estos actos, además de comprobar que se han dictado por el órgano competente y que se ha seguido el procedimiento establecido, también se pronuncian sobre un tercer elemento, la explicación o motivación del fin perseguido, que no puede ser otro que el interés público. El artículo 106 de la Constitución señala que los tribunales controlan la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de esta a los fines que la justifican.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, en Sentencia de 4 de Febrero de este año por la que resuelve el recurso número 303/2012, revisa la Orden de 26 de Marzo de 2012 de la consejería de Educación por la que se suprimen plazas de profesores. La modificación de plantilla no está motivada.  En sede jurisdiccional la Administración autonómica argumento en su defensa que “el establecimiento de las plantillas de los centros docentes obedecen a la satisfacción  de las necesidades curriculares, lo que determina que resulte superflua la motivación demandada”.

La sentencia desestima todos los motivos de impugnación de los recurrentes (vulneración de derechos sindicales, jerarquía normativa, la pendencia de concursos de las plazas suprimidas y la inamovilidad de los funcionarios que desempeñaban las plazas) pero con base en la doctrina del Tribunal Supremo (Sentencias de 11-6-87, 24-1-89, 31-10-94) anula la orden recurrida por falta de motivación. Para ello argumenta que sin perjuicio de la potestad que en los actos discrecionales tiene la Administración de elegir entre varias alternativas diferentes, ya que se basa en criterios de oportunidad y conveniencia, que la ley no determina sino que deja a su elección, pudiendo en consecuencia optar según su subjetivo criterio; pero queda a salvo la libertad del Tribunal de examinar después si la decisión adoptada por la Administración se ha producido con arreglo a los fines para los que la ley le concedió la libertad de elegir, dado que la discrecionalidad no es arbitrariedad. Continua el razonamiento señalando que,

La potestad de autoorgnizacion de las Administraciones Públicas atribuye a estas la facultad de organizar los servicios en la forma que estime más conveniente para su mayor eficacia, a la que le compele el mandato contenido en el artículo 103.1 de la CE, sin trabas derivadas del mantenimiento de formas de gestión que se hayan podido mostrarse menos adecuadas para la satisfacción de ese mandato, potestad de autoorganizacion que aunque es característica la discrecionalidad que domina su ejercicio , no puede confundirse con arbitrariedad, siempre prohibida”.

Existe la creencia de que en la gestión pública, son tantas las garantías que han de respetarse, sobre todo de los empleados públicos, que es poco menos que imposible reformar nada. Por eso hay que migrar hacia otros espacios, hacia otra gestión, hacia lo privado.  Es como si una especie de fatal determinismo condujera a la Administración hacia un abismo, y a pesar de que se sabe del fatal desenlace, e incluso, por parte de algunos responsables, de alternativas razonables que pueden evitar lo peor, si embargo, hay una renuncia por anticipado a acometer reformas con sentido, razonables y razonadas.

Esto no es así. Los Gobiernos disponen de un conjunto de potestades discrecionales suficientemente amplio para decidir, conforme a criterios de oportunidad, la forma mas conveniente a los intereses generales. Se puede hacer todo aquello que es beneficioso, lógicamente respetando un procedimiento y unos derechos e intereses en juego, como en cualquier otro ámbito,  también en el privado hay que respetar unas normas.  Algunos que vivimos reformas importantes en otros tiempos sabemos que las alternativas son posibles, definirlas e implementarlas. Ni siquiera el derecho al cargo de los funcionarios, elemento esencial a tener en cuenta en cualquier reforma, es un elemento impeditivo. Como bien dice la Sentencia del Tribunal Superior de Castilla La Mancha que comentamos, no es un derecho que pueda impedir a la Administración realizar los cambios en la organización y en la prestación de los servicios que sean necesarios. La Administración no quede quedar condenada a un inmovilismo que le impida adaptarse a los tiempos  y circunstancias, de forma que no pueda servir de la mejor manera a los intereses generales. Una vez mas el Tribunal, recogiendo la doctrina jurisprudencial, señala que el derecho al cargo no quiere decir la permanencia en un destino o puesto determinado.

Lo que ocurre es que las reformas para ser viables, jurídica y socialmente, necesitan ir acompatañadas de las razones, de su conveniencia, para convencer por lo menos jurídicamente en los Tribunales. No se debe de olvidar aquella máxima de que “quien convence siempre vence”.

El TC restringe el gobierno de las ciudades a los concejales únicamente

La ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local modificó de manera muy sustancial la ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL). Fijó el régimen de derechos políticos y económicos de los concejales no adscritos (tránsfugas), modificó el régimen de mayorías para determinados asuntos del pleno, introdujo dos títulos nuevos -uno para regular el régimen de los municipios de gran población y otro para tipificar las infracciones y sanciones que pueden poner las entidades locales- además de modificar más de una veintena de artículos de la LRBRL. Sin embargo, lo más esperanzador de aquella reforma para la gente del ámbito local, municipal, era sin duda aquel planteamiento de la reforma de clarificar las funciones de gobierno, que las dejaba en manos del alcalde, sus concejales delegados y la junta de gobierno (que había venido a sustituir las antiguas comisiones de gobierno) de las funciones de control, deliberación, fiscalización y aprobación de las cuestiones normativas y de las estrategias de la ciudad que quedaban en manos del pleno. Este planteamiento de desarrollo institucional de los municipios dotando a los plenos, integrados por el alcalde y concejales elegidos por sufragio, de todas las posibilidades en torno al debate y deliberación sobre las cuestiones de la ciudad así como el control y fiscalización del alcalde y su gobierno a quien también se reforzaban sus funciones ejecutivas, depurando pleno y gobierno de funciones impropias que venían realizando, propias de reminiscencias de otros tiempos y que entorpecían gravemente el funcionamiento diario, era un planteamiento esperanzador. Esta reforma estaba acorde con los tiempos. El libro blanco de la reforma de  régimen local ya en ciernes y del Anteproyecto de Ley Gobierno Local que un poco después se presentaría y que nunca llego a sede parlamentaria.

En esta línea de reforzamiento de las funciones ejecutivas del gobierno y en la misma de control y fiscalización del pleno sobre aquél, para los municipios de gran población, el art. 126 LRBRL permitía la posibilidad de que el alcalde nombrara hasta un tercio de los miembros de la Junta de Gobierno, a personas que no tuvieran la condición de concejales de la corporación. Claramente, se estaba dando la posibilidad, a aquellos alcaldes que así lo quisieran, de configurar unos gobiernos de corte netamente ejecutivos pudiendo contar con personas que reunieran un perfil deseado para las tareas de gobierno. Se trataba de dar un tratamiento (subjetivo) a los gobiernos municipales semejante al gobierno del estado o de las comunidades autónomas, en donde es posible integrar dichos gobiernos con personas que no forman parte de sus respectivas cámaras legislativas elegidos por sufragio.

Esta reforma fue impugnada por el Parlamento de Cataluña mediante la interposición del recurso de inconstitucionalidad número 1523/2004 que impugnaba la Disposición final primera de la Ley 57/2003 que declaraba básicos una serie de artículos de esta reforma de la LRBRL y también impugnaba el art. 126 mencionado, en lo tocante a esta posibilidad que se daba al alcalde de poder nombrar hasta un tercio de miembros de la junta de gobierno, en los municipios de gran población, a personas que no tuvieran la condición de concejal de la corporación. La sentencia que ha resuelto este recurso de inconstitucionalidad STC núm. 103/2013, de 25 de abril declara ajustados a derecho todos los artículos que fueron objeto de impugnación excepto este párrafo segundo, inciso primero del artículo 126.2 de la LRBRL que lo declara inconstitucional, si bien considerando situaciones consolidadas “no susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta Sentencia las nacidas con anterioridad a la fecha de su publicación”.

La razón que ha llevado al Tribunal a declarar la nulidad de este precepto está en el art. 140 de la Constitución. Este precepto señala, como bien sabemos, que el gobierno y administración de los municipios corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales.  El Tribunal ha entendido que nuestros constituyentes quisieron dar un plus de legitimidad democrática a los gobiernos locales (sobre los gobiernos del Estado y comunidades autónomas) exigiendo que sus integrantes fueran elegidos por sufragio, cerrando de esta manera las vías al legislador ordinario para configurar gobiernos municipales con personas (profesionales) que no han sido elegidos por sufragio.

Esta interpretación tan literalista del precepto constitucional (art. 140) “desafía el sentido común” en palabras de los Magistrados que han formulado su correspondiente voto particular, Sres. Ollero Tassara y Pérez de los Cobos Orihuel. Efectivamente, el tan mentado art. 140 realiza la manifestación en cuestión después de señalar que se garantiza  autonomía municipal, y es después de tal proclama cuando señala que a los concejales y alcaldes corresponde el gobierno y administración de los municipios. A los efectos de garantizar dicha autonomía.  Inferir de ahí el razonamiento que hace el Tribunal para declarar la nulidad del precepto que nos ocupa es tal dislate que supone no contemplar la existencia de funcionarios locales (por cientos de miles) que cada día se ocupan de administrar (como empleados públicos que son) nuestras ciudades.