La agilización de los trámites para la creación de sociedades a partir del RDL 13/2010, del 3 de diciembre.

Hace unos dias el Gobierno ha aprobado el Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, con el fin de fomentar la inversión y la creación de empleo a través de una serie de medidas puntuales en el ámbito fiscal, laboral y de liberación de los sectores aeroportuario y de loterías y apuestas del Estado.

El referido Real Decreto-ley recoge dos reformas contenidas en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible que tienen la finalidad de permitir la agilización de la constitución de sociedades y de la adopción de actos societarios. Estas dos reformas son consideradas urgentes y necesarias, por lo que se adelanta su entrada en vigor a fin de que produzcan una incidencia inmediata en el entorno empresarial.

Así por un lado se agiliza la constitución de sociedades. La reforma permitirá que todos los trámites necesarios para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada puedan llevarse a cabo en un plazo máximo de cinco días; si bien en este plazo no queda incluida la constitución de una sociedad mercantil de responsabilidad limitada cuyo socio único es un Ayuntamiento.

Por otro lado, se reducen las obligaciones de publicidad de actos societarios en periódicos.

Se trata aquí únicamente estas dos reformas en la medida en que son las que tendrán incidencia directa en los Servicios municipales que muchos Ayuntamientos vienen prestando, o que pueden pasar a gestionar en un futuro próximo a través de una sociedad mercantil de capital municipal. En esta entrada trataremos únicamente la primera y principal de las dos medidas a que se ha hecho referencia, para ajustarnos a la extensión establecida, dejando para un comentario posterior el análisis de la reducción de cargas administrativas en los actos societarios.  Así, por lo que respecta a la agilización de la constitución de sociedades se establecen las siguientes previsiones:

  • El notario que autorice la escritura pública solicitará por vía telemática al Registro Mercantil Central el correspondiente certificado negativo de denominación social.

Anteriormente eran los propios interesados los encargados de realizar esta gestión antes de acudir a la Notaría, de forma que una vez que habían obtenido el certificado del Registro mercantil indicando la inexistencia de otra sociedad mercantil con la misma denominación social, aportaban dicho certificado al Notario, que lo incorporaba a la escritura de constitución. En cambio, ahora es el propio Notario quien hace esta gestión (salvo que le indique expresamente lo contario), indicándose que la certificación correspondiente habrá de emitirse en el plazo de un día hábil.

  • La escritura pública de constitución se remitirá de forma telemática al Registro Mercantil correspondiente, salvo que constara la petición expresa en contrario de los interesados.

A partir de la reforma es el propio Notario quien remite, vía telemática también, la escritura de constitución de la sociedad mercantil al Registro Mercantil con el fin de que proceda su inscripción y posterior publicación. Debe destacarse la importancia que supone la agilización de este trámite pues, recordemos, que la sociedad adquiere personalidad jurídica propia e independiente en el momento de su inscripción en el Registro.

Según lo que señalan los artículos 412.1 del Reglamento del Registro Mercantil la reserva de denominación social goza de una reserva temporal de quince meses. Es decir, que solicitada una determinada denominación social y una vez que se ha verificado que no existe otra denominación idéntica el solicitante tiene reservada esa denominación por un plazo de 15 meses, realizándose la correspondiente anotación de reserva en el Registro.

Por otro lado, el artículo 414.1 del mismo Reglamento la certificación negativa de denominación tiene una vigencia de tan sólo dos meses; por lo que una vez transcurrido este plazo se produce la caducidad de la misma y no es posible acudir a la notaría para constituir la sociedad sin antes haber efectuado una nueva solicitud al Registro Mercantil.

Pues bien, tras la modificación introducida por el Real Decreto-ley de 13/2010, de 3 de diciembre las anteriores previsiones no resultan de aplicación ya que, como se ha indicado anteriormente, es el propio Notario quien se va a encargar de gestionar la solicitud de la certificación negativa de denominación social. No obstante, si el interesado ha renunciado a que sea el notario quien asuma esta gestión, seguirá aplicándose lo dispuesto en estos dos preceptos del Reglamento.

  • El otorgante por sí mismo, un tercero a instancia de éste, así como el notario autorizante o el registrador, liquidarán telemáticamente los impuestos que correspondan, según el procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Mediante esta nueva previsión queda abierta la posibilidad de liquidación de los impuestos derivados del acto de constitución de la sociedad por vía telemática y a instancia de cualquiera de los sujetos que se indican.

  • El notario autorizante de la escritura de constitución solicitará telemáticamente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la asignación provisional de un Número de Identificación Fiscal.

Una vez inscrita la sociedad, el encargado del Registro Mercantil notificará telemáticamente a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la inscripción de la sociedad. Así mismo la Agencia Estatal de Administración Tributaria notificará telemáticamente al notario y al registrador mercantil el carácter definitivo del Número de Identificación Fiscal.

  • Los plazos de calificación e inscripción por parte del registrador mercantil serán los previstos en el artículo 18.4 del Código de Comercio y en la normativa reglamentaria vigente, sin que sean de aplicación los establecidos en esta Ley.

El artículo 18.4 del Código de Comercio fija en 15 días el plazo de que dispone el Registrador para la calificación del documento público correspondiente –en este caso la escritura pública de constitución de una sociedad mercantil de capital, en todo o en parte, municipal-, por lo que tras la reforma  ha de considerarse que en el referido plazo de 15 días no sólo ha de verificarse la calificación sino también la inscripción de la sociedad en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. A este respecto  debe recordarse que el Código de Comercio prevé expresamente en su artículo 18.6 que si el Registrador no cumple el anterior plazo para calificar el documento, deberán reducirse en un 30% el importe de los aranceles que le corresponden, “sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador correspondiente”.

En definitiva, la valoración del anterior conjunto de medidas dirigidas a agilizar los trámites de constitución de sociedades mercantiles de capital, ha de considerarse favorable en la medida en que se pretende aprovechar las facilidades que nos ofrece el actual estado de la técnica para eliminar una serie de trabas que carecían de sentido y que respondían a un sistema notarial y registral claramente trasnochado. No obstante, es de esperar que la aplicación práctica de estos “adelantos” que ahora se incorporan se lleven a cabo con la misma agilidad que prevé la norma.

Algunos criterios para el cese de interinos y personal temporal

Después de unos años en los que la obtención de ingresos extraordinarios por parte de los Ayuntamientos se ha traducido en muchos casos en un notable incremento de los efectivos de personal al servicio en estas Entidades Locales, bien de forma fija formando parte de la plantilla de personal o bien de forma temporal, aunque la mayoría de las veces realizan tareas que responden a necesidades estructurales y permanentes, ahora resulta acuciante la necesidad de reducir el volumen de gasto que soporta el Capítulo 1 del Presupuesto Municipal mediante la amortización de plazas o bien a través de la extinción de los referidos contratos de carácter temporal.

Porque a diferencia de lo que sucede en el ámbito privado, donde el empresario contrata libremente y en virtud del principio de libertad de empresa y el poder de organización de los recursos humanos goza de un amplio margen a la hora de extinguir una u otra relación contractual, debiendo respetar eso sí los límites derivados del respeto a los derechos constitucionales de igualdad y prohibición de discriminación, debemos recordar que el acceso y también la extinción llevadas a cabo por una Administración Pública –y otras entidades de ellas dependientes, como sociedades y organismos autónomos ¬  está sujeta a los conocidos principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, además de los mencionados anteriormente exigibles en el ámbito privado.

En esta tesitura se plantea de manera ineludible la decisión de optar por la amortización de unas u otras plazas o por la extinción de unos u otros contratos temporales, ocupados en ambos casos por empleados de igual categoría profesional.

Un claro supuesto en el que se nos puede plantear esta situación sería aquel en el que existiendo varias plazas vacantes idénticas en la plantilla de personal ocupadas por personal interino resulta preciso seleccionar, una vez que se ha amortizado una o varias plazas a quien se cesa y a quien se mantiene como interino ocupando la/s plaza/s que queden vacantes. Ejemplo: habiendo cuatro plazas de auxiliar administrativo ocupadas de forma interina, a expensas de su cobertura definitiva, se considera necesario suprimir dos de estas plazas y, como consecuencia, hay que optar por el cese de dos de los cuatro empleados que venían prestando servicios.

Llegados a este punto resulta conveniente tener presente que no existe disposición legal alguna que regule esta cuestión de forma que, en estos casos los gestores de recursos  humanos de nuestros Ayuntamientos puedan aplicar sin más un criterio legal previamente determinado, lo que sin duda facilitaría el proceso de decisión del órgano administrativo y haría descender la litigiosidad que suele acompañar a estas actuaciones administrativas.

Y como sucede en aquellos casos en que la falta de previsión legal específica genera diferentes interpretaciones para un mismo supuesto de hecho, ha sido la jurisprudencia la que, al hilo de los distintos recursos planteados por los empleados públicos afectados por la actuación de las distintas Entidades Locales y demás Administraciones Públicas, ha venido pronunciándose en el sentido de declarar en qué casos la decisión extintiva resulta ajustada a derecho, por derivar de la aplicación de un criterio objetivo y conforme a los principios constitucionales que rigen el acceso –y también la extinción- a la función pública.

Una primera actuación que debe realizarse será la de verificar si a través de la negociación colectiva se ha fijado algún criterio objetivo que haya de seguirse a la hora de optar por la extinción de uno u otros contratos de trabajadores de la misma categoría profesional, ya que en el caso de que el Acuerdo de Condiciones de Trabajo haya regulado esta materia será de aplicación lo dispuesto en el mismo en tanto que disposición de carácter general. No es frecuente en la práctica, sin embargo, que los Acuerdos/Convenios de nuestros Ayuntamientos se ofrezca una solución a estas situaciones, bien por desconocimiento bien porque según qué cuestiones puede resultar conveniente no contar con un criterio previo que puede volverse en contra de determinados intereses, pues tras la amortización de una plaza ocupada de forma interina o la extinción de un contrato temporal hay una persona que se quedará sin su puesto de trabajo.

A falta de criterio predeterminado por vía convencional, habrá que tomar la decisión extintiva fundamentando o motivando de forma sucinta, al menos, la opción por una u otra decisión válida entre las distintas que se plantean al órgano administrativo. Y ello porque de impugnarse la actuación administrativa el órgano judicial verificará, al revisar lo acordado por la Administración, si lo que constituye una potestad discrecional no se ha convertido en actuación arbitraria. Por ello, es importante en ese momento previo explicitar las razones o criterios que sustentan una u otra opción entre las distintas que pueden resultar razonables y ajustadas a derecho.

Partiendo de la premisa de que el criterio que se adopte ha de ser objetivo y conforme a los principios de mérito y capacidad, han sido varios los criterios que la jurisprudencia ha considerado válidos en estos casos. Incluso, aunque pueda parecer paradójico, un mismo criterio (la antigüedad) ha sido considerado aceptable en sentido contrario: se ha aceptado la mayor antigüedad de un trabajador respecto a otro para considerar ajustado a derecho la preferencia por el cese del de menor antigüedad; y de forma inversa, la extinción de la relación del empleado de mayor antigüedad sobre el incorporado en un momento posterior se ha considerado igualmente correcta. Así en el primer caso la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 14 de marzo de 2001 (recurso número 707/2001) declara válida la extinción de la relación del empleado de mayor antigüedad, atendiendo a dos criterios: el fomento de la estabilidad en el empleo por un lado y, la mayor eficacia administrativa que se supone resulta de mantener a quien más experiencia acumula; como ejemplo de la adopción del criterio contrario, la Sentencia del Tribunal  Supremo de 7 de octubre de 1997, recurso dictado en unificación de doctrina número 578/1997, avala la extinción del contrato del trabajador de mayor antigüedad a partir del rechazo a las situaciones de prolongación excesiva de los contratos de interinidad.

En definitiva y como síntesis de lo expuesto, ha de tenerse presente que a la hora de proceder a la extinción de relaciones de interinidad como consecuencia de la supresión de plazas vacantes en la plantilla de personal, o a la extinción de contratos temporales resulta conveniente valorar los siguientes aspectos:

  1. La selección del cese de uno u otro empleado público está sujeta también a los principios de que mérito y capacidad.
  2. Ante la falta de regulación en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo, habrá que optar por la aplicación de un criterio de carácter objetivo, que deberá de explicitarse como consecuencia de la necesidad de motivación.
  3. Aunque son varios los criterios que pueden ser válidos, una vez que se opte por uno determinado, el cambio a otro distinto exigirá una motivación reforzada.

Los Ayuntamientos ante los cortes en el suministro de energía eléctrica de sus servicios

Recientemente, ante la situación de penuria económica que están atravesando los consistorios, resulta que las compañías electricas están recurriendo al corte del suministro debido al impago de los ayuntamientos, con la finalidad de presionar para cobrar sus deudas por el servicio prestado. Desde luego no tenemos nada que objetar a que las compañías reclamen sus deudas. Sin embargo la cuestión se centra en analizar la adecuación a derecho de esta practica, recurrir al corte del suministro, para obligar a los ayuntamientos al pago. Desde aquí hemos querido dar unas pinceladas, fundadas en derecho, para que desde los ayuntamientos puedan posicionarse frente a esta practica que se esta extendiendo.

1. NATURALEZA ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se ha pronunciado acerca de la naturaleza administrativa del contrato entre el ayuntamiento y la empresa  suministradora de energía, tal y como pone de manifiesto la STS de de 30 abril 2002, que señala lo siguiente:

“Como ya tiene reiteradamente declarado este Tribunal, tanto por esta Sala como por la Sala Primera de lo Civil sentencias de 9 de octubre de 1987 ( RJ 1987, 6931) y de 28 de octubre de 1991 ( RJ 1991, 7241) y sentencias de 30 de mayo de 1983 ( RJ 1983, 3462) , 11 de marzo 1985 ( RJ 1985, 1503) , entre otras, nuestro ordenamiento jurídico, utiliza como criterio definidor de los contratos administrativos, el  teleológico, cuando en el artículo 3 de la Ley Jurisdiccional somete a su esfera las cuestiones referentes al cumplimiento, inteligencia, resolución y efectos de los contratos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, cuando tuvieron por finalidad obras y servicios públicos de toda especie, entendido el concepto en la acepción más amplia para abarcar cualquier actividad que la Administración desarrolla como necesaria en su realización para satisfacer el interés general atribuido a la esfera específica de su competencia, y por lo mismo correspondiente a sus funciones peculiares, misión que ciertamente cumple y persigue la contratación aquí litigiosa, puesto que el suministro de energía eléctrica a la Casa Sindical sevillana está directamente encaminado a la realización de los fines de interés público perseguidos por la Organización Sindical, abonando la misma conclusión de considerar tal contrato como administrativo, la circunstancia de que la Ley de Contratos del Estado de 8 de abril de 1965 ( RCL 1965, 771 y 1026; NDL 7365) , modificada por la Ley de 17 de marzo de 1973 ( RCL 1973, 500, NDL 7394) , asigna tal  calificación no sólo a los contratos de ejecución de obras, gestión de servicios públicos y prestación de suministros sino además, y entre otros, a los de contenido patrimonial de préstamo, depósito, transporte o arrendamiento, sociedad o cualquiera otros que revistan vinculación al desenvolvimiento regular de un servicio público”.

2. TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRATIVO ESPECIAL

Si atendemos a los criterios tomados en cuenta en la doctrina jurisprudencial para calificar la naturaleza de este tipo de contratos como contrato administrativo- cualquier actividad que la Administración desarrolla como necesaria en su realización para satisfacer el interés general atribuido a la esfera específica de su competencia, y tenemos en cuenta la legislación de contratación administrativa vigente –Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP)- este tipo de contratos es susceptible de ser calificado como contrato administrativo especial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la LCSP, que dispone lo siguiente:

“Los contratos de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla, siempre que no tengan expresamente atribuido el carácter de contratos privados conforme al párrafo segundo del artículo 20.1, o por declararlo así una Ley”.

Asimismo, dicho artículo, en su apartado segundo regula la normativa aplicable para este tipo de contratos, que señala lo siguiente:

“Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado anterior les serán de aplicación, en primer término, sus normas específicas.”

3. LEGISLACIÓN APLICABLE.

De conformidad con lo anterior, sería de aplicación la siguiente legislación:

  • Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
  • De forma supletoria, la LCSP y demás regulación administrativa.

Y en cuanto a las normas concretas que regulan la posibilidad de suspensión del contrato, viene contenida en el artículo 85.2 del citado RDL 1955/2000, que establece lo siguiente:

En el caso de las Administraciones públicas la empresa distribuidora podrá proceder a la suspensión del suministro por impago, siempre que el mismo no haya sido declarado esencial, si transcurridos cuatro meses desde el primer requerimiento dicho pago no se hubiera hecho efectivo.

Por tanto, en el caso de las administraciones públicas, para proceder a la suspensión del suministro por impago, deben concurrir los siguientes requisitos:

  • Que no se trate de un suministro a uno de los servicios declarados esenciales. Esta declaración corresponde al Ayuntamiento en el marco legal que se señalará después, (apartado 5).
  • Que en caso de que no se trate de servicio esencial, que hayan trascurrido cuatro meses desde que presentó reclamación ante la administración.

4. ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES ESENCIALES.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de la improcedencia de la suspensión del suministro eléctrico a las entidades locales. Entre ellas, la Sentencia de 15 octubre 1988 señalaba lo siguiente:

“por ningún motivo, ni aun por demora en el pago, podrá el contratista interrumpir el cumplimiento del contrato…», aunque dicho precepto deja a salvo los efectos previstos en el artículo 94 de dicho Reglamento; estando la racionalidad del aludido artículo en el límite del «interés público» que ha de prevalecer sobre el interés privado «de las entidades suministradoras», las cuales tienen a su alcance medios jurídicos adecuados, tanto para el restablecimiento del equilibrio económico que el incumplimiento de pago ha menoscabado, -abono de intereses legales-, como para lograr su efectividad por medio del proceso ante el Organo Jurisdiccional competente, caso de resultar infructuosa la reclamación ante la Administración”.

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremos en sus sentencias de 15 octubre 1988;  de 19 octubre 1989; de 3 abril 1990; de 21 junio 1991; de 19 enero 1994; de 16 mayo 1997; de 21 diciembre 1998; de 21 mayo 1999; de 4 noviembre 1998.

5. SERVICIOS DE CARÁCTER ESENCIAL.

Respecto de este asunto, por regla general, las sentencias del Tribunal Supremo han venido entendiendo como Servicios Esenciales, no sólo los servicios que el Ayuntamiento debe de prestar en todo caso, recogidos en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  sino todos los recogidos en el artículo 25.2 de la citada ley. Así se señala en la sentencia de 19 enero 1994, que se expone a continuación:

“Ese carácter «imprescindible» del servicio eléctrico para el cumplimiento de fines generales del Municipio, de los que el alumbrado público es ciertamente uno primordial pero sin excluir las dependencias y actividades municipales necesarias en el cumplimiento de otros servicios públicos que vienen encomendados a las Entidades Locales (art. 25.2 de la Ley 7/1985 de Bases citada), se sitúa en el marco general de la actuación de la Administración del art. 103.1 de la Constitución por lo que no pueden, por tanto, acogerse las alegaciones de desviación de poder y de discrecionalidad inmotivada en la denegación de la interrupción del servicio. La legalidad del acto deviene de la normativa señalada que regula la contratación de las Corporaciones Locales (art. 112.2 del Texto Refundido en materia de Régimen Local, citado) y su aplicación conforme a los principios constitucionales es razonable atendido el interés general que se pretende tutelar y los fines protectores del interés público que la denegación cumple, no resultando acreditado”.

Asimismo, la sentencia de 21 diciembre 1998, se pronuncia en el siguiente sentido:

“No puede prosperar este alegato, pues el contrato de suministro cuestionado reviste naturaleza administrativa precisamente por el fin público perseguido, lo que basta para la aplicación del artículo 56 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, sin que, por otra parte, quepa poner en duda el interés general en el alumbrado público para los días que señala la resolución impugnada, ya que con arreglo al artículo 25 de la Ley de Bases del Régimen Local ( RCL 1985\799, 1372 y ApNDL 205) el Municipio puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, entre los cuales deben entenderse incluidas las fiestas populares, apareciendo recogidos en el apartado 2 l) y m) de dicho precepto el alumbrado público y las actividades o instalaciones culturales, la ocupación del tiempo libre y el turismo, títulos competenciales todos ellos conectados con la celebración de las fiestas que requerían el adecuado alumbrado público, a lo que debe añadirse que la Constitución viene a reconocer un interés público protegible en las actividades de naturaleza recreativa o lúdica al disponer en el artículo 43.3 que los poderes públicos «facilitarán la adecuada utilización del ocio», siendo innegable que las festividades populares constituyen una tradicional manifestación de expansión ciudadana, acorde con el ocio que los poderes públicos deben facilitar”.

6. AMPLIACIÓN DEL SERVICIO

La sentencia de 21 junio 1991 señala que:

“la ampliación del suministro de energía eléctrica, no es sino una fase derivada del suministro, sin que pueda desvincularse del mismo”.

Por tanto, en base a lo anterior, el hecho de que nos encontremos en situación de impago, no implica que no podamos contratar nuevos suministros, conforme a la sentencia anteriormente trascrita y tratándose de servicios esenciales.

¿Para que va a servir la Ley de Gobierno Local que anuncia el Estado?

El Consejo de Ministros del pasado viernes  19 de noviebre, aprobó el programa legislativo prioritario que contempla el Gobierno para el periodo que va desde diciembre hasta junio del próximo año. En él se contempla la Ley de Gobierno Local para marzo de 2011. De cumplirse esta previsión el trámite de aprobación de la ley se solaparía con la precampaña (y seguramente con la campaña también), de las elecciones municipales que tendrán lugar en el mes de mayo y de las que saldrán los nuevos ayuntamientos que se enfrentarán, en la mayoría de los municipios, a una situación dificíl con respecto a la viabilidad de los servicios que se vienen prestando. En muchos casos, los alcaldes que resulten elegidos, (si se me permite la metáfora informática), van a tener que “reiniciar” sus ayuntamientos. Ante la noticia y la situación de los consistorios, la pregunta no se hace esperar, ¿va a servir esta ley que se anuncia  para resolver los problemas que actualmente tienen los municipios? ¿Está el Gobierno en condiciones de liderar una reforma del regimen local que haga realidad, en el contexto autonómico, los principios de autonomía y suficiencia financiera que la Constitucion consagra? Nos preguntamos si hay un nivel de consenso suficiente entre las fuerza políticas para afrontar determinados problemas de calado como, por ejemplo, el excesivo número de municipios con escasa viabilidad o la reforma del régimen electoral. Ésta última, para asegurar la elección de alcaldes sin echar mano de minorías que vendan caro su voto.  ¿Se van a sustituir los actuales mecanismos de tutela (en el terreno financiero),que no han conseguido evitar situaciones muy perjudiciales para ayuntamientos gobernados de forma irresponsable, por otras medidas realmente eficaces?

Ya en el 2006 el Consejo de Ministros del dia 7 de julio recibió informe sobre el Anteproyecto ley gobierno local, a los efectos previstos en el artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.  Del contenido de aquel texto de Anteproyecto de Ley de Gobierno Local y de los puntos que destacó el Gobierno de esta reforma, se desprende claramente que no nos encontramos ante un instrumento válido para afrontar los problemas que hoy tiene planteados la gobernación de los pueblos y ciudades de España. En este anteproyecto, que entendemos que seguira siendo la base del proyecto que prepara el Gobierno ahora, no hay medidas de calado. Dicho de otra forma, para esa regulación no hace falta una nueva ley. Es preferible mantener el marco actual y guardar la ocasion de una nueva ley para cuando políticamente se esté en condiciones de acomenter una iniciativa legislativa capaz afrontar los problemas que hay planteados en el ámbito que se regula.

En aquel entonces, allá por el año 2005 que fue cuando se gestó el Anteproyecto de la Ley de Gobierno Local, la iniciativa tenía su razón de ser. Se estaba preparando la reforma de muchos de los estatutos de autonomia: Cataluña, Andalucia, Aragón, Comunidad Valenciana, entre otros.  En este contexto de reordenación del bloque normativo territorial era preciso redefinir también las bases del  régimen local, a partir de las cuales las comunidades autonomas aprobaran su legislacion de desarrollo sobre el ámbito local. Aquel anteproyecto quedó paralizado, seguramente cambios de prioridades del Gobierno, o el cambio de ministro del ramo o quiza aquel desgraciado accidente de trafico de quien con tanto ahínco trabajo en aquel texto, el Director General M. Zafra.   Lo cierto es que ahora el contexto ya es otro. Los estatutos de autonomia que se tramitaron interiorizaron el regimen local en su articulado y al dia de la fecha, aunque la doctrina más autorizada señala que hay espacio para que el Estado siga regulando las bases del régimen local ( L. Parejo, T. Font y F. Velasco y O. Salazar), sin embargo politicamente se requerirán otros esfuerzos y desde luego el momento elegido, coincidiendo con la campaña electoral, tiene su singularidad.

Habrá que ver qué problemas, de los reales que tienen planteados los ayuntamientos, son los que se van afrontar en el Proyecto que se presente, para entonces valorar si el resultado puede merecer la pena.

Las televisiones locales y la legislacion autonómica

Además de aquellos servicios públicos que los Ayuntamientos vienen obligados a prestar en atención a su población, porque así lo determina el artículo 26 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), hay otra serie de servicios y actividades que las Corporaciones Locales han ido asumiendo al amparo de la cláusula genérica contenida en el artículo 25 de la citada Ley de Bases: “El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”. Dentro de esta última categoría se encuentra el servicio de televisión local, al que la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres, atribuía ya la naturaleza de servicio público, determinando la posibilidad de su gestión por los municipios mediante alguna de las formas previstas en el artículo 85.3 de la LBRL.

Posteriormente, y al amparo de las previsiones contenidas en la misma Ley de Televisión Local por Ondas Terrestres, se aprobó el Plan Técnico Nacional de la televisión digital local, que organizaba en demarcaciones territoriales a los distintos municipios que hubieran manifestado su voluntad de disponer y de gestionar, en un futuro, un canal de televisión local con tecnología digital

Pues bien, la normativa básica estatal reconoce a los municipios, por un lado, la potestad de establecer el servicio de televisión local  y, por otro lado, acordar el modo de gestión dentro de las figuras que contempla la Ley de Bases de Régimen Local.  La  normativa  autonómica, de desarrollo y ejecución de la legislación básica estatal, debe limitarse al establecimiento de requisitos “adicionales” (Disposición Adicional Sexta del Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la televisión digital local), que en todo caso han de respetar la legislacion basica señalada.

Llegados a este punto, debe llamarse la atención sobre las distintas fórmulas que han seguido las Leyes dictadas por las Comunidades Autónomas en desarrollo de la legislación estatal básica posibilitando, en unos casos, que los municipios hallen diversos cauces por los que  implementar la autonomía local constitucionalmente reconocida, a diferencia de otros, en los que  se obstruye la posibilidad efectiva de su ejercicio a la Administración titular del servicio.  A modo de ejemplo,  la regulación autonómica andaluza en esta materia (2006), permite arbitrar diversas fórmulas asociativas y de colaboración entre municipios para la explotación de un canal de televisión digital, incluso prevé mecanismos específicos flexibles (criterios poblacionales), que solventan eventuales discrepancias entre Ayuntamientos de distinto signo político, con situaciones económicas dispares, intereses divergentes, etc. La situación contraria puede ilustrarse recurriendo a la normativa autonómica aprobada por la Comunidad Valenciana. La Ley 1/2006, de 19 de abril , del Sector Audiovisual de la Generalitat, prevé exclusivamente la constitución de un Consorcio (“Consorcio Digital Local”), integrado por todos los municipios que forman parte de una misma demarcación, para la prestación del servicio público de televisión local digital. Procede recordar que, el artículo 57 de la LBRL ,contempla la fórmula del Consorcio, o Convenio administrativo, como mecanismo de cooperación de carácter voluntario entre Administraciones en la prestación de servicios o desarrollo de actuaciones de interés común. El legislador autonómico valenciano, siguiendo esta misma línea de la  LBRL, define el consorcio como una entidad pública de carácter voluntario y asociativo, con personalidad jurídica propia” (artículo 108.2), y declara que “los consorcios se constituirán por acuerdo de las diferentes entidades que los integren o por adhesión posterior, según lo dispuesto, en este caso, en sus estatutos” (art. 109 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana)

Paradójicamente, la ley autonómica valenciana que regula el sector audiovisual, contrasta con las previsiones que el legislador estatal y el propio legislador autonómico valenciano han fijado en la regulación del Consorcio, obligando a las Corporaciones Locales a adoptar necesariamente esta figura jurídica de colaboración. De forma que, de no producirse acuerdo entre todos los Ayuntamientos integrantes de la demarcación -y eventuales miembros del Consorcio-, con arreglo a lo previsto sin más en la Ley valenciana del sector audiovisual, la prestación del servicio no podría llevarse a efecto.

No olvidemos que la reciente Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, -de carácter básico-, declara expresamente que el servicio de comunicación audiovisual constituye un servicio público esencial, que se presta en el ejercicio del derecho a la libre expresión de ideas, del derecho a comunicar y recibir información, del derecho a la participación en la vida política y social y del derecho a la libertad de empresa y dentro del fomento de la igualdad, la pluralidad y los valores democráticos.

Concluyendo, el legislador autonómico valenciano, habilitado únicamente para  fijar requisitos adicionales, ha  pretendido obstaculizar, con esta restrictiva regulación de la figura del consorcio, la autonomía local constitucionalmente reconocida, generando situaciones en las que determinados municipios no pueden prestar el servicio de televisión local digital, o se ven obligados lamentablemente a hacerlo en circunstancias de  inseguridad  jurídica permanente, todo ello en perjuicio de  los usuarios del servicio: los vecinos.