Los Ayuntamientos ante los cortes en el suministro de energía eléctrica de sus servicios

Recientemente, ante la situación de penuria económica que están atravesando los consistorios, resulta que las compañías electricas están recurriendo al corte del suministro debido al impago de los ayuntamientos, con la finalidad de presionar para cobrar sus deudas por el servicio prestado. Desde luego no tenemos nada que objetar a que las compañías reclamen sus deudas. Sin embargo la cuestión se centra en analizar la adecuación a derecho de esta practica, recurrir al corte del suministro, para obligar a los ayuntamientos al pago. Desde aquí hemos querido dar unas pinceladas, fundadas en derecho, para que desde los ayuntamientos puedan posicionarse frente a esta practica que se esta extendiendo.

1. NATURALEZA ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se ha pronunciado acerca de la naturaleza administrativa del contrato entre el ayuntamiento y la empresa  suministradora de energía, tal y como pone de manifiesto la STS de de 30 abril 2002, que señala lo siguiente:

“Como ya tiene reiteradamente declarado este Tribunal, tanto por esta Sala como por la Sala Primera de lo Civil sentencias de 9 de octubre de 1987 ( RJ 1987, 6931) y de 28 de octubre de 1991 ( RJ 1991, 7241) y sentencias de 30 de mayo de 1983 ( RJ 1983, 3462) , 11 de marzo 1985 ( RJ 1985, 1503) , entre otras, nuestro ordenamiento jurídico, utiliza como criterio definidor de los contratos administrativos, el  teleológico, cuando en el artículo 3 de la Ley Jurisdiccional somete a su esfera las cuestiones referentes al cumplimiento, inteligencia, resolución y efectos de los contratos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, cuando tuvieron por finalidad obras y servicios públicos de toda especie, entendido el concepto en la acepción más amplia para abarcar cualquier actividad que la Administración desarrolla como necesaria en su realización para satisfacer el interés general atribuido a la esfera específica de su competencia, y por lo mismo correspondiente a sus funciones peculiares, misión que ciertamente cumple y persigue la contratación aquí litigiosa, puesto que el suministro de energía eléctrica a la Casa Sindical sevillana está directamente encaminado a la realización de los fines de interés público perseguidos por la Organización Sindical, abonando la misma conclusión de considerar tal contrato como administrativo, la circunstancia de que la Ley de Contratos del Estado de 8 de abril de 1965 ( RCL 1965, 771 y 1026; NDL 7365) , modificada por la Ley de 17 de marzo de 1973 ( RCL 1973, 500, NDL 7394) , asigna tal  calificación no sólo a los contratos de ejecución de obras, gestión de servicios públicos y prestación de suministros sino además, y entre otros, a los de contenido patrimonial de préstamo, depósito, transporte o arrendamiento, sociedad o cualquiera otros que revistan vinculación al desenvolvimiento regular de un servicio público”.

2. TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRATIVO ESPECIAL

Si atendemos a los criterios tomados en cuenta en la doctrina jurisprudencial para calificar la naturaleza de este tipo de contratos como contrato administrativo- cualquier actividad que la Administración desarrolla como necesaria en su realización para satisfacer el interés general atribuido a la esfera específica de su competencia, y tenemos en cuenta la legislación de contratación administrativa vigente –Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP)- este tipo de contratos es susceptible de ser calificado como contrato administrativo especial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la LCSP, que dispone lo siguiente:

“Los contratos de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla, siempre que no tengan expresamente atribuido el carácter de contratos privados conforme al párrafo segundo del artículo 20.1, o por declararlo así una Ley”.

Asimismo, dicho artículo, en su apartado segundo regula la normativa aplicable para este tipo de contratos, que señala lo siguiente:

“Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado anterior les serán de aplicación, en primer término, sus normas específicas.”

3. LEGISLACIÓN APLICABLE.

De conformidad con lo anterior, sería de aplicación la siguiente legislación:

  • Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
  • De forma supletoria, la LCSP y demás regulación administrativa.

Y en cuanto a las normas concretas que regulan la posibilidad de suspensión del contrato, viene contenida en el artículo 85.2 del citado RDL 1955/2000, que establece lo siguiente:

En el caso de las Administraciones públicas la empresa distribuidora podrá proceder a la suspensión del suministro por impago, siempre que el mismo no haya sido declarado esencial, si transcurridos cuatro meses desde el primer requerimiento dicho pago no se hubiera hecho efectivo.

Por tanto, en el caso de las administraciones públicas, para proceder a la suspensión del suministro por impago, deben concurrir los siguientes requisitos:

  • Que no se trate de un suministro a uno de los servicios declarados esenciales. Esta declaración corresponde al Ayuntamiento en el marco legal que se señalará después, (apartado 5).
  • Que en caso de que no se trate de servicio esencial, que hayan trascurrido cuatro meses desde que presentó reclamación ante la administración.

4. ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES ESENCIALES.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de la improcedencia de la suspensión del suministro eléctrico a las entidades locales. Entre ellas, la Sentencia de 15 octubre 1988 señalaba lo siguiente:

“por ningún motivo, ni aun por demora en el pago, podrá el contratista interrumpir el cumplimiento del contrato…», aunque dicho precepto deja a salvo los efectos previstos en el artículo 94 de dicho Reglamento; estando la racionalidad del aludido artículo en el límite del «interés público» que ha de prevalecer sobre el interés privado «de las entidades suministradoras», las cuales tienen a su alcance medios jurídicos adecuados, tanto para el restablecimiento del equilibrio económico que el incumplimiento de pago ha menoscabado, -abono de intereses legales-, como para lograr su efectividad por medio del proceso ante el Organo Jurisdiccional competente, caso de resultar infructuosa la reclamación ante la Administración”.

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremos en sus sentencias de 15 octubre 1988;  de 19 octubre 1989; de 3 abril 1990; de 21 junio 1991; de 19 enero 1994; de 16 mayo 1997; de 21 diciembre 1998; de 21 mayo 1999; de 4 noviembre 1998.

5. SERVICIOS DE CARÁCTER ESENCIAL.

Respecto de este asunto, por regla general, las sentencias del Tribunal Supremo han venido entendiendo como Servicios Esenciales, no sólo los servicios que el Ayuntamiento debe de prestar en todo caso, recogidos en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  sino todos los recogidos en el artículo 25.2 de la citada ley. Así se señala en la sentencia de 19 enero 1994, que se expone a continuación:

“Ese carácter «imprescindible» del servicio eléctrico para el cumplimiento de fines generales del Municipio, de los que el alumbrado público es ciertamente uno primordial pero sin excluir las dependencias y actividades municipales necesarias en el cumplimiento de otros servicios públicos que vienen encomendados a las Entidades Locales (art. 25.2 de la Ley 7/1985 de Bases citada), se sitúa en el marco general de la actuación de la Administración del art. 103.1 de la Constitución por lo que no pueden, por tanto, acogerse las alegaciones de desviación de poder y de discrecionalidad inmotivada en la denegación de la interrupción del servicio. La legalidad del acto deviene de la normativa señalada que regula la contratación de las Corporaciones Locales (art. 112.2 del Texto Refundido en materia de Régimen Local, citado) y su aplicación conforme a los principios constitucionales es razonable atendido el interés general que se pretende tutelar y los fines protectores del interés público que la denegación cumple, no resultando acreditado”.

Asimismo, la sentencia de 21 diciembre 1998, se pronuncia en el siguiente sentido:

“No puede prosperar este alegato, pues el contrato de suministro cuestionado reviste naturaleza administrativa precisamente por el fin público perseguido, lo que basta para la aplicación del artículo 56 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, sin que, por otra parte, quepa poner en duda el interés general en el alumbrado público para los días que señala la resolución impugnada, ya que con arreglo al artículo 25 de la Ley de Bases del Régimen Local ( RCL 1985\799, 1372 y ApNDL 205) el Municipio puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, entre los cuales deben entenderse incluidas las fiestas populares, apareciendo recogidos en el apartado 2 l) y m) de dicho precepto el alumbrado público y las actividades o instalaciones culturales, la ocupación del tiempo libre y el turismo, títulos competenciales todos ellos conectados con la celebración de las fiestas que requerían el adecuado alumbrado público, a lo que debe añadirse que la Constitución viene a reconocer un interés público protegible en las actividades de naturaleza recreativa o lúdica al disponer en el artículo 43.3 que los poderes públicos «facilitarán la adecuada utilización del ocio», siendo innegable que las festividades populares constituyen una tradicional manifestación de expansión ciudadana, acorde con el ocio que los poderes públicos deben facilitar”.

6. AMPLIACIÓN DEL SERVICIO

La sentencia de 21 junio 1991 señala que:

“la ampliación del suministro de energía eléctrica, no es sino una fase derivada del suministro, sin que pueda desvincularse del mismo”.

Por tanto, en base a lo anterior, el hecho de que nos encontremos en situación de impago, no implica que no podamos contratar nuevos suministros, conforme a la sentencia anteriormente trascrita y tratándose de servicios esenciales.

¿Para que va a servir la Ley de Gobierno Local que anuncia el Estado?

El Consejo de Ministros del pasado viernes  19 de noviebre, aprobó el programa legislativo prioritario que contempla el Gobierno para el periodo que va desde diciembre hasta junio del próximo año. En él se contempla la Ley de Gobierno Local para marzo de 2011. De cumplirse esta previsión el trámite de aprobación de la ley se solaparía con la precampaña (y seguramente con la campaña también), de las elecciones municipales que tendrán lugar en el mes de mayo y de las que saldrán los nuevos ayuntamientos que se enfrentarán, en la mayoría de los municipios, a una situación dificíl con respecto a la viabilidad de los servicios que se vienen prestando. En muchos casos, los alcaldes que resulten elegidos, (si se me permite la metáfora informática), van a tener que “reiniciar” sus ayuntamientos. Ante la noticia y la situación de los consistorios, la pregunta no se hace esperar, ¿va a servir esta ley que se anuncia  para resolver los problemas que actualmente tienen los municipios? ¿Está el Gobierno en condiciones de liderar una reforma del regimen local que haga realidad, en el contexto autonómico, los principios de autonomía y suficiencia financiera que la Constitucion consagra? Nos preguntamos si hay un nivel de consenso suficiente entre las fuerza políticas para afrontar determinados problemas de calado como, por ejemplo, el excesivo número de municipios con escasa viabilidad o la reforma del régimen electoral. Ésta última, para asegurar la elección de alcaldes sin echar mano de minorías que vendan caro su voto.  ¿Se van a sustituir los actuales mecanismos de tutela (en el terreno financiero),que no han conseguido evitar situaciones muy perjudiciales para ayuntamientos gobernados de forma irresponsable, por otras medidas realmente eficaces?

Ya en el 2006 el Consejo de Ministros del dia 7 de julio recibió informe sobre el Anteproyecto ley gobierno local, a los efectos previstos en el artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.  Del contenido de aquel texto de Anteproyecto de Ley de Gobierno Local y de los puntos que destacó el Gobierno de esta reforma, se desprende claramente que no nos encontramos ante un instrumento válido para afrontar los problemas que hoy tiene planteados la gobernación de los pueblos y ciudades de España. En este anteproyecto, que entendemos que seguira siendo la base del proyecto que prepara el Gobierno ahora, no hay medidas de calado. Dicho de otra forma, para esa regulación no hace falta una nueva ley. Es preferible mantener el marco actual y guardar la ocasion de una nueva ley para cuando políticamente se esté en condiciones de acomenter una iniciativa legislativa capaz afrontar los problemas que hay planteados en el ámbito que se regula.

En aquel entonces, allá por el año 2005 que fue cuando se gestó el Anteproyecto de la Ley de Gobierno Local, la iniciativa tenía su razón de ser. Se estaba preparando la reforma de muchos de los estatutos de autonomia: Cataluña, Andalucia, Aragón, Comunidad Valenciana, entre otros.  En este contexto de reordenación del bloque normativo territorial era preciso redefinir también las bases del  régimen local, a partir de las cuales las comunidades autonomas aprobaran su legislacion de desarrollo sobre el ámbito local. Aquel anteproyecto quedó paralizado, seguramente cambios de prioridades del Gobierno, o el cambio de ministro del ramo o quiza aquel desgraciado accidente de trafico de quien con tanto ahínco trabajo en aquel texto, el Director General M. Zafra.   Lo cierto es que ahora el contexto ya es otro. Los estatutos de autonomia que se tramitaron interiorizaron el regimen local en su articulado y al dia de la fecha, aunque la doctrina más autorizada señala que hay espacio para que el Estado siga regulando las bases del régimen local ( L. Parejo, T. Font y F. Velasco y O. Salazar), sin embargo politicamente se requerirán otros esfuerzos y desde luego el momento elegido, coincidiendo con la campaña electoral, tiene su singularidad.

Habrá que ver qué problemas, de los reales que tienen planteados los ayuntamientos, son los que se van afrontar en el Proyecto que se presente, para entonces valorar si el resultado puede merecer la pena.

Las televisiones locales y la legislacion autonómica

Además de aquellos servicios públicos que los Ayuntamientos vienen obligados a prestar en atención a su población, porque así lo determina el artículo 26 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), hay otra serie de servicios y actividades que las Corporaciones Locales han ido asumiendo al amparo de la cláusula genérica contenida en el artículo 25 de la citada Ley de Bases: “El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”. Dentro de esta última categoría se encuentra el servicio de televisión local, al que la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres, atribuía ya la naturaleza de servicio público, determinando la posibilidad de su gestión por los municipios mediante alguna de las formas previstas en el artículo 85.3 de la LBRL.

Posteriormente, y al amparo de las previsiones contenidas en la misma Ley de Televisión Local por Ondas Terrestres, se aprobó el Plan Técnico Nacional de la televisión digital local, que organizaba en demarcaciones territoriales a los distintos municipios que hubieran manifestado su voluntad de disponer y de gestionar, en un futuro, un canal de televisión local con tecnología digital

Pues bien, la normativa básica estatal reconoce a los municipios, por un lado, la potestad de establecer el servicio de televisión local  y, por otro lado, acordar el modo de gestión dentro de las figuras que contempla la Ley de Bases de Régimen Local.  La  normativa  autonómica, de desarrollo y ejecución de la legislación básica estatal, debe limitarse al establecimiento de requisitos “adicionales” (Disposición Adicional Sexta del Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la televisión digital local), que en todo caso han de respetar la legislacion basica señalada.

Llegados a este punto, debe llamarse la atención sobre las distintas fórmulas que han seguido las Leyes dictadas por las Comunidades Autónomas en desarrollo de la legislación estatal básica posibilitando, en unos casos, que los municipios hallen diversos cauces por los que  implementar la autonomía local constitucionalmente reconocida, a diferencia de otros, en los que  se obstruye la posibilidad efectiva de su ejercicio a la Administración titular del servicio.  A modo de ejemplo,  la regulación autonómica andaluza en esta materia (2006), permite arbitrar diversas fórmulas asociativas y de colaboración entre municipios para la explotación de un canal de televisión digital, incluso prevé mecanismos específicos flexibles (criterios poblacionales), que solventan eventuales discrepancias entre Ayuntamientos de distinto signo político, con situaciones económicas dispares, intereses divergentes, etc. La situación contraria puede ilustrarse recurriendo a la normativa autonómica aprobada por la Comunidad Valenciana. La Ley 1/2006, de 19 de abril , del Sector Audiovisual de la Generalitat, prevé exclusivamente la constitución de un Consorcio (“Consorcio Digital Local”), integrado por todos los municipios que forman parte de una misma demarcación, para la prestación del servicio público de televisión local digital. Procede recordar que, el artículo 57 de la LBRL ,contempla la fórmula del Consorcio, o Convenio administrativo, como mecanismo de cooperación de carácter voluntario entre Administraciones en la prestación de servicios o desarrollo de actuaciones de interés común. El legislador autonómico valenciano, siguiendo esta misma línea de la  LBRL, define el consorcio como una entidad pública de carácter voluntario y asociativo, con personalidad jurídica propia” (artículo 108.2), y declara que “los consorcios se constituirán por acuerdo de las diferentes entidades que los integren o por adhesión posterior, según lo dispuesto, en este caso, en sus estatutos” (art. 109 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana)

Paradójicamente, la ley autonómica valenciana que regula el sector audiovisual, contrasta con las previsiones que el legislador estatal y el propio legislador autonómico valenciano han fijado en la regulación del Consorcio, obligando a las Corporaciones Locales a adoptar necesariamente esta figura jurídica de colaboración. De forma que, de no producirse acuerdo entre todos los Ayuntamientos integrantes de la demarcación -y eventuales miembros del Consorcio-, con arreglo a lo previsto sin más en la Ley valenciana del sector audiovisual, la prestación del servicio no podría llevarse a efecto.

No olvidemos que la reciente Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, -de carácter básico-, declara expresamente que el servicio de comunicación audiovisual constituye un servicio público esencial, que se presta en el ejercicio del derecho a la libre expresión de ideas, del derecho a comunicar y recibir información, del derecho a la participación en la vida política y social y del derecho a la libertad de empresa y dentro del fomento de la igualdad, la pluralidad y los valores democráticos.

Concluyendo, el legislador autonómico valenciano, habilitado únicamente para  fijar requisitos adicionales, ha  pretendido obstaculizar, con esta restrictiva regulación de la figura del consorcio, la autonomía local constitucionalmente reconocida, generando situaciones en las que determinados municipios no pueden prestar el servicio de televisión local digital, o se ven obligados lamentablemente a hacerlo en circunstancias de  inseguridad  jurídica permanente, todo ello en perjuicio de  los usuarios del servicio: los vecinos.


Las compañías de telefonía móvil y las ordenanzas reguladoras de la tasa por ocupación del dominio público

En los últimos años, una de las cuestiones que más litigiosidad  ha generado en los ayuntamientos ha sido la tributación de las compañías de telefonía móvil. Sistemáticamente, todas las compañías como Movistar, Vodafone y Orange, han recurrido por vía directa  las ordenanzas que los ayuntamientos han ido aprobando para regular el cobro de la tasa por la ocupación del dominio público local. En estas impugnaciones, en vía jurisdiccional, se ha discutido, unas veces con argumentos y otras sin ellos, prácticamente todo. Desde la sujeción de las compañías al tributo, el hecho imponible, la cuantificación de la cuota y otros aspectos como por ejemplo la supuesta doble tributación.

Los pronunciamientos de los tribunales superiores de justicia ya son muy abundantes, aunque en su mayoría quedan pendientes los recursos de casación ante el Tribunal Supremo. De estas resoluciones judiciales, al día de la fecha, se pueden extraer una serie de   conclusiones que básicamente están contenidas en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña número 774, de 16 de Julio de 2010, y en la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Febrero de 2009, dictada en el recurso de casación  numero 5082/2005. Las traemos a colación porque en este mes de octubre, muchos ayuntamientos  están modificando sus ordenanzas y sabiendo de antemano que van a ser objeto de impugnación, hemos querido señalar en este artículo las cuestiones más significativas a tener en cuenta al respecto.

Aunque como hemos señalado las compañías lo han discutido absolutamente todo, realmente la cuestión más incierta en la regulación de  esta tasa radica en la determinacion de la base imponible y en la cuantificación de la cuota. Al señalar el artículo 24.1 a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales que,

“las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada”

No es fácil acertar cuando se ponen números a estos criterios indeterminados, máxime cuando al tratarse de dominio público, por su propia naturaleza, no hay referencia de mercado.

Superada la cuestión de que las compañías están sujetas por la utilización del dominio público y de que la cuantificación ha de realizarse conforme a lo señalado en la norma que acabamos de citar, tal como señalan las sentencias citadas anteriormente, siguiendo la doctrina de estos mismos pronunciamientos nos centraremos en señalar los aspectos referentes al estudio económico financiero y a los criterios de cuantificación propiamente dichos.

En primer lugar tiene que existir un informe economico financiero que justifique debidamente la cantidad que tiene que pagar la operadora por el uso del dominio publico. Tal como señala el Tribunal Supremo, este estudio para la valoracion del aprovechamiento demanial,  no es como el que corresponde a una tasa por prestacion de servicios (costes directos, indirectos, financieros, gastos generales y otros justificables), que son demostrativos, sino que por el contrario se tiene que basar en criterios discreccionales ya que no hay un mercado trasparente del aprovechamiento demanial como el que nos ocupa. Sin embargo, tal como señala el Alto Tribunal, la formula de calculo de la cuota final que se impone a la operadora si que ha de aparecer completamente justificado, es decir, una operadora puede exigir la formula exacta del calculo de la cuota completa, pero no puede discutir los valores asignados a las unidades de aprovechamiento demanial, bien sean metros cuadrados u otra unidad que se establezca.

En segundo lugar hay que señalar que partiendo de la discreccionalidad del valor asignado por el ayuntamiento a la unidad de aprovechamieto, si la cuota se obtiene a partir de una formula compuesta por varios elementos, estos han de ser equitativos y proporcionados. En el caso discutido en la sentencia que hemos citado del Tribunal Supremo, se da por bueno que se establezca un tramo basico para todas las compañias y que el valor asignado a los metros cuadrados de subsuelo o vuelo utilizado, venga ponderado por la cuota de mercado en el municipio. El Tribunal Superior de Cataluña, en la sentencia que hemos citado, da validez a la formula de calculo establecida en el informe economico financiero propuesto por la Diputacion de Barcelona y al de la FEMP.

En ultimo lugar ha de tenerse en cuenta que estas formulas no pueden venir a enmascarar la solucion del 1,5 % que prevee el articulo 24 1. c) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

En fin, como fácilmente puede comprenderse, la litigiosidad de esta tasa viene propiciada, en una parte muy importante, por la regulación de la cuantificación de la cuota, que no se corresponde ni está acorde con la materia a la que viene referida. Este criterio de cuantificación con referencia al valor de mercado del aprovechamiento que se haga del dominio público, puede resultar válido para la ocupación de la vía publica con mesas y sillas por bares y restaurantes o cosas similares, pero tratándose de ocupación o utilización del subsuelo y del vuelo con ondas y cosas similares, todo resulta muy discutible como está ocurriendo en la práctica. Por parte del Estado, que tiene la potestad tributaria originaria y que legisla sobre la materia, debería de clarificarse esta regulación, para la seguridad de todos, Ayuntamientos y compañías de telefonía, y señalar unos criterios de cuantificación claros. A nuestro modo de entender éstos no pueden ser otros más que unos porcentajes sobre unas cantidades, fijados directamente en la Ley de Haciendas Locales.

La tasa de reposición de efectivos en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el 2011

El Pasado dos de octubre el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011. En él se contienen, no solo la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de gastos que puede realizar el Estado y los Entes a el vinculados, sino que también contiene normas de carácter temporal, relativas a materias o cuestiones que guardan relación con las previsiones de ingresos, (regulación impositiva aplicable al ejercicio, por ejemplo) y con las habilitaciones de gasto, (normas de desarrollo en materia de gestión del gasto público, entre otras) o con los criterios de política económica general que son complemento necesario para la interpretación y ejecución de los presupuestos que se pretenden aprobar.

En este ámbito, el Título III de esta Ley  se rubrica como “De los gastos de personal”, estructurándose en tres capítulos: en el primero de ellos  (artículos 22 y 23)  se define que  las Corporaciones Locales y los Organismos de ellas dependientes constituyen el Sector Público Estatal (art. 22.1.c), y se establece que, con carácter general, no habrá incremento de las retribuciones de este personal en 2011, con respecto  a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2010, es decir, que las retribuciones se congelan en los términos fijados en el Real Decreto-Ley  8/2010 de 20 de mayo. Con una novedad, las retribuciones básicas de las pagas extra de junio y diciembre, siendo menores que las de un mes normal, tienen un mínimo incremento en relación a la fijada para el mes de diciembre de 2010, por el mencionado Real Decreto-Ley, con la consiguiente problemática en el cálculo del capítulo I del presupuesto de nuestros Entes Locales, para el ejercicio 2011.

Además, el artículo 23 establece las limitaciones a la Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión  de necesidades de personal. En este artículo se fija la tasa de reposición de efectivos en tan sólo un 10%, excluyendo únicamente, para su cálculo, las plazas que estén incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la Disposición Transitoria Cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.  Además de esto, se regula de forma muy restrictiva la contratación de personal temporal y de funcionarios interinos.

En esta  regulación  no se ha tenido en cuenta las especificidades del mundo local, y coloca a las Entidades Locales en una muy difícil tesitura:  no cumplir una norma básica, -al amparo de los artículos 149.1.13ª y 156.1 de la Constitución-, o dejar de prestar servicios básicos y esenciales para la población y el funcionamiento de las Instituciones. Piénsese que ocurriría en una entidad local de menos de 5.000 habitantes en la que se jubile el Secretario. ¿Quién levantará las actas de las sesiones plenarias, asesorará jurídicamente a la Corporación, dará fé de sus actos y acuerdos o elaborará la contabilidad?

Por este motivo, la Federación Española de Municipios y Provincias solicitó, antes de la remisión del proyecto de Ley al Parlamento para su tramitación, la inclusión de una excepción a esta norma para que las poblaciones de menos de 5.000 habitantes tengan una tasa de reposición de efectivos del 100%, y que no sea de aplicación la tasa de reposición contenida en el artículo 23 a los Servicios de prevención y extinción de incendios, al personal que tenga encomendado el desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y a la policía local, tal y como figuraba en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2010.

Al no verse reflejada la petición de la FEMP en el proyecto de Ley, se ha confeccionado y remitido a todos los grupos parlamentarios un borrador de enmienda al texto legal que contempla estas especificidades.

Esperemos que en la tramitación parlamentaria se atiendan las observaciones y sugerencias efectuadas por la FEMP ya que, en caso de no hacerse, como se apuntó anteriormente, serán muchas Corporaciones Locales las que se vean abocadas al incumplimiento de la norma o a dejar de prestar servicios básicos y esenciales para sus ciudadanos.

Alejandro Rivera del Cerro es economista, técnico del Ayuntamiento de Aranjuez y asesor de la Comisión de Función Pública y RR.HH. de la FEMP.