La Reforma Local (I): primeras impresiones.

La Constitución, en su articulo 140, garantiza la autonomía de los municipios y para ello, en el corto capitulo que dedica a la Administración Local, termina señalando, en su articulo 142, que las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones. Es decir, que tal como se expresa nuestra Carta Magna, la suficiencia financiera es un medio para alcanzar el fin de la autonomía local.

Los Ayuntamientos  han venido demandando una financiación suficiente para hacer efectiva la autonomía municipal. Anclados en menos del 15 % del gasto público en estos treinta años de Ayuntamientos democráticos, el nivel de servicios se ha ido incrementando como administraciones mas próximas conforme las necesidades lo demandaban. En estos años de crisis las prestaciones de atenciones a las personas se han incrementado. Sin embargo, la participación en la gestión del gasto público nunca ha alcanzado siquiera el porcentaje señalado. Ya desde hace bastantes años los alcaldes, quizá por su incapacidad para hacer valer su poder político e institucional, de manera triste y penosa han venido hablando de que lo que hacían (sin financiación) y no les correspondía, que era de otras instancias institucionales -del Estado y de las CC AA-,  que estaban realizando competencias impropias. El Estado, que venia ya preparando desde hace años la reforma del régimen local, ha rematado la faena solucionando a la vez el problema de “lo mucho que hacen” (competencias impropias) con “lo poco que tienen” (financiación local, cumplimiento del articulo 142 CE). La manera ha sido bien sencilla: cada administración que haga lo que le corresponde (cada administración una competencia) y solo se puede hacer aquello para lo que hay financiación (véase el articulo 7  y 116 bis) de la LRBRL en su nueva redacción y el 28 de la misma norma que ha quedado sin contenido).

Con esta forma tan ramplona se viene a subvertir el orden constitucional de medios y fines. Porque claro, la financiación municipal, con nuestro sistema fiscal, depende en gran medida de las transferencias del Estado y las CCAA. Los recursos municipales (según el informe de fiscalización del TC de 2011) por impuestos alcanzan el 35 % y por tasas y otros ingresos el 16%. Por tanto, si no se dispone de financiación suficiente en los Ayuntamientos, sencillamente, no se está dando cumplimiento al mandato constitucional de que los pueblos y ciudades tengan autonomía. En otros niveles de la administración -Estado y CCAA- no se aplica a rajatabla esa máxima de hacer solo lo que se puede pagar, se acude al déficit y al endeudamiento. Sin embargo, la administración mas próxima a los ciudadanos, la que tiene que atender a las personas, solo puede hacer aquello que puede pagar. Si a esto se le añade que la financiación viene del Estado y, en menor medida, de las CCAA, resulta que solo podrán hacer los Ayuntamientos aquello que se les permita, quedando en un segundo plano la autonomía que garantiza la CE. Esta nueva forma de resolver la financiación local viene recogida en el nuevo apartado 4 del articulo 25 de la LRBRL.

La autonomía local se concreta en las leyes estatales y autonómicas, que atribuyen competencias concretas con respeto a la intervención municipal en la gestión de los intereses locales, tal como señalan la Carta Europea de Autonomía Local y la doctrina del Tribunal Constitucional. Ahora, con ocasión de esta Reforma Local, se dice que el legislador ha clarificado las competencias locales (propias y delegadas) en los nuevos artículos 25 a 27 de la LRBRL. Sin embargo, realmente solo el articulo 26 establece unas verdaderas bases del régimen local garantizando los servicios mínimos que en todo caso han de prestarse por los municipios dependiendo de su población. El articulo 25 habla de las competencias propias que podrán ejercer de un listado de materias en los términos que regulen las leyes sectoriales estatales y autonómicas. Pero no asegura nada, como no puede ser de otra manera, salvo lo dispuesto para las Diputaciones a las que me referiré. El articulo 27 regula aquellas que podrán ser objeto de delegación.

Ahora bien, aquí puede haber serios problemas cuando se sustancien los correspondientes recursos de inconstitucionalidad ya anunciados. Las competencias de las CCAA las fijan la Constitución y los Estatutos de Autonomía, no una ley ordinaria. Así, por ejemplo, el legislador estatal no puede disponer de los servicios sociales, que son una competencia autonómica, como lo hace en el articulo 27 y en la Disp. Trans. 2ª cuando señala que “las CCAA asumirán la titularidad de estas competencias”. Competencias que después delegarán en los municipios y que en último caso si no delega lo seguirán haciendo los Ayuntamientos pero con “cargo a la CCAA”. Esto no es dejar las cosas claras ni en terreno jurídico, ni en el político, ni tampoco en la gestión en áreas de actividades tan importantes como los servicios sociales, la salud o la educación.

En el terreno de la gestión de los servicios, de conformidad con el artículo 116 ter) LRBRL, los Ayuntamientos deberán publicar todos los años el coste efectivo de los servicios que prestan. Este striptease al que se somete a los ayuntamientos es saludable como medida de transparencia, pero seguramente los mismos motivos que llevan a que estas medidas no se pongan en marcha con los servicios que prestan las CCAA, por las diversidades de todo tipo entre unas y otras que desvirtúan la comparación en términos homogéneos, son predicables para los municipios.

Sin embargo, esta es la anécdota, lo realmente preocupante es esa revitalización de las diputaciones, totalmente antinatural para los tiempos que corren de desafección política (cuando lo que habría que fomentar es la participación política), con el pretexto de que los servicios básicos (articulo 26) en los municipios de menos de 20.000 habitantes se presta con la misma calidad a menor precio agrupándolos todos ellos y centralizando la gestión en la  provincia. Con los datos del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de 2011, si dejamos las valoraciones  y nos atenemos a los datos, resulta que:  i) el endeudamiento de los municipios pequeños es veinte puntos porcentuales menor que el de los municipios de mas de 50.000 habitantes y treinta menos que las diputaciones; ii) los costes de los servicios son menores también en los pequeños municipios; y iii) la gestión indirecta de servicios básicos no abarata su coste.

Esta reforma supone una limitación muy seria de la potestad de autoorganizacion de los entes locales, que es una de las manifestaciones mas básicas de la autonomía de un ente, poder darse normas a sí mismo. Todo eso que la ley plantea como racionalización no son más que limitaciones para poder desempeñar sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, poder fijar sus retribuciones, nombrar personal eventual, organizar sus servicios mediante la creación de sociedades, consorcios, mancomunidades. Es lamentable que treinta años de ayuntamientos democráticos desemboquen en que otro nivel del Estado tenga que venir a limitar medios y potestades del poder local, por su propia incapacidad.

Por otra parte, el objetivo de sostenibilidad financiera es otra clara confusión de medios y fines. Se pretende alcanzar con una serie de medidas de control: mediante informes previos (y a veces vinculantes) del MHAP, del ente que ejerza la tutela financiera, de la diputación y del interventor (mas órgano de control del MHAP que del Ayuntamiento a la vista del nuevo articulo 213 TRLHL) que pudieran contravenir la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 214/1989).

El dictamen del Consejo de Estado al Proyecto de Ley fue de los mas severos (criticaba hasta la sintaxis), que ha emitido este órgano consultivo en los últimos tiempos.

Y todo esto se ha aprobado sin que el poder local (más de ochenta mil cargos públicos electos) haya sido capaz de trasladar a la opinión pública que ellos son los menos indicados para ser el chivo espiatorio de la mala imagen de los políticos. Cuando las ciudades funcionan razonablemente bien, la satisfacción de los ciudadanos con los servicios es  buena, y en medio de esta crisis que padecemos los servicios a las personas o vienen de la proximidad o no llegan de ningún sitio. Realmente, hace ya mucho tiempo que los partidos políticos neutralizaron totalmente el poder local. Los cargos locales desgraciadamente ya llevan mucho tiempo mas pendientes de las directrices de las cúpulas de sus partidos que de la ciudadanía que les da su poder institucional. No han sido capaces de articular su poder institucional frente a otras instancias y ahora, cuando la mayoría de los ayuntamientos y pueblos se juegan el ser o no ser, no han podido reaccionar.

De cualquier modo tampoco el legislador las tiene todas consigo. Esta reforma ha entrado en vigor pero todo está a la espera. A la espera de que pase el tiempo, que pase esta legislatura y a ver qué pasa. El régimen transitorio de esta ley es más sustancioso que la parte dispositiva propiamente.  Todas las medidas de calado están pospuestas a una fecha posterior, de meses, de años, o pospuesta a un desarrollo legislativo (por ejemplo, en educación Disp.Ad 15, habilitados estatales, Disp.Trans. Septima, entre otros) o reglamentario (articulo 213, entre otros).

 

 

 

 

 

El Supremo unifica criterio (de momento), con el despido de los indefinidos no fijos

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha fijado al fin criterio en relación con las posiciones alternativas que venían manteniéndose por los distintos Tribunales Superiores de Justicia, a propósito de la extinción de la relación laboral del personal indefinido no fijo al servicio de las Administraciones Públicas.

No obstante, la solución que hace prevalecer aquí el Supremo, ha de tomarse con las debidas cautelas puesto que no parece ser, ni mucho menos, un criterio definitivo; sino que, al contrario, se vislumbran varios aspectos que hacen prever variaciones en la doctrina jurisprudencial que ahora se acoge.

En anteriores entradas ya dimos cuenta del distinto tratamiento jurídico que se estaba dando a las situaciones de este personal en el momento del cese de la prestación de servicios por causa distinta a la provisión en propiedad de la plaza en cuestión.

Recordemos brevemente cuáles eran las dos posiciones confrontadas:

-De un lado, algunos Tribunales Superiores de Justicia (Castilla y León o Madrid), venían sosteniendo que, si se producía el cese de un indefinido no fijo por amortización de su plaza, había que abonar la indemnización correspondiente para los despidos por causas objetivas (artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores)

-De otra parte, otros TSJ (Valencia o Granada), habían alcanzado una solución distinta: el indefinido no fijo lleva implícita como causa de resolución de la relación laboral la amortización de la plaza, por lo que llegados a esta situación, no procedía el abono de indemnización alguna, en términos similares a como sucede en el caso de los interinos.

Esta disparidad jurisprudencial ha sido resuelta, aparentemente, por la Sala de lo Social del Supremo, mediante Sentencia de 22 de julio de 2013, fijando la doctrina jurisprudencial que ha de considerarse, por el momento, como la acertada y la que ha de seguirse por el resto de órganos jurisdiccionales en casos análogos.

No obstante, como veremos, la solución a la que llega el Supremo, aunque ampliamente fundamentada, deja entrever que esta doctrina será corregida en breve:

i)  Por un lado, la Sentencia cuenta el voto particular de 6 Magistrados, lo que da cuenta de la profunda división existente en la propia Sala y, sobre todo, del eventual cambio de criterio en el momento en que haya un cambio de mayoría en la votación.

 ii)   La propia Sentencia deja abierta la vía de que los indefinidos no fijos sean indemnizados en los términos previstos en el artículo 49.1 del E.T., es decir, 12 días de salario por cada año de servicio de forma análoga a cuando se produce la extinción de un contrato de obra o servicio determinado.

En el caso enjuiciado, la Sala viene a reconocer una “situación de trato desigual injustificado desde el momento en que se priva a los trabajadores indefinidos no fijos de la indemnización prevista en el apartado c) del número 1 del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores.” Sin embargo, no reconoce esta indemnización porque no fue planteada, “por lo que la Sala no puede decidir sobre indemnización, sin dar algo distinto de lo pedido”.

De esta forma, vemos cómo aun no resolviendo en el sentido de reconocer esta indemnización, sí queda justificada su aplicación para otros supuestos futuros en que así se plantee:

Pero en cualquier caso la eventual desigualdad se repararía reconociendo el derecho a la indemnización, no excluyendo la aplicación de una causa de indemnización prevista legalmente

El razonamiento que, en síntesis, aplica el Supremo para unificar doctrina es el siguiente: i) como el contrato indefinido no fijo está sujeto a la condición resolutoria consistente en la provisión reglamentaria de la plaza, ii) en el caso de producirse su amortización, ya no podrá realizarse esa provisión, iii) por lo que el contrato quedaría extinguido sin más conforme a lo dispuesto en el artículo 49.1 b) del Estatuto de los Trabajadores, esto es, por alguna de las causas consignadas válidamente en el contrato.

 Es decir, se produce una plena equiparación a la hora de la extinción con el contrato de interinidad por vacante.

Inmediatamente se plantea la peor condición en que quedan los trabajadores sujetos a relación indefinida no fija respecto a trabajadores temporales, en la medida en que la extinción anticipada de estos contratos, cuando concurre alguna de las causas legales previstas, sí ha de compensarse necesariamente con la correspondiente indemnización. Y, si su extinción tiene lugar por la expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio objeto del contrato, se reconoce, como se ha indicado, el derecho a una indemnización equivalente a 12 días de salario por cada año de servicio.

Así, con arreglo a esta doctrina unificada del Supremo nos encontramos con que, lo que en principio se instrumenta como una construcción jurisprudencial que tenía como fin otorgar una protección a aquellos trabajadores que eran objeto de fraude de ley, por abuso del Administración contratante e infracción de las normas sobre la contratación temporal, termina colocándolos en una situación más gravosa en el momento de la extinción de la relación laboral que la de los trabajadores temporales.

Ciertamente, no podemos compartir la argumentación que esgrime la Sala a la hora de inclinarse por una de las dos alternativas que se le planteaban. Ha de tenerse en cuenta, que en la actual coyuntura por la que atraviesa el empleo público, donde los sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado vienen manteniendo la “congelación” de la Ofertas de Empleo Público durante sucesivos ejercicios (y así vuelve a plantearlos el actual Proyecto de Ley de Presupuestos para 2014), queda en entredicho la supuesta garantía que el Supremo atribuye al indefinido en forma de acción para pedir la convocatoria de su plaza.

 Así, dice el la Sentencia comentada, en su F.J. SÉPTIMO lo siguiente:

“En segundo lugar, el contrato indefinido no fijo constituye precisamente el medio de prevención y de reacción contra la utilización abusiva de los contratos temporales por las Administraciones Públicas. Lo que sucede es que en esa garantía, por exigencias constitucionales, ha de mantenerse la necesidad de que la plaza sea objeto de convocatoria pública para garantizar su cobertura en términos de igualdad, mérito y publicidad por todos los ciudadanos.

En este sentido hay que tener en cuenta que el indefinido no fijo no queda indefenso frente a la no convocatoria de la plaza por la Administración, pues tiene acción para pedir su convocatoria. Tampoco queda indefenso ante las decisiones de amortización, pues puede impugnarlas”.

 Entendemos que estas “garantías” que el Supremo atribuye al indefinido no fijo son más teóricas que reales, y de ahí, el desacuerdo con el anterior razonamiento:

i)   Por un lado, la realidad es que en la mayoría de ocasiones el indefinido no fijo no puede identificarse con una concreta plaza que se encuentre vacante en la plantilla de personal de la correspondiente Administración Pública.

ii)  Aun existiendo una plaza vacante que coincidiera con la categoría profesional del indefinido no fijo, la acción que le atribuye el Supremo para instar la convocatoria de la plaza choca frontalmente con la actual prohibición de ofertar plazas no incluidas en Ofertas de Empleo Público.

iii)  En el caso frecuente de que ni siquiera esté creada la plaza en la plantilla de personal aprobada por el órgano competente de la Administración, las dificultades serán aún mayores, pues habría de seguirse un procedimiento judicial para que se condenara a la Administración a crear la plaza en cuestión. Y, dado el carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa, no se antoja probable que el órgano judicial sustituya la decisión organizativa que supone en última instancia la configuración de la plantilla de personal.

iv)    Tampoco parece una garantía muy sólida la posibilidad de impugnar la decisión de amortizar la plaza, como apunta la Sala, pues nuevamente si la decisión administrativa se encuentra debidamente motivada, y se ha seguido el procedimiento previsto, no parece que esta acción indirecta tenga una expectativa favorable.

v)   Finalmente, por lo que puede observarse en la práctica en muchas de estas situaciones, el propio indefinido no fijo será el menos interesado en la convocatoria de la plaza a través de un proceso público, sujeto a los principios de mérito y capacidad. No puede olvidarse que, en el caso, de personal que lleva prestando servicios en la Administración, en ocasiones durante muchos años (20 años en el caso enjuiciado), la mayor garantía que puede tener el indefinido no fijo será precisamente no tener que someterse a un proceso selectivo en concurrencia con multitud de aspirantes.

Antes bien, es sabido, que en muchas ocasiones la forma más sencilla de extinguir sin indemnización la relación de un indefinido no fijo es, precisamente, sacando la convocatoria de la plaza, para que la propia concurrencia termine expulsándolo de la Administración, superado en puntuación por candidatos más jóvenes, con mayor cualificación y más tiempo para preparar los ejercicios del proceso selectivo.

 Por estos motivos, insistimos, en que no resultan muy sólidos los razonamientos en que se sustenta el Supremo a la hora de dilucidar el debate que se había generado en torno a la extinción anticipada de la relación contractual del personal indefinido no fijo de las Administraciones Públicas; y, a la vista de la posición de efectiva desigualdad respecto a los trabajadores temporales, es de esperar una pronta rectificación de criterio, que aporte seguridad jurídica tanto a empleadores como los trabajadores sujetos a este especial vínculo jurídico con la Administración.

El Gobierno amplia los plazos para acogerse al RDL 8/2013 sin necesidad de la aprobación del Pleno

 

El Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, preveía la aprobación por los Plenos Municipales de los planes y medidas que debían acompañar la solicitud al Ministerio para acogerse a las medidas que permitierán tener la liquidez necesaria para poder cumplir con los compromisos de pago a los proveedores y así dar cumplimiento a los plazos previstos en la legislación sobre morosidad, que como sabemos es uno de los objetivos fundamentales de la política económica del Gobierno, la lucha contra la morosidad para reactivar la actividad economice.

Pues bien, esta medida de tan altas miras, en la practica se ha visto condicionada, en aquellos municipios que no tienen mayoría absoluta,  a que la oposición practique el juego limpio y la lealtad institucional.  Cuando esto no ha sido así y la actuación de los concejales de la oposición, por razones espureas  no han aprobado las medidas propuestas en el Pleno, todo este dispositivo legal del Gobierno para luchar contra la morosidad, se ha visto frustrado y en consecuencia los proveedores no verán cumplidas sus justas expectativas de cobrar y que el Ayuntamiento le deba a los bancos, que son quienes deben dedicarse a dejar el dinero.

Que toda una política del Gobierno aprobada por Real Decreto Ley en una materia tan importante como esta, (hacer que se cumplan las leyes en materia de morosidad y que se pague a terceros) quede condicionada a la voluntad de cualquier concejal que puede conformar la mayoría de su Ayuntamiento, es tanto como que la norma del Gobierno con todo su rango legal, quede en papel mojado y no sirva para nada.

Ahora desde el Gobierno han debido caer en la cuenta y con una técnica legislativa deplorable, (aunque nunca es tarde si la dicha llega) en la primera ocasión que han tenido,  han rectificado. El pasado viernes se aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras y se ha incluido en el mismo una disposición intentando corregir el problema.

 Disposición adicional tercera.Ampliación del plazo para la aplicación de las medidas del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.

1. A contar desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, se amplía el plazo previsto en el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, en un mes para que los municipios que no lo hayan hecho puedan solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas acogerse a alguna o varias de las
medidas previstas en el artículo 32 del mencionado Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio. Una vez concluido este plazo, a los municipios que presenten solicitud les resultará de aplicación todo lo previsto en el Título II del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, y, en particular, se continuará el procedimiento establecido en el artículo 32 del mencionado real decreto-ley.

2. Cuando siendo competencia del Pleno de la Corporación Local éste no alcanzara, en una primera votación, la mayoría necesaria para presentar la solicitud de acogerse a determinadas medidas, aprobar el plan de ajuste o aprobar alguna de las medidas incluidas en dicho plan de ajuste a las que se refiere el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, la Junta de Gobierno Local asumirá esta competencia. La Junta de Gobierno Local
dará cuenta al Pleno, en la primera sesión que se celebre con posterioridad a la presentación de la mencionada solicitud, de la aprobación del plan de ajuste o de alguna de las medidas en él incluidas.

3. En los casos en los que no exista Junta de Gobierno Local, por concurrir las circunstancias a las que se refiere el artículo 20.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las decisiones mencionadas en el apartado anterior corresponderán al Alcalde.

Realmente mas que ampliar el plazo, se trata ciertamente de un nuevo plazo, puesto que el plazo concedido inicialmente ya hace bastantes fechas que termino.

Pero lo realmente relevante a los fines que nos ocupan, es que con la redacción que han dado a la norma transcrita, el problema se resolverá solo en parte. Es decir se soluciona solo para aquellos Ayuntamientos incluidos en el ámbito del Titulo II del RDL 8/2013. No así para los que solo han intentado beneficiarse de las medidas de pagos a proveedores y no se encuentran en el ámbito de aplicación del mentado Titulo II, que son la inmensa mayoría. Pues bien muchos de estos tampoco han podido acogerse al plan de pagos, al no haber aprobado en sus respectivos Plenos Municipales las medidas que debían adoptarse. A estos no alcanza la medida aprobada por el Gobierno.

La aprobación de los presupuestos municipales mediante moción de confianza.

La falta de capacidad para llegar a acuerdos ha sido constante en nuestra vida política. La estrategia del conflicto, desarrollada en sus múltiples manifestaciones,   casi siempre se ha preferido por nuestros políticos sobre el consenso. De este derroche de energías  no han sido ajenas ni siquiera las políticas de proximidad que se desarrollan en las ciudades, en los barrios, en los Ayuntamientos. Los ciudadanos con  frustración observan como cosas sencillas, que no tienen color político, aparentemente sin carga ideológica que justifique mayores debates, las posiciones partidistas encontradas las colocan en el terreno de lo imposible.

Esta falta de cultura para encontrar soluciones, justifico la reforma de 1999 del llamado Pacto Local (Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y Ley Orgánica 8/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General) Esta reforma venia, entre otras cosas, a reforzar el poder de los Alcaldes. Ya que los munícipes no eran capaces de ponerse de acuerdo, es preferible que alguien mande para que así se puedan hacer las cosas. En concreto, para la aprobación de los presupuestos, cuando no resulta una mayoría para aprobarlos en el Pleno, la reforma introdujo la figura de aprobación mediante moción de confianza en el articulo 197 bis de la LOREG.

Esta institución política traída a la vida local, pretendía evitar la parálisis de los ayuntamientos sin presupuestos nuevos, a la vez que obligaba a las mayorías formadas erráticamente en el desencuentro ante al gobierno, a colocarse en posición de gobernar si realmente querían que algo se hiciera y no solamente paralizar y desgastar un alcalde hasta las elecciones siguientes, para que entonces cayera como fruta madura (aunque para entonces ya las cosas estuvieran en situación irremediable).

No podemos decir que esta medida tan sana para la vida política, casi quince años después de haberse regulado, haya solucionado el problema. Las instituciones públicas de nuestro país desgraciadamente, por lo general, no tiene la costumbre hacer un seguimiento de sus iniciativas para verificar resultados y actuar en consecuencia. Ni el MHAP   ni tampoco las Comunidades Autónomas han facilitado datos sobre las mociones de confianza planteadas y su resultado. Por eso a día de hoy se sigue especulando sobre la moción de confianza para aprobar los presupuestos en los ayuntamientos.

La clase política no acogió desde el principio esta medida con entusiasmo y muchos gobiernos en minoría prefieren la parálisis de no tener nuevo presupuesto a jugarse el sillón. Por otra parte, los funcionarios que tienen que instrumentar la iniciativa del alcalde que valientemente se lo plantea, en ocasiones se han visto asaltados por la duda sobre el procedimiento. Aunque el articulo 197 bis.5 de la LOREG señala que se entenderá aprobado el proyecto de presupuesto si en el plazo de un mes desde que el pleno municipal lo rechazo,  ¿debe exponerse al público posteriormente? En este procedimiento excepcional o especial para la aprobación del presupuesto que regula el articulo 197 bis de la LOREG, ¿como se compagina el derecho a la participación del articulo 23 de la CE?

Realmente estas cuestiones se solventan fácilmente si se tiene en cuenta la naturaleza de la institución de la moción de confianza, su funcionamiento y  finalidad, que no es otro que evitar el bloqueo y la parálisis de la acción de gobierno, permitiendo el juego democrático leal (con el interés público), y que la mayoría opositora tome la posición de gobierno. Por tanto el presupuesto queda aprobado definitivamente si mas tramite de exposición. Entre otras cosas porque si se somete a este tramite la propia oposición, con las alegaciones que puede presentar, volvería a bloquear el presupuesto y la moción de confianza nunca podría hacerse efectiva. Respecto a la participación y el tramite de audiencia  sencillamente es que no hay tal conflicto desde el momento en que esta forma de aprobación del presupuesto no prevé  tal tramite. Pero ciertamente estas cuestiones han llevado a la duda a los funcionarios municipales. Incluso algún centro directivo, en su función de asistencia y asesoramiento a corporaciones locales, claramente ha indicado sobre la necesidad de llevar a cabo el tramite de audiencia en estos casos. Este planteamiento, erróneo en nuestra opinión, ha sido acogido por alguna sentencia. Así la del TSJ de Cantabria de 20 noviembre 2006 que en una errónea interpretación de la Sentencia del TS de 6 de julio de 2005 (sentencia esta del TS que no enjuicia directamente la moción de confianza) se aparta de lo sostenido en la STSJ de Baleares de 17 de febrero de 2004, que fallaba en linea con nuestra posición.

Recientemente, la Sentencia del TSJ de Murcia 13 de Noviembre de este año con una exposición clara y un análisis riguroso de la moción de confianza  ha fallado a favor de nuestro planteamiento, en el sentido de que el presupuesto una vez rechazado por el pleno, después de que haya transcurrido un mes sin que se presente la moción de censura, se entiende aprobado, tal como señala el articulo 197 bis de la LOREG, sin necesidad de tramite de exposición pública.

Ojala que esta esplendida sentencia venga a clarificar las dudas procedimentales de los funcionarios municipales y en este tramo final de legislatura, antes de que falte menos de un año para su finalización (momento a partir del cual no se pueden presentar ya mociones de confianza) desaparezcan situaciones de bloqueo evitables en los presupuestos.

La exención tributaria del operador del servicio postal universal no alcanza al Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

 

El pasado 2 de noviembre de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la doctrina legal fijada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en su Sentencia de 7 de octubre de 2013, en virtud de la cual se fijaba como doctrina legal que la exención tributaria establecida en el artículo 22.2 párrafo segundo de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal no alcanzaba a los bienes inmuebles desde los que se prestaba el servicio postal universal. Concretamente el fallo fijaba como doctrina legal que:

«El artículo 22.2, párrafo segundo, de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, debe ser interpretado en el sentido de que la exención tributaria que establece a favor del operador designado por el Estado para la prestación del servicio postal universal no alcanza a los bienes inmuebles desde los que provee tal servicio y las demás prestaciones postales que realiza en régimen de competencia con otros operadores del sector».

Esta doctrina legal viene a zanjar por fin la cuestión sobre la exención de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos (en adelante Correos) respecto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (en adelante IBI), en relación a la oficinas y almacenes que tiene en propiedad este operador postal para la realización de varios servicios postales.

En los últimos años, son muchas las reclamaciones administrativas y jurisdiccionales que Correos ha interpuesto frente a las liquidaciones del IBI, y otros tributos locales, de los municipios de España, amparándose en todo momento en la exención tributaria establecida en un primer momento en el artículo 19.1 de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, y ahora en el segundo párrafo del artículo 22.2 de la citada Ley 43/2010.

El artículo 22.2 de la Ley 43/2010 establece que el operador designado por el Estado para la prestación del servicio postal universal quedará exento de los tributos que graven su actividad vinculada al servicio postal universal, excepto el impuesto sobre Sociedades.

El Tribunal Supremo rechaza la aplicación de la exención del artículo 22.2 respecto al IBI, ya que como se establece en dicho artículo la exención tributaria se refiere a aquellos tributos cuyo hecho imponible grave la actividad vinculada al servicio postal universal, circunstancia que no ocurre en el caso del IBI, ya que el hecho imponible de este impuesto es la titularidad de ciertos derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales.

Por lo tanto, en ningún momento el hecho imponible del IBI está relacionado con la actividad de Correos, concretamente la actividad vinculada al servicio postal universal, sino con la mera titularidad de ciertos derechos sobre bienes inmuebles.

A mayor abundamiento, la Sala establece que la exención del artículo 22.2 no se trata de una exención subjetiva que beneficie a Correos en todo caso y circunstancia, sino que se trata de una exención objetiva que atiende a la naturaleza de la actividad desarrollada y a su vinculación con el servicio postal universal.

 Esta doctrina legal que se fija por el Tribunal Supremo puede ser aplicada en el resto de tributos locales, como pueden ser tasas, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, etc.; ya que estos tributos no tienen como hecho imponible la actividad desarrollada por Correos como operador designado por el Estado para la prestación del servicio postal universal, sino que en el caso, por ejemplo, de las tasas municipales el hecho imponible es la  utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local, por lo que Correos debe en todo caso abonar este tipo de tributos.

 A partir de ahora, y a la luz a de esta nueva doctrina legal, cuando Correos impugne las liquidaciones de los tributos locales, amparándose en la exención tributaria establecida en el segundo párrafo del artículo 22.2 de la Ley 43/2010, deberá realizarse un examen del hecho imponible que se grava con el tributo, para comprobar si el tributo grava la actividad de Correos, y concretamente la actividad exclusiva de la prestación del servicio postal universal.