El permiso de seis días por asuntos particulares del Estatuto Básico del Empleado Público no es de aplicación al personal laboral

Nuestro Tribunal Supremo ha declarado recientemente que el permiso de seis días de asuntos particulares previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP) no es de aplicación al personal laboral al servicio de la Administración Pública.

Concretamente, la reciente Sentencia de 17 de enero de 2011 (Sala de lo Social, Sección 1ª), dictada en unificación de doctrina (RCUD nº 1473/2010), casa y anula la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 23 de febrero de 2010, que sí reconocía el derecho al disfrute del citado permiso retribuido de seis días de asuntos particulares a un empleado público vinculado a la Administración mediante una relación de carácter laboral.

Frente a esta Sentencia del TSJ del País Vasco, se interpuso recurso de casación para unificación de doctrina por parte de la Administración –en este caso la Universidad Politécnica de San Sebastian-, alegando como Sentencia de contraste la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de fecha 6 de noviembre de 2008, que niega este permiso por asuntos particulares del artículo 48 1. K) del EBEP a un empleado municipal del Ayuntamiento de Burgos.

Planteado así el debate sobre la extensión o no al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas del referido permiso por asuntos particulares, en los términos contemplados en el EBEP, el Tribunal Supremo, mediante la Sentencia comentada establece los siguientes criterios para llegar al resultado que ya hemos adelantado:

1.- Los artículos 47 a 50 del EBEP, relativos a  jornada de  trabajo, permisos y vacaciones, están dirigidos esencialmente a quienes ostentan la condición de funcionarios públicos. De hecho, el régimen del personal laboral en lo que respecta a estas materias cuenta con un precepto específico, el artículo 51.

2.- La regulación del EBEP sobre los días de libre disposición no tiene la condición de norma de derecho necesario, que pudiera obligar a modificar o se anteponga a lo previsto en el Convenio Colectivo. De esta forma la regulación del EBEP no es de aplicación preferente a la que contenga el Convenio Colectivo.

3.- La aplicación del criterio de la norma más favorable ha de hacerse respetando la unidad de regulación de la materia; por ello es inaceptable que se aplique el EBEP exclusivamente en esta materia sobre días de asuntos particulares (rechazo de la técnica del “espigueo”).

4.- No es posible la acumulación de permisos fijados para un mismo supuesto. Se trata de alcanzar el resultado mínimo de la legislación integrada por el EBEP y por las normas laborales, pero no de sumar una y otro cuando coincidan sobre un mismo derecho.

Más adelante la Sentencia del Supremo realiza otra consideración que, no por resultar conocida, deja de ser interesante: el sistema de permisos contenido en el artículo 48 del EBEP no es para el personal funcionario indisponible, sino que se aplica supletoriamente, para el caso de que no exista otra legislación aplicable.

Y dentro de este concepto de “legislación aplicable” ha de incluirse tanto la legislación autonómica existente, en su caso, como el Convenio o Acuerdo Marco respectivo. Por ello, el carácter supletorio del artículo 48 del EBEP determina que este régimen de permisos contenido en el EBEP sólo entre en juego a falta de otra normativa.

Por lo tanto, y a modo de conclusiones que podemos extraer en la práctica de la anterior doctrina jurisprudencial, cabe señalar lo siguiente:

1.- Ante una petición de disfrute de asuntos particulares por un empleado público sujeto régimen laboral habrá que acudir a lo que se establezca en el respectivo Convenio Colectivo.

2.- No es posible acudir a una aplicación preferente del EBEP por considerar que “mejora” la regulación contenida en el Convenio (respeto al principio de unidad de regulación de la materia y prohibición de la técnica del “espigueo”).

3.- Si quien formula la petición de disfrute de asuntos particulares es un funcionario, antes de acudir al EBEP, habrá que verificar si la Comunidad Autónoma respectiva ha aprobado alguna normativa que regule esta misma materia.

En definitiva, a diferencia de la supuesta unificación de régimenes jurídicos que iba a producirse con la aprobación de la Ley 7/2007, de 12 de abril que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, la práctica evidencia la disparidad que sigue habiendo aún en determinados aspectos en cuanto a derechos y obligaciones del personal que trabaja para una misma Administración y que realiza, incluso, las mismas funciones. Sólo a través de la negociación colectiva, y la paulatina homogenización de condiciones del personal laboral y funcionario en los Acuerdos de Condiciones de Trabajo, pueden reducirse estas divergencias que complican, por la diversidad de remisiones normativas, la tarea de los responsables de recursos humanos y crean, en muchas ocasiones, situaciones de desagravio injustificadas.

Las consecuencias de no remitir las cuentas al Ministerio de Economía

Ahora que estamos en fechas de rendición de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2010, hay que tener en cuenta que la recientemente aprobada Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, ha introducido un elemento novedoso que incide en la senda marcada en los últimos tiempos por el Ministerio de Economía y Hacienda para asegurar que la información económica de las administraciones públicas, y más concretamente en el caso de las administraciones locales, sea cada vez más accesible y transparente.

Debemos recordar que las Entidades Locales deben remitir copia de la liquidación de sus presupuestos a la Administración del Estado y a la correspondiente Comunidad Autónoma antes de que finalice el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda dicha liquidación, tal y como establece el artículo 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Esta obligación de la administración local de informar a las otras dos administraciones sobre los resultados obtenidos en la liquidación de los presupuestos ejecutados en cada ejercicio, ha sido reforzada, (y de qué manera), con el artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible, estableciendo en su apartado primero lo siguiente:

1. En el supuesto de que las Entidades locales incumplan la obligación de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda toda la información relativa a la liquidación de sus respectivos presupuestos de cada ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades locales procederá a retener a partir del mes de septiembre del ejercicio siguiente al que corresponda aquella liquidación, y hasta que se produzca la citada remisión, el importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos del Estado que les corresponda. A estos efectos, será objeto de retención la cuantía resultante, una vez practicados, en su caso, los reintegros y las devoluciones de los anticipos regulados en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, así como las retenciones a las que se refiere la disposición adicional cuarta del mencionado Texto Refundido.”

Ya no resulta inocuo que los entes locales no aprueben sus cuentas en plazo,  como se ha señalado, tiene consecuencias muy perjudiciales. De esta manera  se ha puesto remedio a la injusticia que suponía recibir el mismo trato a quién llevaba sus cuentas al día y cumplía con sus obligaciones de remitir esas cuentas a los organismos correspondientes, y al que acumulaba años de retraso en la rendición de sus estados contables. Esta situación conseguía provocar el desánimo de las personas que cumplían con sus obligaciones, al comprobar que el único “premio” que conlleva su esfuerzo podía incluso consistir en la obtención de una serie interminable de reproches y aclaraciones por parte de los organismos a los que se informa al respecto del contenido de las cuentas rendidas, mientras que el quien no informaba conseguía una situación mucho más cómoda ya que no facilitaba nada sobre lo que indagar o pedir correcciones, o en el mejor de los casos se rendían cuentas tan atrasadas que los gestores de esas cuentas ni siquiera seguían al frente del ente local.

A partir de ahora aquellos gestores municipales que no cumplan con sus obligaciones para con la rendición de cuentas, verán mermados de una forma muy importante los ingresos de los que dispondrán para el funcionamiento de sus ayuntamientos, ya que lo que se pretende retener por parte del Ministerio de Economía y Hacienda constituye en la mayoría de las corporaciones locales el principal recurso económico con el que cuentan, y desde luego, con el ingreso más regular en el tiempo, ni más ni menos que la Participación en los Ingresos del Estado (PIE).

Con la situación de quiebra total de tesorería por la que atraviesan la inmensa mayoría de los entes locales, no contar  con la entrega a cuenta mensual de la PIE, pueda derivar para algunos en una situación de todo punto insostenible. En consecuencia con esta modificación legal en materia de disciplina y transparencia presupuestaria de las Entidades Locales, se deberá establecer como prioritario que la información contable se encuentre permanente actualizada con objeto de cumplir escrupulosamente con los plazos legales para su rendición y remisión a los organismos encargados de su supervisión y control.

Ello conllevará que en los municipios con menos recursos inevitablemente se tengan que plantear si cuentan con suficientes medios humanos y técnicos en el área responsable de llevar al día los estados contables del ayuntamiento, ya que ahora el que las cuentas no estén rendidas a tiempo acarreará consecuencias graves, y la viabilidad económica del ayuntamiento dependerá sin duda de ello si el Ministerio de Economía utiliza el instrumento que ahora la legislación le otorga para forzar la rendición de cuentas.

En el caso de que se vaya a llevar a cabo la retención de la PIE, ésta no se practicará por el Ministerio de forma indefinida sino que se reanudará a partir del mes siguiente en el que se remita la documentación de la liquidación presupuestaria a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, tal y como establece el apartado 2 del mencionado artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible.

Hay que tener en cuenta que la Ley de Economía Sostenible también prevé la posibilidad de que se justifiquen las causas que imposibilitan la rendición de las liquidaciones presupuestarias, de tal forma que  si dicha justificación resulta razonable para la Dirección General de Coordinación Financiera, ésta suspenderá por un tiempo la retención que se debería practicar en la PIE.

En definitiva los gestores municipales deberán establecer como un elemento prioritario dentro de su agenda la rendición de sus cuentas económicas en los plazos legalmente establecidos para ello, o por el contrario pueden verse abocados a un colapso económico definitivo si es que el Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Coordinación Financiera, les retiene su principal ingreso mensual, tal y como le habilita la nueva normativa aprobada.

El canon digital: consecuencias prácticas de la Sentencia de la Audiencia Nacional

El denominado canon digital viene ofreciendo últimamente interesantes pronunciamientos judiciales a raíz de las diversas impugnaciones que se han planteado por parte de distintas asociaciones, entidades y empresas afectadas, que han evidenciado  la deficiente regulación jurídica, tanto desde un punto de vista formal como material, del referido gravamen.

En primer término, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante Sentencia de 21 de octubre de 2010, resolviendo la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia de Barcelona, constató la inadecuada y discriminatoria trasposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2001/29, al extender la obligación de abono del canon digital a personas jurídicas y Administraciones Públicas que hacen un uso de los soportes gravados distinto a la realización de copias privadas: “la aplicación indiscriminada del canon por copia privada, en particular en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas, no resulta conforme con la Directiva 2001/29”.

En segundo lugar, una vez aclarada la correcta interpretación de la Directiva comunitaria que regula esta materia, la Audiencia Provincial de Barcelona, mediante Sentencia de 2 de marzo de 2011, estimó el recurso formulado por la mercantil PADAWAN, S.L. frente a la entidad de gestión de derechos de autor, declarando que “tan sólo está justificado el devengo del canon sobre soportes digitales vendidos o puestos a disposición de particulares, que presumiblemente vayan a ser destinados a un uso privado, y no a una actividad profesional. No tiene sentido repercutir sobre una empresa o un profesional la financiación de la “compensación equitativa” por copia privada, al adquirir soportes digitales para su actividad empresarial o profesional”.

Y, en tercer término, esta última semana se ha hecho pública la Sentencia de la Audiencia Nacional, de 22 de marzo, que estima el recurso promovido por la “Asociación de Internautas”, declarando la nulidad de pleno Derecho de la Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio, que establece la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada.

La sentencia es clara, declara nula la Orden Ministerial de 11 de junio de 2008 porque el procedimiento previo a su aprobación obvió el preceptivo Dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado y omitió la Memoria justificativa y económica relativa a la necesidad y oportunidad de la Orden y la estimación de su coste.

Pues bien, en los escasos días que han transcurrido desde que se hiciera pública la anterior Sentencia de la Audiencia Nacional, han venido apareciendo en los distintos medios de comunicación social diversas y contradictorias interpretaciones, comentarios y valoraciones, más o menos fundadas, acerca de este reciente pronunciamiento judicial.

Como muestra, simplemente, dos referencias a las múltiples noticias y valoraciones que se han publicado esta semana:

-En la edición digital de “El Mundo”, de 24 de marzo, en el blog denominado “El Catalejo”, con el título “Canon digital: ¿Y ahora, qué?”, se informaba de que “La Audiencia Nacional ha declarado nula la normativa que regula el canon digital”.

-Igualmente, el viernes día 25, en rtve.es, en una entrevista conjunta realizada a uno de los abogados de las entidades de gestión, y a un “abogado experto en propiedad intelectual, precursor de las demandas contra el canon digital en España”, podemos ver cómo una misma Sentencia puede dar lugar a dos lecturas totalmente distintas, con las lógica diferencia en cuanto al alcance de la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional.

No deja de sorprender, dentro de lo que cabe, que de una misma Sentencia se estén realizando por parte de los distintos agentes implicados –abogados de las entidades de gestión de un lado, y de las asociaciones de internautas y de defensa de consumidores y usuarios de otro, interpretaciones contradictorias de un mismo Fallo judicial:

1ª.- La Sentencia anula el canon digital versus la Sentencia no anula el canon digital sino únicamente las cantidades fijadas por ese concepto para la adquisición de determinados equipos, aparatos y soportes.

2ª.- La Sentencia de la Audiencia Nacional tiene efectos retroactivos versus la Sentencia carece de eficacia retroactiva.

3ª.- En virtud de la Sentencia hay que seguir abonando el canon vs. a partir de esta Sentencia no es obligatorio el abono del canon.

Es obvio que nos encontramos en un escenario complejo, en el que confluyen intereses dispares, de índole social, económico y político; sin embargo, un lectura mínimamente pausada de la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional nos permite realizar las siguientes aclaraciones

En síntesis, lo que dice la Audiencia Nacional es que el contenido de la Orden del Ministerio de Presidencia 1743/2008 es el propio de una disposición de carácter reglamentario, mientras que en el proceso de su elaboración se han vulnerado trámites esenciales en la elaboración de este tipo de disposiciones: dictamen del Consejo de Estado y omisión de las preceptivas memorias justificativa y económica.

Y, a partir de lo anterior, cabe concluir lo siguiente:

1º) Sobre la anulación del canon digital: La Sentencia de la Audiencia Nacional no anula el canon digital, que viene establecido por una disposición de rango legal anterior, concretamente la Ley de Propiedad Intelectual.

2º) Sobre la eficacia retroactiva del pronunciamiento judicial: La declaración de nulidad de pleno derecho de la Orden nº 1743/2008 comporta que la eficacia de tal pronunciamiento tenga eficacia “ex tunc”. Cuestión distinta es que la Audiencia Nacional, con acertado criterio, no haya accedido, por cuestión de competencia, a anular “las recaudaciones realizadas abusivamente”, como pedía la Asociación de Internautas; aspecto éste que queda diferido a las reclamaciones que se planteen por los interesados.

3º) Sobre el abono del canon a partir de la Sentencia de la Audiencia Nacional: La Sentencia dictada por la Audiencia Nacional no es firme ya que cabe recurso frente a la misma ante el Tribunal Supremo y, de hecho, los abogados de las entidades de gestión han manifestado que están estudiando si van a recurrir o no.

En el caso de que, en el plazo de diez días, no se prepare el recurso de casación ante el Supremo, la consecuencia sería que quedaría restablecido, al menos, transitoriamente, el régimen previsto en la Disposición Transitoria Única de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que establece otros importes y otros soportes gravados con respecto a la Orden Ministerial revocada por la Audiencia Nacional, resultando éstas incluso más elevadas para aquellos soportes que ya estaban sujetos al canon, que las que recogía la Orden Ministerial anulada por la Audiencia Nacional.

En definitiva, y a modo de conclusión, la Sentencia de la Audiencia Nacional no altera lo sustancial del tema, esto es, que la aplicación del canon digital a las Administraciones Públicas y otras personas jurídicas venía amparada por una normativa nacional ahora expresamente declarada contraria al ordenamiento comunitario, lo que abre la vía de la reclamación con el fin de que se proceda a la devolución de los ingresos indebidamente realizados por este concepto, en los términos ya analizados en una entrada anterior publicada en este mismo blog.

 

 

Guia básica para la tramitación de nuevos procedimientos de licitación tras la entrada en vigor de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, denominada de Economía Sostenible (en adelante LES), publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 5 de marzo de 2011 introduce importantes novedades en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP).

En las siguientes líneas se pretende realizar una primera aproximación, a modo de guía orientativa, sobre aquellas novedades normativas que deben ser valoradas a la hora de iniciar cualquier expediente de contratación, teniendo en cuenta que la citada Ley se encuentra en vigor desde el día siguiente a su publicación, según indica la Disposición Final Sexagésima.

A continuación se describen los aspectos más destacados de esta importante modificación legislativa:

1) Alteración del régimen de modificación de los contratos privados:

Según señala el actual artículo 20 de la LCSP son contratos privados aquellos que celebran los entes, organismos y entidades del sector público que no tienen la condición de Administraciones Públicas. E igualmente, se consideran contratos privados, los que celebra una Administración Pública pero que tienen por objeto determinados servicios (los de la categoría 6 del Anexo II), la creación e interpretación artística y literaria o espectáculos comprendidos en la categoría 26 del Anexo II, la suscripción de revistas, publicaciones periódicas y bases de datos, así como cualquier otro contrato que no sea alguno de los contratos administrativos típicos o de naturaleza especial previstos en el artículo 19

Con anterioridad a la presente reforma, este tipo de contratos se regían en cuanto a sus efectos y extinciónincluida su modificación- por el derecho privado. Sin embargo, a raíz de la entrada en vigor de la LES, la modificación de estos contratos de naturaleza privada pasa a regirse por las previsiones generales de la LCSP (Título V del Libro I). Esto no comporta que la extinción y demás efectos de los contratos privados queden sometidos al derecho de contratación público sino, exclusivamente, el régimen relativo a su modificación.

Es decir, que en los Pliegos de Condiciones administrativas particulares que se aprueben con posterioridad al 7 de marzo de 2011 y que tengan por objeto la celebración de alguno de los contratos privados a los que se ha hecho referencia, deberán contemplar, en la regulación del régimen de modificación del contrato, que el mismo no se regirá por las normas de derecho privado –como sucedía hasta ahora-, sino la correspondiente remisión al régimen de modificación contractual contenido en la LCSP.

2)  Alteración de las reglas de cálculo del valor estimado de los contratos:

Otra importante novedad que ha de contemplarse ya en cualquier Pliego de Condiciones afecta al cálculo del valor estimado del contrato que, como es sabido, tiene indudable trascendencia, toda vez que la determinación de este valor estimado puede dar lugar a la tramitación de uno u otro procedimiento en función de la cuantía resultante.

Con anterioridad a la reforma debía incluirse en este cálculo del importe del contrato las eventuales prórrogas del mismo, según determina el artículo 76. Pues bien, además de lo anterior, la LES determina la inclusión en el cálculo del valor estimado del contrato el importe máximo que pueda alcanzar la modificación del contrato, “teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas”.

Aun no siendo objeto de la presente entrada, si puede adelantarse ya la complejidad derivada de esta exigencia legal, puesto que si la modificación del contrato ha de responder a causas sobrevenidas, difícilmente se podrá precisar al elaborar el Pliego de Condiciones administrativas, en los términos previstos en la LES, tanto la necesidad de modificar el contrato como el importe máximo que puede alcanzar tal modificación.

3)  Reforzamiento de la motivación en cuanto a la exigencia de garantía provisional.

La nueva redacción del artículo 91 de la LCSP impone que en el expediente de contratación se justifique “suficientemente” las razones por las que se decide exigir la garantía provisional. De esta forma, en los expedientes que se inicien tras la entrada en vigor de la LES habrá de hacerse especial mención a los motivos por los que se decide exigir este tipo de garantía.

4)  Advertencia en los pliegos o en el anuncio de licitación sobre la posibilidad de modificación de los contratos, alcance e importe máximo.

La principal novedad que introduce la LES radica, sin duda, en la alteración del régimen de la modificación de los contratos administrativos (que se extiende también, como se ha señalado, a los contratos de naturaleza privada); quedando sujeta esta circunstancia a un régimen muy estricto, planteado con la finalidad de reducir al máximo la modificación de los contratos una vez celebrados.

De inicio, esta posibilidad ha de hacerse constar expresamente en los pliegos o en el anuncio de licitación; pero no sólo esto, sino que además, ha de detallarse “de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el alcance y límites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de seguirse para ello”.

Es decir, que con la nueva regulación no cabría la modificar un contrato que se licite ahora si no se ha advertido ya de esa posibilidad previamente; no siendo suficiente con una mera previsión sino que el Pliego deberá concretar de forma exhaustiva los términos en que la misma podrá llevarse a cabo.

Debe indicarse, no obstante, que la LES introduce un nuevo apartado en el artículo 92, en el que se contemplan una serie de supuestos excepcionales –que deben justificarse- en los que sí podrá llevarse a cabo la modificación del contrato, aun no habiéndose anunciado previamente.

5)  Nueva causa general de resolución de los contratos:

La LES ha incorporado una nueva causa de resolución de los contratos, de aplicación al margen de las causas específicas de resolución propias de cada contrato. Concretamente, la letra g) del artículo 206 contempla la siguiente circunstancia: “La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el título V del libro I”.

Por ello, en los nuevos Pliegos que se aprueben habrá que incluir esta causa de resolución para evitar posteriores divergencias interpretativas.

Por otro lado, se trata, como puede verse, de una causa de resolución que incorpora abundantes conceptos jurídicos indeterminados, lo que generará sin duda importantes conflictos tanto en vía administrativa como judicial.

Además de las anteriores novedades, de aplicación a cualquier tipo de contrato administrativo, la reforma contiene otra serie de modificaciones de aplicación al régimen particular de determinados contratos, con las que debemos ir familiarizándonos quienes nos enfrentamos con esta cada vez más compleja y enrevesada rama del derecho administrativo. En cualquier caso, la casuística que plantea la reforma es imposible de abordar en esta entrada, que no pretende sino dar una primera visión y orientación del alcance de la reforma a modo de guía básica para la tramitación de los nuevos expedientes de contratación que se vayan iniciando.

 

Las elecciones que vienen, ¿cambio de políticos o de políticas?

Cuando pasen las próximas elecciones, después de que termine esta feria de vanidadestiempo de rebajas en que se han convertido las campañas electorales, los nuevos ayuntamientos tendrán nuevos políticos, junto a otros que ya están. Llegaran nuevos concejales y alcaldes, otros revalidaran sus cargos, y otros cambiaran sus papeles en las funciones de gobierno y de oposición. Pero la cuestión es que en el medio plazo, cuando todo esto acabe, en el próximo mandato, en los próximos meses, más allá de los cambios de concejales, de alcaldes, e incluso de partidos, va a ser preciso un cambio no solo de políticos y de personas, sino también y sobre todo, un cambio de políticas en el gobierno de las ciudades.

La inviabilidad e insostenibilidad del modelo actual de gestión de nuestras ciudades tiene muchas causas de diversos orígenes, y cada una de ellas con multitud de variables. Desde luego no falta quien entiende que esto lo tienen que arreglar otras instancias superiores, digamos que el Estado, por muchos motivos, todos ellos tan legítimos como repetidos. Mala e injusta financiación, servicios impropios y un largo etcétera por todos sabido. A esta solución nos apuntamos todos, pero si no llega o llega de manera insuficiente, no estaría de más que fuéramos pensando en políticas propias que permitan asegurar y hacer viable el modelo de ciudad que cada gobierno municipal pretenda.

Los nuevos gobiernos locales se van a enfrentar a unos consistorios que en la mayoría de los casos no son viables en términos financieros, tienen más gastos que ingresos y acumulan una deuda que amenaza la ruina de las pequeñas y medianas empresas que les prestan servicios. Las grandes, las que tienen aguante o un banco que les financie, están incrementando sus beneficios a costa de los altos intereses que diariamente les genera la morosidad de las tesorerías municipales. Algún día el Ministerio de Economía y Hacienda entenderá que más allá de las estadísticas, es más conveniente para todos deber a los bancos y no a los acreedores, que a unos se les empobrece hasta su ruina y a otros se les enriquece con los intereses de demora.

Antes o después los nuevos ayuntamientos tendrán que afrontar un cambio de rumbo, una reorientación de la forma en la que se viene gestionando la ciudad. Muchas de las políticas que se están implementando en la ciudad no son sostenibles en el medio y largo plazo. No se pueden mantener y a lo mejor es que ni siquiera son necesarias, en términos de necesidades y demandas de los ciudadanos. Es imprescindible que los compromisos de gasto que se adopten puedan mantenerse en el presente y en el futuro para que puedan aprobarse. Los aires de rigor presupuestario y financiero de Europa y de los tiempos, no van a permitir las alegrías de otros momentos.

Realmente estos ajustes aunque resulten muy duros ponerlos en marcha, sobre todo por los recortes de personal que comportaran, para la ciudad no tienen por qué suponer grandes traumas, siempre que no se intente recoger de donde no hay. Es decir, hacer recortes en programas y servicios con un peso relativo muy reducido en el presupuesto y con unas repercusiones sociales grandes. Estos ajustes debieran de hacerse de aquellos capítulos y programas presupuestarios de mayor peso y con un impacto bastante neutro. Dos ejemplos;

  • El nivel de equipamiento y de infraestructuras de que disponen en general las ciudades es bueno. Casi se agradecería que no se hicieran obras que nadie sabe para qué sirven, aparte de molestar a la gente que no puede cruzar la calle y de poner a la ciudadanía al borde de los nervios con el ruido. La ciudad no puede ser una especie de proyecto inacabado durante cuatro años, para después alcanzar una foto gloriosa de campaña electoral. Esto solo pasa en España, no hay ningún país de nuestro entorno que tenga permanentemente la ciudad “patas arriba”. Ya basta aquello de ensalzar la inversión y demonizar el gasto corriente. No hay quien entienda que hacer un hospital es bueno y contratar médicos es malo. Aquello de que toda infraestructura en si misma genera un desarrollo es muy discutible. Veremos ahora como se genera la actividad que necesitan tantos auditorios y similares.
  • Se ha acostumbrado a la ciudadanía a unos servicios muy caros, que en la mayoría de los casos nadie los ha pedido y cuya conveniencia, en términos de coste/beneficio, en muchos casos es un autentico disparate. Habrá que ver cuántas piscinas cubiertas dejamos de financiar entre todos (las pagara quien las utilice), de cuantos contenedores soterrados podemos prescindir y a cambio, cuantos mayores y niños se puede atender en centros de día y escuelas infantiles. Hemos privatizado la gestión de grandes servicios, más pendientes del procedimiento administrativo de contratación que de su gestión, explotación y coste. En muchas ocasiones la empresa ha seguido haciendo igual o peor lo que hacíamos, incrementado con gastos generales, beneficio industrial e impuestos. Tiene que crecer la cultura de la ingeniería en la gestión de la ciudad, tanto para definir las condiciones de los contratos que se adjudican, como para su seguimiento y control.

Realmente lo que tendrán que hacer los próximos ayuntamientos es algo muy normal pero que se ha hecho poco hasta ahora; política, estudiar necesidades y priorizar recursos. En muchos casos, hasta ahora, los alcaldes y concejales eran una especie de “hadas” o “conseguidores” que unas veces hacían lo que a su gloria convenía y otras  daban a todo el mundo lo que pedía, sin pensar si lo tenían o no, si se podía o no. No está mal que esto se acabe.

Finalmente hay una cosa que le supondrá malos ratos a los regidores. Me estoy refiriendo a algo que no forma parte de las medidas para encarar el futuro sino para salir del presente. Es el pago de la deuda acumulada. En la mayoría de los casos la tesorería municipal no puede atender en plazo el pago a acreedores. Los plazos se alargan años. Cada acreedor tiene una situación distinta y acude a unos u otros mecanismos para poder cobrar. Los hay que se van a la quiebra, otros a los tribunales. Los tesoreros y los alcaldes tendrán que preparar planes de pagos serios y convincentes. No hay que ser muy sagaz para darse cuenta que en esta situación de ruina para muchas empresas, por los dilatados plazos de pago, los ordenadores de pagos, tendrán que defender la bondad de su actuación ante las múltiples querellas que se les presentaran, por lo justo o injusto de haber pagado a unos y no a otros.