La aprobación de los presupuestos municipales mediante moción de confianza.

La falta de capacidad para llegar a acuerdos ha sido constante en nuestra vida política. La estrategia del conflicto, desarrollada en sus múltiples manifestaciones,   casi siempre se ha preferido por nuestros políticos sobre el consenso. De este derroche de energías  no han sido ajenas ni siquiera las políticas de proximidad que se desarrollan en las ciudades, en los barrios, en los Ayuntamientos. Los ciudadanos con  frustración observan como cosas sencillas, que no tienen color político, aparentemente sin carga ideológica que justifique mayores debates, las posiciones partidistas encontradas las colocan en el terreno de lo imposible.

Esta falta de cultura para encontrar soluciones, justifico la reforma de 1999 del llamado Pacto Local (Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y Ley Orgánica 8/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General) Esta reforma venia, entre otras cosas, a reforzar el poder de los Alcaldes. Ya que los munícipes no eran capaces de ponerse de acuerdo, es preferible que alguien mande para que así se puedan hacer las cosas. En concreto, para la aprobación de los presupuestos, cuando no resulta una mayoría para aprobarlos en el Pleno, la reforma introdujo la figura de aprobación mediante moción de confianza en el articulo 197 bis de la LOREG.

Esta institución política traída a la vida local, pretendía evitar la parálisis de los ayuntamientos sin presupuestos nuevos, a la vez que obligaba a las mayorías formadas erráticamente en el desencuentro ante al gobierno, a colocarse en posición de gobernar si realmente querían que algo se hiciera y no solamente paralizar y desgastar un alcalde hasta las elecciones siguientes, para que entonces cayera como fruta madura (aunque para entonces ya las cosas estuvieran en situación irremediable).

No podemos decir que esta medida tan sana para la vida política, casi quince años después de haberse regulado, haya solucionado el problema. Las instituciones públicas de nuestro país desgraciadamente, por lo general, no tiene la costumbre hacer un seguimiento de sus iniciativas para verificar resultados y actuar en consecuencia. Ni el MHAP   ni tampoco las Comunidades Autónomas han facilitado datos sobre las mociones de confianza planteadas y su resultado. Por eso a día de hoy se sigue especulando sobre la moción de confianza para aprobar los presupuestos en los ayuntamientos.

La clase política no acogió desde el principio esta medida con entusiasmo y muchos gobiernos en minoría prefieren la parálisis de no tener nuevo presupuesto a jugarse el sillón. Por otra parte, los funcionarios que tienen que instrumentar la iniciativa del alcalde que valientemente se lo plantea, en ocasiones se han visto asaltados por la duda sobre el procedimiento. Aunque el articulo 197 bis.5 de la LOREG señala que se entenderá aprobado el proyecto de presupuesto si en el plazo de un mes desde que el pleno municipal lo rechazo,  ¿debe exponerse al público posteriormente? En este procedimiento excepcional o especial para la aprobación del presupuesto que regula el articulo 197 bis de la LOREG, ¿como se compagina el derecho a la participación del articulo 23 de la CE?

Realmente estas cuestiones se solventan fácilmente si se tiene en cuenta la naturaleza de la institución de la moción de confianza, su funcionamiento y  finalidad, que no es otro que evitar el bloqueo y la parálisis de la acción de gobierno, permitiendo el juego democrático leal (con el interés público), y que la mayoría opositora tome la posición de gobierno. Por tanto el presupuesto queda aprobado definitivamente si mas tramite de exposición. Entre otras cosas porque si se somete a este tramite la propia oposición, con las alegaciones que puede presentar, volvería a bloquear el presupuesto y la moción de confianza nunca podría hacerse efectiva. Respecto a la participación y el tramite de audiencia  sencillamente es que no hay tal conflicto desde el momento en que esta forma de aprobación del presupuesto no prevé  tal tramite. Pero ciertamente estas cuestiones han llevado a la duda a los funcionarios municipales. Incluso algún centro directivo, en su función de asistencia y asesoramiento a corporaciones locales, claramente ha indicado sobre la necesidad de llevar a cabo el tramite de audiencia en estos casos. Este planteamiento, erróneo en nuestra opinión, ha sido acogido por alguna sentencia. Así la del TSJ de Cantabria de 20 noviembre 2006 que en una errónea interpretación de la Sentencia del TS de 6 de julio de 2005 (sentencia esta del TS que no enjuicia directamente la moción de confianza) se aparta de lo sostenido en la STSJ de Baleares de 17 de febrero de 2004, que fallaba en linea con nuestra posición.

Recientemente, la Sentencia del TSJ de Murcia 13 de Noviembre de este año con una exposición clara y un análisis riguroso de la moción de confianza  ha fallado a favor de nuestro planteamiento, en el sentido de que el presupuesto una vez rechazado por el pleno, después de que haya transcurrido un mes sin que se presente la moción de censura, se entiende aprobado, tal como señala el articulo 197 bis de la LOREG, sin necesidad de tramite de exposición pública.

Ojala que esta esplendida sentencia venga a clarificar las dudas procedimentales de los funcionarios municipales y en este tramo final de legislatura, antes de que falte menos de un año para su finalización (momento a partir del cual no se pueden presentar ya mociones de confianza) desaparezcan situaciones de bloqueo evitables en los presupuestos.

La exención tributaria del operador del servicio postal universal no alcanza al Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

 

El pasado 2 de noviembre de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la doctrina legal fijada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en su Sentencia de 7 de octubre de 2013, en virtud de la cual se fijaba como doctrina legal que la exención tributaria establecida en el artículo 22.2 párrafo segundo de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal no alcanzaba a los bienes inmuebles desde los que se prestaba el servicio postal universal. Concretamente el fallo fijaba como doctrina legal que:

«El artículo 22.2, párrafo segundo, de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, debe ser interpretado en el sentido de que la exención tributaria que establece a favor del operador designado por el Estado para la prestación del servicio postal universal no alcanza a los bienes inmuebles desde los que provee tal servicio y las demás prestaciones postales que realiza en régimen de competencia con otros operadores del sector».

Esta doctrina legal viene a zanjar por fin la cuestión sobre la exención de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos (en adelante Correos) respecto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (en adelante IBI), en relación a la oficinas y almacenes que tiene en propiedad este operador postal para la realización de varios servicios postales.

En los últimos años, son muchas las reclamaciones administrativas y jurisdiccionales que Correos ha interpuesto frente a las liquidaciones del IBI, y otros tributos locales, de los municipios de España, amparándose en todo momento en la exención tributaria establecida en un primer momento en el artículo 19.1 de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, y ahora en el segundo párrafo del artículo 22.2 de la citada Ley 43/2010.

El artículo 22.2 de la Ley 43/2010 establece que el operador designado por el Estado para la prestación del servicio postal universal quedará exento de los tributos que graven su actividad vinculada al servicio postal universal, excepto el impuesto sobre Sociedades.

El Tribunal Supremo rechaza la aplicación de la exención del artículo 22.2 respecto al IBI, ya que como se establece en dicho artículo la exención tributaria se refiere a aquellos tributos cuyo hecho imponible grave la actividad vinculada al servicio postal universal, circunstancia que no ocurre en el caso del IBI, ya que el hecho imponible de este impuesto es la titularidad de ciertos derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales.

Por lo tanto, en ningún momento el hecho imponible del IBI está relacionado con la actividad de Correos, concretamente la actividad vinculada al servicio postal universal, sino con la mera titularidad de ciertos derechos sobre bienes inmuebles.

A mayor abundamiento, la Sala establece que la exención del artículo 22.2 no se trata de una exención subjetiva que beneficie a Correos en todo caso y circunstancia, sino que se trata de una exención objetiva que atiende a la naturaleza de la actividad desarrollada y a su vinculación con el servicio postal universal.

 Esta doctrina legal que se fija por el Tribunal Supremo puede ser aplicada en el resto de tributos locales, como pueden ser tasas, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, etc.; ya que estos tributos no tienen como hecho imponible la actividad desarrollada por Correos como operador designado por el Estado para la prestación del servicio postal universal, sino que en el caso, por ejemplo, de las tasas municipales el hecho imponible es la  utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local, por lo que Correos debe en todo caso abonar este tipo de tributos.

 A partir de ahora, y a la luz a de esta nueva doctrina legal, cuando Correos impugne las liquidaciones de los tributos locales, amparándose en la exención tributaria establecida en el segundo párrafo del artículo 22.2 de la Ley 43/2010, deberá realizarse un examen del hecho imponible que se grava con el tributo, para comprobar si el tributo grava la actividad de Correos, y concretamente la actividad exclusiva de la prestación del servicio postal universal.

A propósito de la suspensión cautelar de sanciones a los empleados públicos.

En el ámbito de la solicitud de adopción de medidas cautelares en sede judicial por la parte recurrente, suele suceder que, a partir de la aplicación de un conjunto de principios y criterios jurisprudenciales, más o menos definidos, el juzgador termine decantándose de uno u otro lado –solicitud suspensión de la sanción versus ejecución anticipada-, en función de la distinta relevancia que decida otorgar a unos u otros principios o derechos.

Así, en este juicio anticipado –cognición limitada-, lo que parece prevalecer, más que otros elementos, es la intuición del juzgador, que le lleva a decidir en primer término si accede o deniega la medida cautelar solicitada, para después redactar la fundamentación jurídica correspondiente, dando mayor o menor peso específico a los distintos criterios y requisitos propios de las medidas cautelares.

La combinación que se plantea entre estas condiciones de las medidas cautelares, y los principios propios del procedimiento disciplinario del personal al servicio de la Administración Pública, da lugar a una múltiple disyuntiva de principios y derechos, que aparece claramente reflejada en la reciente Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 2 de abril de 2012 (JUR/2012/144904), que merece por ello ser objeto de comentario.

 Así, en el caso enjuiciado por la Sala aparecen contrapuestos los siguientes principios y derechos:

  • La presunción de legalidad del acto administrativo frente a presunción de inocencia del funcionario sancionado.
  • La posibilidad de pérdida del trabajo frente a inamovilidad propia del derecho al cargo del funcionario.
  • La existencia de perjuicios económicos por la suspensión de empleo y sueldo frente a la presumida solvencia de la Administración en cuanto a la restitución de esos derechos económicos.
  • El interés particular del funcionario frente a los fines preventivos y ejemplarizantes de la potestad disciplinaria, como representación del interés general.

Y, como decíamos, la prevalencia que, en el caso concreto, el juez o tribunal decida otorgar a esta múltiple dicotomía será la que determine, en última instancia, el pronunciamiento final sobre la concesión o denegación de la medida cautelar solicitada, en ese juicio sumario y anticipado que constituye la pieza separada de medidas cautelares.

La Sentencia seleccionada en este caso, con cita en abundante jurisprudencia del Supremo, resuelve denegar la suspensión cautelar solicitada por un funcionario sancionado por una falta muy grave lo que, en principio, parece contravenir la propia finalidad y esencia de las medidas cautelares. Veamos cuáles son las argumentaciones que llevan a la Sala a resolver que el funcionario deba cumplir la sanción antes de celebrarse la vista:

     i) En relación con la concurrencia del perjuicios de imposible o muy difícil reparación (periculum in mora), señala la Sala (F.J. III) que “si las sanciones consisten en suspensión de empleo y sueldo, que no pérdida definitiva de uno y de lo otro, su ejecución inicialmente no origina un daño irreparable o de muy difícil reparación, pues cumplidas aquellas (el funcionario) se reincorporará a su puesto de trabajo y percibirá sus retribuciones”

De esta forma, lo que constituye la propia esencia del estatuto del funcionario –la titularidad de una plaza- tiene aquí efectos perversos y se vuelve en contra del funcionario, pues siempre cabrá sostener que el funcionario puede reincorporarse a su plaza y recibir las retribuciones no abonadas tras ser indebidamente suspendido de empleo y sueldo.

Pero este discutible razonamiento de la Sala de Castilla y León tiene ciertamente respaldo en el Auto de 11 de abril de 2005 de la Sala 3ª del Supremo que, en relación con la suspensión cautelar de sanciones disciplinarias a funcionarios públicos, señala lo siguiente, en su F.J. II:

“Cuando tal resolución se dicte, si es estimatoria, podrá el recurrente obtener la plena reposición de sus derechos morales, profesionales y patrimoniales, pues ningún obstáculo legal o económico lo impedirá. No estamos en presencia de un supuesto en el que el disfrute del derecho a la tutela judicial efectiva requiera la suspensión de la ejecución del acto objeto del recurso.”

Desde esta perspectiva jurisprudencial, si no existe obstáculo legal o económico para la plena reposición del funcionario que ha cumplido una sanción que, posteriormente, resulta revocada, nunca cabrá aducir la existencia de “periculum in mora”.

     ii) Por lo que se refiere al requisito conocido como fumus boni iuris (apariencia de buen derecho a favor de quien solicita la medida cautelar), queda descartado por la Sala en la medida en que no concurre un supuesto de nulidad absoluta con el carácter de notoria que según jurisprudencia reiterada y uniforme de la Sala 3ª del Tribunal Supremo pueda permitir la adopción de una medida cautelar”.

Tampoco por esta segunda vía tiene fácil el funcionario recurrente acceder a la suspensión cautelar de su sanción, a menos que pueda invocar la existencia de causa de nulidad “notoria”.

Ahora bien, resulta paradójico que si existe realmente causa de nulidad absoluta, de carácter notorio, lo que haga la Administración sea precisamente ejecutar la sanción, en lugar de esperar, en su caso, al desarrollo y terminación del procedimiento judicial.

La pregunta que surge es, ¿es notoria a estos efectos una resolución dictada, por ejemplo, por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia?  Según el criterio de la Sala no, pues esto supondría una extralimitación en la “cognición limitada propia de una pieza incidental de estas características y sin prejuzgar el fondo del asunto”.

     iii) En cuanto a la valoración de los intereses en conflicto, dice la Sentencia que el interés del funcionario recurrente será mantener el puesto de trabajo, y que sus derechos funcionariales personales y económico-retributivos no queden afectados negativamente durante la sustanciación del proceso del que esta pieza incidental trae causa; el cual tiene menos importancia que el interés público consistente en impedir que exista una apariencia de que la comisión de una falta grave no tiene una respuesta administrativa rápida e inmediataque refleje indudablemente el reproche o censura de ilegalidad que la misma merece, al mismo tiempo, en la necesidad de evitar de manera eficaz el serio riesgo de que el funcionario sancionado incurra en una reiteración de conductas análogas o parecidas (Auto de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2005: fundamento de derecho 4º); los cuales integran los fines preventivos general y particular propios de la potestad disciplinaria.

La aplicación de este criterio de respuesta rápida e inmediata frente a presuntas infracciones, deja en situación muy debilitada los intereses personales y económicos del funcionario; pues como ya se adelantó, se parte de que estos perjuicios siempre son reparables a juicio de la Sala.

Complicado lo tiene el funcionario que ha sido sancionado disciplinariamente, y pretenda que no se ejecute provisionalmente la sanción hasta que se dicte Sentencia, si ha de someterse a la aplicación de los criterios jurisprudenciales que aquí se han expuesto.

Responsabilidad del contratista de obras públicas una vez transcurrido el plazo de garantía

Una vez finalizada la ejecución de grandes obras por parte de nuestras Administraciones –piscinas y complejos deportivos, auditorios, aparcamientos subterráneos, nuevas instalaciones y dependencias municipales- toca, en muchos casos, hacer frente a los desperfectos que, el transcurso del tiempo, termina  por hacer patentes.

En este contexto, no está de más recordar que el ámbito y alcance de la responsabilidad del contratista de obras públicas, no termina en nuestra normativa sobre contratos del sector público con la finalización de las obras y su recepción por la Administración contratante; ni tampoco por el mero transcurso del plazo de garantía estipulado en el contrato (normalmente un año).

Existen por el contrario mecanismos legales que permiten, en ciertos casos, hacer frente a aquellos desperfectos que se manifiestan transcurridos las anteriores fases de recepción y puesta de la obra a disposición de los usuarios, y del transcurso del periodo de garantía estipulado.

Para ello, se encuentra legalmente previsto el recurso a la responsabilidad del contratista por vicios ocultos en la construcción, que abarca un plazo de quince años, a efectos de poder reclamar daños y perjuicios a la empresa contratista.

Concretamente, en nuestra vigente legislación de contratos del sector público, el artículo 236 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público determina la responsabilidad del contratista en aquellos supuestos en que la obra se arruina con posterioridad al plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción:

“Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción.”

Para que opere esta responsabilidad del contratista han de concurrir, de acuerdo con el precepto legal y la doctrina jurisprudencial recaída en esta materia, las siguientes circunstancias o requisitos:

1º) Que la obra ejecutada se arruine.

En este sentido la doctrina jurisprudencial viene considerando que la ruina de una edificación o construcción se produce no sólo cuando la misma ha de derribarse o derruirse, por resultar totalmente inservible, sino también cuando la misma resulta inapropiada para el uso normal a que se destina (ruina funcional).

Así, el Tribunal Supremo señala que “se aprecia la ruina funcional cuando los defectos tienen una envergadura o gravedad que exceden de las imperfecciones corrientes haciendo inútil o impropia la cosa para su finalidad” (STS, Sala 1ª, de 20 de diciembre de 2006)

En este mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 23 mayo 1983, pone de manifiesto lo antes expresado: que no es necesaria la ruina de la construcción, en sentido literal, para que opere el mecanismo de imputación de responsabilidad del contratista:

“Que, de momento, se anticipa que en este caso no se ha producido la ruina de la edificación en litigio, lo que no ha de ser motivo para que por esta sola circunstancia haya que dar por descartada la aplicación de este precepto legal, ya que la expresión contenida en éste, «Si la obra se arruina…», viene a representar una hipótesis indeterminada, que obliga en cada caso a concretarla, siguiendo los dictados de la lógica y del buen sentido, que son los que aconsejan no ser necesaria una ruina de la construcción, tal y como ésta se entiende literalmente, para que deba operar el mecanismo de la imputación de unos daños a la persona o entidad culpable de los mismos, en cuanto los mismos revistan cierta entidad y gravedad.

Igualmente, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña núm. 809/2007 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5, de 22 de octubre, aplica el concepto de ruina funcional a un supuesto similar al que aquí se plantea:

“SÉPTIMO -Entrando pues en el fondo del asunto, de lo actuado se desprende que en la obra pública de referencia, concurren evidentes vicios constructivos, que se ponen de manifiesto en los diversos y sucesivos informes obrantes en el expediente administrativo, y señaladamente, en los dictámenes periciales emitidos por los Arquitectos Sres. Bartolomé, a instancias del Ayuntamiento, Juan María, designado en el recurso contencioso 594/98 (JUR 2993, 221971), Gonzalo, designado en este proceso, y el Arquitecto Técnico Sr. Pedro Miguel, a instancias del actor Sr. Narciso, completándose todo ello con los ilustrativos reportajes fotográficos incorporados a las actas notariales de presencia, levantadas en el Pabellón Polideportivo “La Corxera” en fechas 3 de febrero de 1998, 15 de noviembre de 2001 y 19 de febrero de 2003.

(…) Las filtraciones de agua alcanzaban, inundándolas, diversas zonas destinadas al público, almacenes, servicios y maquinaria, así como a la pista de juego, dejándola impracticable, debiendo considerarse el conjunto de la instalación deportiva, a la vista de lo antedicho, en estado de ruina funcional, que conforme a la STS, Sala 1ª, de 26 de marzo de 2007, rec. 2127/2000 (RJ 2007, 2342), F. 2º, y las que cita, “tiene lugar en aquellos supuestos en los que los defectos constructivos inciden en la idoneidad de la cosa para su normal destino, y por consiguiente afecta al valor práctico de la utilidad, como exigencia, junto a la seguridad, de una adecuada construcción. (y así) Se aprecia la ruina funcional cuando los defectos tienen una envergadura o gravedad que exceden de las imperfecciones corrientes haciendo inútil o impropia la cosa para su finalidad” (en el mismo sentido, STS, Sala 1ª, de 20 de diciembre de 2006, rec. 1162/2000, F. 2º, en un supuesto de humedades).

Nos encontramos, en definitiva ante vicios ocultos y ruinógenos, cuando hay deficiencias que afectan a la propia estructura de los construido, y se han exteriorizado con posterioridad a las recepción de las obras, por lo que no era posible hacer salvedad alguna en aquél momento.

2º) Incumplimiento del contratista

Por otro lado, es al contratista a quien corresponde probar que la ruina sobrevenida de lo ejecutado no es imputable al incumplimiento del contrato, sino que se debe al mal uso de lo construido o a causas fortuitas ajenas al mismo. Y, en atención a la entidad de los desperfectos, y al tiempo transcurrido desde la finalización de la ejecución de las obras, podría descartarse el mal uso de las instalaciones como causa que exoneraría de responsabilidad a la empresa contratista.

En este sentido, opera en estos casos, a efectos procesales, una inversión de la carga probatoria, en tanto que constatada la ruina de lo construido se presume el incumplimiento de la contrata. Y ha de ser ésta la que deba de probar en su caso, en el correspondiente procedimiento, que la ruina de la obra obedece a la existencia de causa totalmente independiente de su intervención como empresa encargada de la ejecución de las obras proyectadas.

De esta forma, si se dan las anteriores condiciones, la empresa contratista habrá de asumir la responsabilidad derivada de los daños que puedan sufrir las obras o instalaciones ejecutadas, procediendo a la reparación a su costa, o asumiendo, en caso de negativa, el importe de los gastos que comporte la reparación de lo mal hecho.

Otro aspecto a destacar es que, a tenor del citado artículo 236 del TRLCSP,  esta responsabilidad no se encuentra sometida a condición alguna, por lo que resulta directamente exigible al contratista; sin perjuicio de las acciones de reintegro que, en su caso, el contratista decida llevar a cabo frente al técnico redactor del proyecto o frente a la dirección facultativa.

Pero esta fase posterior, de delimitación del grado de responsabilidad entre los distintos agentes intervinientes en el proceso de ejecución de las obras –proyectista, dirección facultativa, contratista e, incluso, la propia Administración, merece por sí misma una entrada aparte.

El Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de reforma local

 

El Consejo de Ministros del pasado 26 de julio ha aprobado el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (en adelante Reforma Local) que remitirá a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Este Proyecto al día de la fecha no esta disponible en las paginas web del MHAP, veremos su contenido cuando tenga su entrada en el Congreso, en el Boletín Oficial de las Cortes. Ahora de  lo único que disponemos es de la nota informativa posterior al Consejo de Ministros y de la comparecencia del Ministro.

El contenido de esta Reforma Local que lleva ya mas de un año gestándose, ha ido modificándose y desde aquellos inicios en los que se anunciaba la reducción de un tercio de concejales, la supresión de las entidades locales menores, los “costes estándares” de los servicios y otra serie de medidas, a lo que parece que ha quedado la cosa, a tenor de la nota informativa del Gobierno, hay que constatar un desinflamiento muy sustancial de la Reforma. El texto del Anteproyecto que se publico en la pagina web del Ministerio, allá por el mes de febrero de este año, ha sido objeto de diversas modificaciones y versiones, a su vez superadas por el texto que ahora se aprueba como Proyecto en el que ha debido de tener un peso importante el Dictamen del Consejo de Estado que se advertía al Gobierno de una serie de deficiencias que tenia la iniciativa de modificación legal en el terreno del respeto a la autonomía local, las deficiencias de la técnica de los costes estándares, lo impropio de reforzar (de una manera tan artificial para los tiempos que vivimos) las diputaciones y otras cuestiones no menores de técnica legislativa. Sin duda habrá tenido que ver la contestación política que esta Reforma ha tenido. Se inicio con la oposición de todas las fuerzas políticas y durante este tiempo parece que lo único que ha conseguido el Gobierno es no tener enfrente a los de su propio partido, ya que los demás (PSOE, IU, PAR, BLOQ…) siguen sin aceptarla. Incluso Cataluña ya ha anunciado que no la aplicará porque va en contra de  su Estatuto y el propio Presidente del Gobierno Vasco ha pedido que se le excluya de la Reforma.  La propia FEMP, que habitualmente ha funcionado por consenso, ha quedado un poco “tocada”.

La verdad es que en este clima de confrontación, tan poco favorable para el Gobierno, en el que los propios alcaldes populares lo único que esperan de la Reforma es que no les complique las cosas (ya de por si complicadas), desde luego no podrá ser una reforma en profundidad de la Administración Local como sigue diciendo el Gobierno. Para que hubiera sido realmente una reforma en profundidad tendría que haber tocado los elementos importantes del sistema; la financiación, (el PP ya se opuso al Anteproyecto de Ley de Gobierno Local que Gobierno del PSOE pretendía tramitar en 2006 exigiendo que primero se resolviera el problema de la financiación local) la elección de alcaldes, las listas bloqueadas/desbloqueadas, la revitalización de la participación ciudadana en las políticas de proximidad, entre otras.  Pero nada de esto que debería de revisarse se aborda.

Se acude a tres títulos competenciales del articulo 149.1 de la CE para justificar la Reforma. El articulo 149.1.13 (bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica) que el Consejo de Estado en su Dictamen ya ha señalado que no esta bien traído al caso, pues el hecho de que la redefinición de  competencias tenga consecuencias económicas, no justifica este titulo competencial del Estado, que esta pensado para sectores propiamente dichos de la actividad económica. Los otros dos, el 149.1.14 (hacienda publica y deuda publica) realmente  justificaría la tan esperada reforma de la hacienda local, pero no es el caso. Y finalmente, respecto del articulo 149.1.18 (bases del régimen jurídico de las administraciones publicas) como es bien sabido y ha puesto de manifiesto una parte importante de la doctrina académica mas autorizada, con la garantía institucional de la autonomía local puesta de manifiesto por el TC (SSTC 32/1981; 25/1983; 76/1986; 99/1987; 214/1989; 159/2001; 240/2006; 134/2011; y 132/2012)  y los estatutos de autonomía de segunda generación promulgados que han interiorizado totalmente el régimen local, realmente el Estado ya habría agotado este titulo en cuanto a creación normativa.

Los motivos que da el Gobierno de tipo económico para justificar la Reforma, (Ley Orgánica 2/2012,  de Estabilidad Presupuestaria), aunque ahora puede “vender” mucho políticamente todo esto de la austeridad,  tampoco vienen al caso. En primer lugar porque para que se cumpla la Ley de Estabilidad no hace falta otra ley, ya ella misma tiene sus propios mecanismos y prevé las consecuencias de su incumplimiento. Y además porque como el propio Ministro señalo en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, los ayuntamientos no son el problema del deficit publico de este pais, la mayoría están en situación de estabilidad.

Respecto de la tan mentada clarificación de competencias   de la que habla el Gobierno para justificar esta Reforma, señalando que se trata de evitar duplicidades y solapamientos mediante el principio de “una administración una competencia” hay que señalar que en el terreno de la gestión, desde luego que cada Administración ha de ser responsable frente a los ciudadanos de unos servicios y prestaciones. Pero esto no ha sido el problema en la historia reciente de nuestros ayuntamientos. Aquí todos sabían quien era el titular de cada cosa. Sin embargo eso no quiere decir que ante la omisión de quien tenia que hacerlo, los ayuntamientos no reaccionaran. Pero esto ya no es un problema de gestión, sino político. Y desde luego intentar que una corporación elegida por sufragio no atienda políticamente necesidades importantes para su pueblo, es intentar poner “vallas al campo” y además, esta pretensión, casa mal con la autonomía municipal y el principio de subsidiariedad que necesariamente ha de operar en las políticas asistenciales y de proximidad.

Ya veremos en que queda esta Reforma, a ver como ha quedado planteado el Proyecto y como se despacha el tramite parlamentario,  pero seguramente no queda mas que en unas medidas de cara a la ciudadanía sobre lo que han de cobrar los alcaldes, numero de concejales liberados y funcionarios de empleo, repetición de medidas de estabilidad presupuestaria, clasificar (mas que clarificar) competencias municipales, relaciones interacministrativas y seguramente muy poco mas.

Y tanto empeño del Gobierno justifican tan cortos resultados? Para que sirve todo esto? A los ayuntamientos desde luego no les va a ayudar a solventar los problemas que tienen planteados. Pero quizá para el Gobierno que como todos los gobiernos anteriores, anda metido en la quimera de reformar la Administración (ese trabajo de la CORA del que el Gobierno se siente tan orgulloso como temeroso de que no llegara a ninguna parte) estas medidas dirigidas a los últimos, los ayuntamientos mas pequeños, los que menos fuerzas tienen para causar problemas, que en su conjuntos gastan una parte muy pequeña del gasto publico total, quizá sirvan para intentar ejemplificar y demostrar, ante propios y ajenos, la capacidad de este Gobierno para cambiar las cosas.