¿Se consolidan las retribuciones derivadas de la realización de funciones de superior categoría?

Es frecuente en muchos Ayuntamientos encontrarnos con la siguiente situación: a un empleado público se le encomienda en un momento determinado la realización de funciones de categoría superior a aquellas para las que fue seleccionado. En unos casos a estas situaciones se llega por la vía de los hechos, es decir, como consecuencia de las propias prácticas, más o menos explícitas, de la organización, sin que medie una resolución formal; mientras que en otros sí existe una atribución o encomienda formal, en virtud de resolución administrativa expresa. A diferencia del primer caso -en donde se plantea siempre la necesidad de acreditar el inicio de la situación referida-, en los segundos no existe, al menos de inicio, duda en cuanto al momento inicial en que el empleado público comienza a realizar funciones de superior categoría: cuando se le comunica la resolución que así lo acuerda.

En estos casos, la mayoría de los Acuerdos de Condiciones de Trabajo de aplicación a los empleados municipales suelen contener una cláusula en la que se regulan este tipo de situaciones de movilidad funcional o atribución temporal de funciones, estableciendo el derecho a la percepción de las retribuciones correspondientes al puesto de superior categoría efectivamente desempeñado.

No obstante, aun estando claro el momento inicial a partir del cual el empleado al servicio de una Administración Pública inicia la prestación de servicios de superior categoría, y el consiguiente derecho al devengo de la diferencia de retribuciones correspondientes al puesto efectivamente desempeñado, aun en estos casos, es frecuente que se cuestione por las partes –empleado público y Ayuntamiento- el momento en que el trabajador ha de dejar de percibir esas retribuciones superiores por haber dejado de realizar ya funciones distintas a aquellas para las que accedió a un empleo público.

Y buena prueba de que estas situaciones suelen terminar en controversia son los abundantes pronunciamientos judiciales existentes resolviendo estas situaciones patológicas que genera el cambio de funciones unido a la variación retributiva dentro de la organización. Como suele pasar en otros ámbitos, nos encontramos con resoluciones judiciales que se pronuncian sobre este tema en un sentido discrepante; incluso estas “contradicciones” se producen dentro de un mismo Tribunal que, ante supuestos casi idénticos, resuelve en distinto sentido dando lugar a situaciones de evidente inseguridad jurídica, que en nuestro ordenamiento jurídico se resuelven normalmente por la vía del recurso de casación para unificación de doctrina.

Un claro ejemplo de la existencia de pronunciamientos contradictorios sobre una misma controversia lo podemos ver con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, de fecha 26 de marzo de 2008 y 26 de octubre de 2009:

  • En el primer caso se resuelve el pleito planteado por un Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Madrid, al que se le encomienda que realice funciones de Encargado, pronunciándose la Sala en contra de la pretensión del empleado municipal ya que no cabe considerar que “el derecho al percibo de las diferencias retributivas se va a producir siempre y en todo caso, aun cuando con posterioridad no se desempeñen funciones de superior categoría (…) y en todo caso la retribución va ligada al desempeño actual y presente de las funciones de la categoría superior
  • En el segundo supuesto, la misma Sala (aunque una Sección distinta), examina el recurso de un Técnico Deportivo también del Ayuntamiento de Madrid, al que se encomienda que realice funciones de Encargado, declarando la Sentencia que “aunque el actor fue cesado en la función de Encargado el 31 de enero de 2007, reponiéndosele a  partir de entonces a la de Técnico Deportivo Vigilante, ello sólo es imputable al Ayuntamiento, sin que tal circunstancia resulte obstativa al derecho del trabajador a seguir percibiendo la retribución de las funciones superiores

Planteada en estos términos la contradicción entre las dos Sentencias citadas, el Tribunal Supremo ha resuelto recientemente la discrepancia de criterio seguido en uno y otro caso, unificando la doctrina de aplicación a estos supuestos mediante la Sentencia de 4 de octubre de 2010 (Sala de lo Social, Sección 1ª), JUR/2010/373825. Así, el Fundamento de Derecho Tercero de esta última Sentencia dictada por el Supremo en unificación de doctrina es claro al manifestar que “Entender de ello que el Ayuntamiento, a partir de ese Acuerdo (1) quedaba obligado a mantener la retribución correspondiente a la categoría superior de quienes hasta entonces había venido desempeñándola temporalmente, pese a que, como el actor, fueron cesados de forma expresa desde el 31 de enero de 2007 y no consta que continuaran haciéndolo, contraría los criterios de interpretación establecidos en los artículos 3.1 y 1281 del Código Civil (…)”

Es decir que, según razona el Tribunal Supremo en la Sentencia comentada, el simple desempeño anterior de funciones de una categoría superior no determina que el empleado municipal consolide la retribución más alta percibida de forma temporal y transitoria, sino que al producirse la revocación de la atribución o encomienda de estas funciones carece de sustento jurídico que se perciba una retribución que no se corresponde con las funciones efectivamente realizadas.


(1) Se refiere al Acuerdo de Condiciones de Trabajo que disponía lo siguiente: “El personal que desempeña funciones de categoría superior a la que figure en su relación contractual tendrá derecho a percibir las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que efectivamente desempeñen hasta la cobertura definitiva del puesto de trabajo ocupado”

¿Optimismo o pesimismo?

Hay dos maneras de encarar el nuevo año: con pesimismo o con optimismo. Este planteamiento se lo hacía el otro día Jean-Marie Colombani para referirse a  cuestiones de  gobernanza y globalización. En nuestro ámbito, el de los asuntos de la ciudad, su gobierno y gestión, me temo que el resultado de esta reflexión, para no salir mal parado de ella, ha de discurrir por los mismos derroteros de los análisis que hacen los gestores de carteras de valores y fondos de inversión en un año malo. Cuando los resultados del trimestre o del año son negativos, para dar resultados positivos hay que acudir a un periodo mayor, a la década o a cualquier otro espacio temporal en el que lo bueno compense a lo malo para así obtener un saldo favorable.

Si queremos ser pesimistas, en  la mayoría de los ayuntamientos, sólo tenemos que pararnos a pensar cómo vamos a salir adelante con unos ingresos que no dan para pagar lo que estamos haciendo. Peor aún, para pagar lo que se debe a los acreedores o incluso en algunos casos extremos, para pagar la nómina a fin de mes. Lo malo de la situación es que los responsables municipales se sienten abandonados a su desdicha por un Estado que bastante tiene con lo suyo y unas comunidades autónomas que en la mayoría de las políticas, obras y servicios  a los que estimularon a los ayuntamientos, ahora nadie quiere saber nada. De los servicios impropios nadie quiere ni oír hablar.

Aunque ya se sabe aquello de que mal de muchos.., la verdad es que sólo con mirar un poco a ver qué esta pasando, fácilmente se comprende que los análisis simples y ceñidos a nuestra piel de toro que en dos palabras explican la quiebra municipal no se mantienen. Según el reportaje de Alicia Gonzalez publicado recientemente, en Alemania tal es la situación de emergencia que el Estado central ha creado una comisión para analizar la situación de las finanzas municipales con el objetivo de abordar los cambios estructurales necesarios para resolver definitivamente ese déficit de financiación. Los Estados de Sajonia-Anhalt, Baja Sajonia y Renania-Palatinado han aprobado a lo largo de este año planes de emergencia para dotar de fondos extraordinarios a un considerable número de ayuntamientos para evitarles de  una quiebra segura. En Francia, el servicio de la deuda de regiones y municipios alcanzará en 2011 niveles sin precedentes. Grecia se ha visto forzada a reducir el número de municipios a un tercio. En USA, el Estado de Illinois tiene un riesgo de quiebra mayor que el que presenta la economía vietnamita, según el coste de los seguros contra el impago de la deuda (CDS). Y bueno, la situación en la que se encuentra California ya es conocida.

Si por el contrario queremos ser optimistas solo tendremos que pensar en los equipamientos y los servicios que tenían nuestras ciudades hace veinte años y los que tienen hoy. La situación de nuestros ayuntamientos, en términos de solvencia financiera, nunca ha sido buena, ha rondado entre mala y peor. Lo que ha cambiado de antes a ahora es que la estabilidad financiera, como no podía ser de otra manera, se ha elevado a la categoría de valor supremo. Es indispensable  tenerla en cuenta en cualquier proyecto de gobierno. Lo que no quiere decir que electoralmente tenga la misma importancia y que gobiernos que han llevado la hacienda municipal a la ruina vayan a ser castigados en las urnas. Lo cierto es que ahora las ciudades están en general bien equipadas y con unos niveles de servicios que eran inimaginables hace años. Otra cosa será como pagar todo esto. Aunque seguramente son tantas las cosas que tenemos en los ayuntamientos que no son necesarias, (como suele pasarle a cualquier nuevo rico) que resulta sencillo prescindir. O dejarlas funcionando solo si la gente está dispuesta a pagarlas, nos referimos a piscinas cubiertas, spa’s, saunas, festivales y demás abalorios. Tampoco ha de ser muy complicado suprimir privilegios y desbordamientos legales para nivelar las cuentas. Y qué decir de esas obras de remodelaciones en calles y plazas, que si dejan de hacerse lo ganaran en tranquilidad los vecinos. De manera que todo esto puede tener remedio.

Luego está lo irremediable, lo que nunca se debió de haber hecho y que ya no tiene solución a corto plazo. Pero bueno, esto también forma parte del desarrollo de cualquier organización, es un aprendizaje necesario, el valor de la oportunidad, saber que cada elección impide otras opciones, que no todo es posible a la vez. Es un error de cualquier ser vivo, que se padece en la juventud y que se cura con la edad. Dos ejemplos de estos errores:

Uno, los cuerpos  de policía, que a pesar de su tamaño difícilmente resultarán eficaces en el terreno de la seguridad, que fue donde justificaron su ampliación, entre otras cosas por su falta de cultura en la materia, de métodos y de sistemas de inteligencia de que están dotados los demás cuerpos de seguridad del Estado. Tampoco se justifica un cuerpo armado para pasar los niños al colegio. Nuestras ciudades multiculturales serán mas habitables si se gestionan con la lógica de políticas de proximidad orientadas a las personas, en la educación, en la asistencia, en servicios a la infancia, en ayuda a los mayores y, en definitiva, fomentando sistemas que eviten la exclusión social. De la seguridad con mayúsculas se deben de ocupar otras instancias. Nos perdió la soberbia frente al Estado.

Dos, como sabiamente dice J. Suarez Pandiello, cogimos demasiados caramelos envenenados, refiriéndose a aquello que hicimos porque otros nos subvencionaban una parte y para no perder lo poco que nos daban, terminamos haciendo lo que no pensábamos hacer.

En definitiva, es positivo que hayamos entendido que no debemos de hacer lo que no nos toca, porque nos limita para hacer lo que nos corresponde y además nadie lo hará por nosotros.  Con la lección aprendida, tenemos la oportunidad de corregir el rumbo y pensar en cómo queremos que sean nuestras ciudades en el horizonte de 2020 y, en definitiva, analizar qué oportunidades nos brinda el presente para conseguir lo que queremos. Teniendo en cuenta que este año habrá elecciones las cosas se pueden encarar bien. Los gobiernos que salgan tendrán que reiniciar los ayuntamientos. En los últimos veinte años las políticas que se han realizado han sido incrementalistas y continuistas, ahora hay una oportunidad para reorientar los ayuntamientos y repensarlos. A lo mejor renuncian a arreglar algunos de los problemas actuales, pues al fin y al cabo con solucionarlos solo se colocarian en la situación anterior que nos ha traído hasta aquí, y puede que prefieran ganar el futuro aprovechando las opciones que brinda el presente.

Hay más elementos positivos que se nos pueden abrir este año 2011. El propio régimen local, tanto el marco jurídico como el financiero, a nivel de sus bases está en revisión. Se ha anunciado en el calendario legislativo del Gobierno, para el mes de marzo, el proyecto de ley de gobierno local. Es otra oportunidad.

Seguramente, para pensar en las oportunidades y eliminar todo lo superfluo de los ayuntamientos deberíamos contar con personas que no estén tan contaminadas y tan próximas a la realidad como los que formamos parte de ella misma día a día. Ahora que se está descubriendo la relevancia que tienen para la política y la empresa los Think Tanks, deberiamos pensar en poner en marcha iniciativas tales como el Comite de Ideas a Largo Plazo que ha creado el estado de California. Quizá habría que empezar a pensar en cómo evitar la creciente desafección que se esta produciendo hacia la política local. Cómo despertar a la vecindad del aturdimiento que ha permitido que estos años se hayan producido tantos excesos. Es necesario que la gente sepa, por cauces naturales, qué está pasando en su ciudad para poder intervenir. En la gestión de la ciudad a menudo sobran políticas partidistas, directrices venidas de lejos  y se echa en falta más mestizaje, más interrelación, más trabajo conjunto en lo que une, aunque en otras cosas (políticas supramunicipales), las mismas personas se den la espalda. Hay que aprovechar la proximidad, el conocimiento que unas personas tienen de otras. En la ciudad, con la proximidad que hay entre las personas, no se puede seguir obligando a que el voto sea a favor de una tribu. Ahora se vota toda una lista, sin opciones. De la misma manera habrá que ir pensando cómo evitar que un concejal o varios, condicionen la elección de un Alcalde frente a otros grupos que cuentan con más apoyos. Es más propio, puestos a negociar una alcaldía, que sean los ciudadanos en una segunda vuelta quienes decidan y así evitaremos conductas indeseadas.

En fin, hay razones para el optimismo en este año 2011 si miramos con perspectivas de futuro las ciudades que queremos tener. Y sobre todo si pensamos que mas allá de la angustia que puede producir lo inmediato, por sus legitimas protestas, hay mucha gente silenciosa que también espera que se corrija el rumbo.  En la política local, debería de empezar a dar mas miedo a  sus gobernantes los que callan que los que gritan.

Los trienios “interinos” y la Directiva 1999/70

El día despues del reparto de los premios de la Lotería de Navidad, hemos conocido la interesante Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala de Segunda), de 22 de diciembre de 2010, que resuelve una cuestión prejudicial planteada por dos Juzgados de lo Contencioso-administrativo gallegos sobre la posible aplicación retroactiva de los trienios a los funcionarios interinos.

El supuesto que se plantea es el siguiente: una funcionaria interina de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Junta de Galicia con más de nueve años de servicios prestados, plantea ante la administración autonómica una reclamación de abono de trienios, en la que solicita que se le abone este concepto retributivo no sólo en las sucesivas nóminas, sino también de la parte correspondiente al periodo anterior a la reclamación que no se encuentre prescrita, es decir, desde 2003. La Junta resuelve expresamente su solicitud reconociendo únicamente el derecho a la percepción de trienios a partir del 13 de abril de 2007, amparándose en lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (artículo 24.2), que sólo reconoce el derecho al abono de trienios a los funcionarios interinos a partir del momento de su entrada en vigor (13 de abril de 2007), pero no reconoce ese derecho retributivo con efectos retroactivos. Frente a esta desestimación de su reclamación en vía administrativa, la funcionaria interina interpone recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado correspondiente, invocando el derecho y jurisprudencia comunitarios sobre prohibición de trato desigual en materia retributiva por razón de antigüedad cuando no existen razones objetivas que lo justifiquen. En esta situación a la hora de resolver el litigio el Juzgado de lo contencioso-administrativo se encuentra en la tesitura de: 1) limitarse a aplicar el Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo tenor literal es muy claro y no ofrece dudas interpretativas y desestimar la pretensión de la recurrente, o 2) aplicar la normativa comunitaria, planteando previamente la correspondiente cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia europeo. El Juzgado opta por la segunda de estas alternativas y la Sentencia de 22 de diciembre de 2010 aclara la duda del juzgador en sentido favorable al planteamiento formulado por la recurrente. En síntesis, lo que nos dice la Sentencia es que la naturaleza temporal de la relación de servicio de un empleado público –en este caso un funcionario interino- no supone, por sí sola una razón objetiva que justifique una diferencia de trato entre trabajadores con un contrato de duración determinada y trabajadores fijos, por el hecho de que esa diferencia esté prevista en una norma nacional general y abstracta.

La anterior Sentencia nos suscita distintas sensaciones. Por un lado confirma la exigencia de tratar cualquier cuestión jurídica, sea en vía administrativa o judicial, desde una perspectiva crítica y sin prejuicios, sin descartar de antemano posibles soluciones que una visión estrecha y reducida de la problemática planteada puede impedirnos vislumbrar. En este sentido, hay que reconocer el acierto y valentía de la funcionaria interina gallega que, pese a la existencia de una Ley estatal de contenido claro y contundente no se detiene ante la negativa de la Junta de Galicia y lleva su planteamiento alternativo y creativo del derecho al Juzgado, que lejos de resolver el tema por la vía sencilla de “limitarse” a aplicar el derecho nacional eleva la cuestión al Tribunal de Justicia europeo. En este punto sorprende y decepciona ver cómo la mayoría de nuestros Juzgados y Tribunales permanecen ajenos a la jurisprudencia comunitaria, como si con ellos no fuera la cosa, fundamentando sus decisiones en lo que dice el Tribunal inmediatamente superior, que será el que revise su resolución, y prescindiendo de una visión más amplia y global de nuestro ordenamiento jurídico, del que forma parte también –aunque algunos jueces parezcan ignorarlo- la normativa comunitaria.

Por otro lado, nos parece bochornoso que se transponga tarde y mal una Directiva comunitaria de 1999, publicada en el mes de julio de ese mismo año. Como declara la Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de diciembre, el Estatuto Básico del Empleado Público es la norma nacional que ha venido a transponer a nuestro ordenamiento interno la Directiva 1999/70 en este ámbito, y lo ha hecho con un retraso vergonzante y, para colmo, de forma defectuosa según se desprende de la Sentencia que motiva este comentario. No es un consuelo, pero ya son varias las condenas al Reino de España por la defectuosa transposición a nuestro derecho interno de las Directivas Comunitarias, como ha venido ocurriendo en materia de contratación por el sector público, dando lugar a una auténtica chapuza legislativa que nos sitúa a todos en un escenario jurídico en el que la velocidad de las modificaciones normativas es tal que no perdernos en la maraña de disposición transitorias y derogatorias y tener claro la norma aplicable en cada caso resulta ya en sí una proeza.

Aunque no es objeto de la Sentencia de 22 de diciembre, por qué no eran estas las cuestiones planteadas al Tribunal, ésta sí contiene una referencia a la responsabilidad patrimonial del Estado por infracción de la Directiva 1999/70, después de que nuestro Gobierno alegara que si la Comunidad Autónoma de Galicia “hubiese decidido reconocer el abono retroactivo de trienios en su calidad de empleadora y con base en el efecto directo de la Directiva 1999/70, habría vulnerado flagrantemente la norma estatal de transposición al Derecho interno”.

Teniendo en cuenta que el plazo de prescripción de las reclamaciones de cantidad frente a la Administración Pública en esta materia es de cuatro años, la incidencia práctica que pueda suscitarse a partir de esta Sentencia en las ya maltrechas economías de los Ayuntamientos será en todo caso limitada, ya que cualquier reclamación que se plantease ahora sólo podría abarcar unos meses previos a la entrada en vigor del EBEP. En cualquier caso, los directamente perjudicados aquí son los funcionarios interinos que confiando en el buen hacer de nuestro legislador han dejado de percibir cuatro años de trienios. ¿Asistiremos a una reclamación de responsabilidad por parte de los Sindicatos frente a la Administración del Estado por estos trienios entre la fecha en que se debió transponer la Directiva 7/1990 y la entrada en vigor del EBEP? Será interesante en cualquier caso seguir la evolución de estos trienios “interinos” que dan título a la presente entrada.

Un paso más hacia la implantación de la Administración Electrónica

El avance hacia una Administración Pública moderna y eficiente, requiere el establecimiento de un marco normativo general,  objetivo, estable y predecible, que sea compatible con la adaptación funcional y con el desarrollo tecnológico.

Hace casi 2 décadas, la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya abría la posibilidad a la utilización de  medios telemáticos, tanto en la relación ciudadano-Administración como un elemento necesario para la modernización de la Administración. En su Exposición de Motivos señalaba lo siguiente:

“… Las técnicas burocráticas formalistas, supuestamente garantistas, han caducado. Por más que a algunos les parezcan inamovibles, y la Ley se abre decididamente a la tecnificación y modernización de la actuación administrativa en su vertiente de producción jurídica y a la adaptación permanente al ritmo de las innovaciones tecnológicas”.

Más adelante, la Ley 11/2007 de 22 de Junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, marca un hito en la evolución hacia la Administración Pública en la Sociedad del Conocimiento, impulsando un nuevo modelo que permita a los ciudadanos ejercer sus derechos utilizando las Tecnologías de la Información.

El Real Decreto 1671/2009 de 6 de Noviembre, desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, estableciendo que para el cumplimiento de sus objetivos se requiere de otros dos instrumentos de carácter técnico y complementario: el Esquema Nacional de Interoperabilidad el Esquema Nacional de Seguridad.

El primero de ellos comprende los criterios y recomendaciones de seguridad, normalización y conservación de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones públicas para asegurar un adecuado nivel de interoperabilidad organizativa, semántica y técnica de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias y para evitar la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.

El segundo incluye los principios básicos y requisitos mínimos requeridos para una protección adecuada de la información. Será aplicado por las Administraciones públicas para asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que gestionen en el ejercicio de sus competencias.

Pues bien, ambos Esquemas (Interoperabilidad y Seguridad) fueron publicados mediante R.D. en el BOE el 29 de Enero de 2.010, entrando en vigor al día siguiente a su publicación.

Estos Decretos establecen en sus Disposiciones Transitorias que si a los doce meses de esa fecha, hubiera circunstancias que impidieran su plena aplicación, se dispondrá de un Plan de Adecuación que marque los plazos de ejecución, que en ningún caso, serán superiores a 48 meses.

Las Administraciones se encuentran con un importante reto ante ellas, pues de lo que se trata ahora, es de la aplicación de una serie de medidas concretas y precisas que consistirán, bien en la aplicación de los Esquemas Nacionales (Interoperabilidad y Seguridad), o bien de la elaboración de un Plan de Adecuación que permita la implantación de estos mecanismos en los próximos meses.

Se trata, pues, de un importante paso, que tiene como fecha tope el 30 de Enero de 2011 y que supone de nuevo un avance hacia la Administración Electrónica y Modernización Administrativa.

Estas medidas, unidas a otras tantas que afectan a distintos aspectos de este proceso, permitirán desplazar a una Administración poco eficaz, para conseguir, de forma progresiva la evolución hacia una nueva forma de trabajo más adaptada al siglo XXI y a las necesidades de una sociedad cada vez más avanzada.

Agustín Martinez Villanueva es director de Openred Soluciones.

La agilización de los trámites para la creación de sociedades a partir del RDL 13/2010, del 3 de diciembre.

Hace unos dias el Gobierno ha aprobado el Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, con el fin de fomentar la inversión y la creación de empleo a través de una serie de medidas puntuales en el ámbito fiscal, laboral y de liberación de los sectores aeroportuario y de loterías y apuestas del Estado.

El referido Real Decreto-ley recoge dos reformas contenidas en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible que tienen la finalidad de permitir la agilización de la constitución de sociedades y de la adopción de actos societarios. Estas dos reformas son consideradas urgentes y necesarias, por lo que se adelanta su entrada en vigor a fin de que produzcan una incidencia inmediata en el entorno empresarial.

Así por un lado se agiliza la constitución de sociedades. La reforma permitirá que todos los trámites necesarios para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada puedan llevarse a cabo en un plazo máximo de cinco días; si bien en este plazo no queda incluida la constitución de una sociedad mercantil de responsabilidad limitada cuyo socio único es un Ayuntamiento.

Por otro lado, se reducen las obligaciones de publicidad de actos societarios en periódicos.

Se trata aquí únicamente estas dos reformas en la medida en que son las que tendrán incidencia directa en los Servicios municipales que muchos Ayuntamientos vienen prestando, o que pueden pasar a gestionar en un futuro próximo a través de una sociedad mercantil de capital municipal. En esta entrada trataremos únicamente la primera y principal de las dos medidas a que se ha hecho referencia, para ajustarnos a la extensión establecida, dejando para un comentario posterior el análisis de la reducción de cargas administrativas en los actos societarios.  Así, por lo que respecta a la agilización de la constitución de sociedades se establecen las siguientes previsiones:

  • El notario que autorice la escritura pública solicitará por vía telemática al Registro Mercantil Central el correspondiente certificado negativo de denominación social.

Anteriormente eran los propios interesados los encargados de realizar esta gestión antes de acudir a la Notaría, de forma que una vez que habían obtenido el certificado del Registro mercantil indicando la inexistencia de otra sociedad mercantil con la misma denominación social, aportaban dicho certificado al Notario, que lo incorporaba a la escritura de constitución. En cambio, ahora es el propio Notario quien hace esta gestión (salvo que le indique expresamente lo contario), indicándose que la certificación correspondiente habrá de emitirse en el plazo de un día hábil.

  • La escritura pública de constitución se remitirá de forma telemática al Registro Mercantil correspondiente, salvo que constara la petición expresa en contrario de los interesados.

A partir de la reforma es el propio Notario quien remite, vía telemática también, la escritura de constitución de la sociedad mercantil al Registro Mercantil con el fin de que proceda su inscripción y posterior publicación. Debe destacarse la importancia que supone la agilización de este trámite pues, recordemos, que la sociedad adquiere personalidad jurídica propia e independiente en el momento de su inscripción en el Registro.

Según lo que señalan los artículos 412.1 del Reglamento del Registro Mercantil la reserva de denominación social goza de una reserva temporal de quince meses. Es decir, que solicitada una determinada denominación social y una vez que se ha verificado que no existe otra denominación idéntica el solicitante tiene reservada esa denominación por un plazo de 15 meses, realizándose la correspondiente anotación de reserva en el Registro.

Por otro lado, el artículo 414.1 del mismo Reglamento la certificación negativa de denominación tiene una vigencia de tan sólo dos meses; por lo que una vez transcurrido este plazo se produce la caducidad de la misma y no es posible acudir a la notaría para constituir la sociedad sin antes haber efectuado una nueva solicitud al Registro Mercantil.

Pues bien, tras la modificación introducida por el Real Decreto-ley de 13/2010, de 3 de diciembre las anteriores previsiones no resultan de aplicación ya que, como se ha indicado anteriormente, es el propio Notario quien se va a encargar de gestionar la solicitud de la certificación negativa de denominación social. No obstante, si el interesado ha renunciado a que sea el notario quien asuma esta gestión, seguirá aplicándose lo dispuesto en estos dos preceptos del Reglamento.

  • El otorgante por sí mismo, un tercero a instancia de éste, así como el notario autorizante o el registrador, liquidarán telemáticamente los impuestos que correspondan, según el procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Mediante esta nueva previsión queda abierta la posibilidad de liquidación de los impuestos derivados del acto de constitución de la sociedad por vía telemática y a instancia de cualquiera de los sujetos que se indican.

  • El notario autorizante de la escritura de constitución solicitará telemáticamente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la asignación provisional de un Número de Identificación Fiscal.

Una vez inscrita la sociedad, el encargado del Registro Mercantil notificará telemáticamente a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la inscripción de la sociedad. Así mismo la Agencia Estatal de Administración Tributaria notificará telemáticamente al notario y al registrador mercantil el carácter definitivo del Número de Identificación Fiscal.

  • Los plazos de calificación e inscripción por parte del registrador mercantil serán los previstos en el artículo 18.4 del Código de Comercio y en la normativa reglamentaria vigente, sin que sean de aplicación los establecidos en esta Ley.

El artículo 18.4 del Código de Comercio fija en 15 días el plazo de que dispone el Registrador para la calificación del documento público correspondiente –en este caso la escritura pública de constitución de una sociedad mercantil de capital, en todo o en parte, municipal-, por lo que tras la reforma  ha de considerarse que en el referido plazo de 15 días no sólo ha de verificarse la calificación sino también la inscripción de la sociedad en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. A este respecto  debe recordarse que el Código de Comercio prevé expresamente en su artículo 18.6 que si el Registrador no cumple el anterior plazo para calificar el documento, deberán reducirse en un 30% el importe de los aranceles que le corresponden, “sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador correspondiente”.

En definitiva, la valoración del anterior conjunto de medidas dirigidas a agilizar los trámites de constitución de sociedades mercantiles de capital, ha de considerarse favorable en la medida en que se pretende aprovechar las facilidades que nos ofrece el actual estado de la técnica para eliminar una serie de trabas que carecían de sentido y que respondían a un sistema notarial y registral claramente trasnochado. No obstante, es de esperar que la aplicación práctica de estos “adelantos” que ahora se incorporan se lleven a cabo con la misma agilidad que prevé la norma.